En marzo de 2015, una voz femenina alertaba a la línea 145 que era víctima de trata en una whiskería de la localidad correntina de Gobernador Virasoro. La denuncia anónima derivó en una investigación judicial que terminó este mes con un matrimonio condenado. Las penas fueron dictadas por un tribunal federal de esa provincia que además dispuso el decomiso de dos inmuebles de la ciudad donde funcionaba el prostíbulo y donde eran alojadas las víctimas.
Como lo había solicitado el fiscal correntino Carlos Schaefer, los jueces federales condenaron el jueves pasado a Lourdes Marlí Gularte y a Néstor Matías De Simón a cinco y ocho años de prisión, respectivamente, al encontrarlos responsables del delito de trata de personas agravada en perjuicio de varias mujeres que eran explotadas sexualmente en “Mamy Lu”, un burdel ubicado en la Ruta Nacional N° 14.
En la investigación y el debate colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
La pesquisa se inició en el marzo de 2015, por una denuncia anónima a la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la que una mujer manifestaba haber sido víctima de trata de personas en una whiskería de la localidad correntina de Gobernador Virasoro. En su denuncia, la víctima sostuvo que en ocasión de buscar trabajo se contactó a los imputados, quienes le prometieron un empleo, por lo que debía viajar desde su ciudad natal, hasta la provincia de Corrientes, haciéndose cargo la pareja del costo del traslado y, una vez allí, le sustrajeron su documento y la obligaron a prostituirse junto a otras mujeres.
La denuncia fue remitida a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres” de la Gendarmería Nacional, que dio aviso al Juzgado Federal, que delegó la investigación en cabeza de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que requirió el allanamiento del local donde funcionaba la whiskería y otras dos viviendas. Así, en el procedimiento realizado en “Mamy Lu”, ubicado sobre la Ruta Nacional N°14, fueron halladas dos presuntas víctimas, elementos de interés para la investigación y se produjo la detención de la pareja imputada; mientras que en otro de los domicilios se estableció que eran alojadas las mujeres explotadas sexualmente y se secuestró documentación.
En su alegato, el fiscal general Schaefer consideró las pruebas reproducidas en el debate y señaló que Gularte y De Simón eran los responsables de la whiskería, que tenían un sistema de “copas” como preliminar al sistema de “pases” (que implicaba mantener relaciones sexuales con los clientes), con lo que se beneficiaban económicamente, para lo cual se valieron de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En ese sentido sostuvo que “las mujeres fueron objeto de esta forma de explotación bajo el modo de cobro sobre lo que el cliente pagaba, así como también el uso de mecanismos de control, como dejarlas salir coartando su libertad de autodeterminación y física”.
Asimismo, la fiscalía entendió que “el delito de trata de personas debe ser analizado desde una visión de género (…) la explotación sexual trae consigo efectos colaterales tales como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y el peligro concreto para la salud psicofísica de ser sometida sexualmente con la carga humillante que conlleva afectando su dignidad humana” y agregó que “todo esto conforma un cuadro que se estima constitutivo de violencia de género, al verse obligadas las mujeres a exponer su cuerpo para satisfacer deseos sexuales ajenos con finalidad de lucro económico; transformándose las víctimas en objetos comercializados o adquiridos monetariamente en deplorables condiciones de cuidado, limpieza, higiene, afectando no solo su dignidad sino además su salud física y mental”.
En su sentencia, el Tribunal Oral Federal de Corrientes recogió los argumentos vertidos por fiscalía en su alegato y condenó a Gularte y a De Simón como coautores del delito de trata de personas agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser las víctimas más de tres y por haberse consumado la explotación, al tiempo que mantuvieron las excarcelaciones concedidas a los imputados con la prohibición de salir del país.
Además se extrajeron testimonios para profundizar la investigación respecto a la posible comisión de lavado de activos –por parte de los condenados- y de eventuales funcionarios públicos que habrían habilitado el funcionamiento de la whiskería. Asimismo, se dispuso el decomiso de los inmuebles donde funcionaba el prostíbulo y de la vivienda donde eran alojadas las mujeres, y del dinero encontrado en los allanamientos.
Finalmente, se difirió la lectura de los fundamentos de la sentencia para el próximo 26 de octubre a las 12, en la sede del Tribunal Oral Federal de Corrientes.
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