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A 14 años

Corte santafesina acelerará la causa por la inundación de 2003

El presidente del tribunal santafesino, Erbeta, y el ministro Silberstein se refirieron a la tragedia que dejó 23 muertos


Corresponsalía Santa Fe

A 14 años de la inundación que asoló a Santa Fe, las principales figuras del gobierno y de la Justicia –el ministro Ricardo Silberstein y el titular de la Corte Suprema Daniel Erbetta– se pronunciaron a favor del avance de la causa penal que investiga las responsabilidades políticas, en la que están procesados dos ex funcionarios de Carlos Reutemann y un ex intendente de la capital provincial.

A fines de abril de 2003, por un tramo inconcluso de la defensa oeste de la ciudad, ingresaron las aguas del río Salado. Fue la peor catástrofe de la capital provincial: 130 mil santafesinos debieron evacuarse de sus hogares, hubo 23 muertos –según el Estado– y 160 según los organismos de derechos humanos.

La causa penal iniciada en mayo de ese año tiene como imputados al ex intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez, al ex ministro de Obras y Servicios Públicos Edgardo Berli y al ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti. El entonces gobernador Reutemann ni siquiera fue citado por la Justicia, sino que contestó –en dos ocasiones– por escrito. En 2006 fue sobreseído.

La causa está caratulada “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”. Por cuarta vez, el ex intendente Álvarez realizó un pedido de prescripción en virtud del tiempo transcurrido. Los tres primeros pedidos fueron rechazados por la Justicia y el planteo se encuentra, desde hace una semana, en manos de la Corte Suprema.

El jueves pasado, Erbetta explicó que esperarán el dictamen del procurador general Jorge Barraguirre y luego será estudiada por los seis ministros de la Corte. Erbetta no adelantó el resultado de ese estudio, pero dio a entender que será rechazada la prescripción tal como antes lo había hecho la Cámara de Apelaciones. “La Corte dará solución rápidamente a la causa inundación”, prometió el presidente del máximo tribunal de la Justicia provincial.

En declaraciones a LT10, Erbetta prometió que la Corte “va a asumir su responsabilidad” y dará respuesta “en los próximos dos o tres meses” al planteo presentado por el ex intendente Álvarez.

 

“Es casi inaceptable –siguió Erbetta– que un proceso tenga una duración de 10, 15 o 16 años. El expediente recién ha ingresado. Ha pasado a primer voto mío, hace exactamente una semana”, expresó el funcionario. Y agregó: “La idea, y yo en esto he pedido especialmente a mis colegas, es resolverlo con la mayor celeridad posible. Vamos a tratar de darle una solución muy rápida a este problema. Cuando hay un conflicto es necesaria una respuesta institucional. Hay casos que no pueden quedar sin respuesta”.

Según Erbetta, “no puede quedar un caso sin respuesta institucional porque esto no sólo representa una frustración para las personas que puedan verse afectadas, sino que también es una lesión a la credibilidad de la gente en todo el sistema judicial”.

“La Corte –prometió su presidente– va a asumir su responsabilidad y rápidamente le va a dar solución a este caso. Esperamos poder tratar esta cuestión en un acuerdo conjunto y resolverla en los próximos dos o tres meses”, indicó el titular de la Corte. Y agregó: “Los temas hay que tratar de resolverlos en el más corto plazo posible en la medida en que tengamos los elementos para poder hacerlo, pero a veces esto no es posible porque tenemos en la Justicia estructuras muy antiguas y predispuestas a que los casos se alarguen. Por eso planteamos la necesidad de un profundo debate y de repensar esas estructuras, los procesos de trabajo, el sistema de organización, porque creo que allí está la clave para terminar con la mora judicial”.

 

“Justicia tardía no es justicia”

El ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, se había manifestado días antes en el mismo sentido: “No puede ser que haya procesos que duren 5, 10 o 15 años. Realmente es inaceptable. La justicia tardía no es justicia. El Poder Judicial debe replantearse su reestructuración en lo que tiene que ver con los procesos y su manera de organización”.

Silberstein agregó que “una causa que dura 14 años, usando una terminología casi filosófica, más que una causa es una no causa”. No obstante, el titular de la cartera de Justicia se comprometió a que “ninguna causa será abandonada”.

 

Proyecto para superar un retraso “inadmisible”

Acompañado por la bancada del Frente Progresista, el concejal santafesino Leandro González presentó un proyecto que solicita “justicia y esclarecimiento” en la causa inundación:

“Es inadmisible, pasaron más de 5100 días y una veintena de jueces. No existió voluntad para resolver esta causa emblemática que nos enluta cada 29 de abril. Los vecinos de Santa Fe no merecemos esta dilación permanente”.

González agregó que “la tragedia del 2003 no fue un fenómeno natural, sino una grave consecuencia de obras inconclusas, falta de planificación, de planes de contingencia y desidias políticas. Y esas son responsabilidades de quienes no se hicieron cargo para prevenir, evitar o al menos mitigar las secuelas de la inundación que además de los daños materiales, provocó más de una veintena de santafesinos fallecidos y un centenar más de víctimas”. Y sentenció que “fueron obras no concluidas por una clara decisión política de los funcionarios del momento”.

El edil de la UCR sostuvo que el ex gobernador Reutemann y el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier deben responder por el lugar que ocupaban en ese momento y por las obras que no fueron realizadas pese a los dictámenes de los organismos especialistas. “Si bien se dio la crecida del río Salado, hubo una obra de infraestructura como es el cierre del anillo de defensa que no se realizó. Y además, luego no se le avisó a los vecinos sobre la magnitud del evento que se pudo al menos prevenir. Debe haber responsables políticos”, señaló.

Al ser consultado por las razones por las cuáles la causa está detenida, González expresó que “es un tema que tuvo condicionamientos políticos y cuestiones que debieron realizarse y no se hicieron. Esto deja abierta una situación de clara impunidad, respecto a quienes fueron responsables políticos como así también judiciales”.

 

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