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Corralón: ultiman censo de vehículos a compactar

Por Agustín Aranda.- Hay unas 3 mil motos sin patente y 350 autos que habían sido abandonados. Son candidatos al desguace.

En siete días el municipio, la Justicia santafesina y la Policía culminarán el relevamiento que les permitirá saber qué cantidad de autos y motocicletas del corralón de zona oeste podrán ser compactadas. Entre los aspectos más destacados de lo censado, las autoridades municipales informaron que existen al menos 3 mil motos sin patente y unos 350 autos que están allí tras ser abandonados en la vía pública. La corroboración del estado de los vehículos se dio luego de la polémica que explotara a fines del año pasado con casos de robos parciales y totales del predio municipal. Después de juntar las causas contra el municipio e interponer una medida para detener la compactación, la Justicia había pedido este censo. “La idea es darle todas las garantías al juzgado para seguir el camino de la disposición final”, aseguró el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Baita.

En diálogo con El Ciudadano, Baita confirmó que el municipio se encuentra en el último tramo del relevamiento requerido por la Justicia santafesina sobre el estado de los autos y motocicletas alojados en el corralón ubicado en Presidente Perón al 8000, sobre el límite de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, ya se completó en un 70 por ciento el loteo de los vehículos bajo dos criterios: por antigüedad de ingreso y por razón del mismo, esto es, por procedimientos municipales de control o resultado de actuaciones de la Policía. “Un 90 por ciento de lo relevado corresponde a operativos del municipio y el restante de la Policía”, indicó Baita.

Cabe destacar que 350 autos fueron recogidos de las calles rosarinas por el municipio como parte del programa de autos abandonados que comenzara en 2010. Si bien no se puede precisar la cantidad de vehículos que hoy habitan el corralón, Baita indicó que hay más de 3 mil motos sin patente.

Según fuentes judiciales, la tarea se realiza de forma conjunta con 10 de los 27 oficiales de la Justicia santafesina y 10 oficiales de la División Automotor de la Policía. Y tardará una semana en completarse, informó Baita.

Luego de procesar la información con los requerimientos del gobierno provincial el municipio presentará un informe ante la Justicia para levantar la medida cautelar y poder comenzar con la compactación. “La idea es darle todas las garantías al juzgado para seguir el camino de la disposición final”, concluyó Baita.

De Tribunales al corralón

El motivo del relevamiento se remonta a hace más de un año, cuando el juez Luis María Caterina del Juzgado de Instrucción de la 3ª Nominación recibió la primera denuncia sobre un robo parcial de un auto que estaba alojado en el corralón. Entre octubre y noviembre, la polémica fue alimentada por denuncias periodísticas y por lo menos 30 causas abiertas –una por robo total de un automóvil– en juzgados correccionales y de instrucción por razones similares.

El 10 de noviembre los diarios rosarinos reflejaron la renuncia del entonces director de Tránsito, Mauricio Malano, luego de que el Concejo Municipal le pidiera explicaciones por los robos en el depósito municipal.

Correlato de la decisión del Ejecutivo, y a partir de la presión de los bloques opositores, la Cámara Penal determinó que todas las denuncias sean investigadas por el juzgado de mayor competencia pero antes se dio paso a la medida de no innovar, es decir, no se modifique la situación existente en los depósitos municipales. La misma estuvo a cargo del ya jubilado juez correccional Benvenuto y derivó en que el corralón siga su labor y se acumulen gran cantidad de autos y no se puedan retirar los que están en condiciones de desguase.

A esto se le sumó una iniciativa de tratamiento de la ordenanza 8.733 – que reducía los motivos para remitir autos a ambos predios– en diciembre del 2010 para evitar la saturación del depósito. A más de seis meses de su implementación durante este año, la modificación resultó en una disminución del 50 por ciento de los ingresos con respecto al mismo período del 2010.

Ante ese panorama, el juez Caterina, tras decisión de la Cámara Penal, acumuló todas las causas del corralón y dispuso que se realice una constatación del estado de los vehículos que se encuentran en el lugar y cuáles de ellos están en condiciones de ser desguazados.

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