Luciana Mangó
Susana Martínez trabaja en salones de fiestas infantiles desde hace 8 años. En marzo decidió independizarse y abrió un local en Salta al 2800. Pero sólo fue por 15 días. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio la forzó a cerrar con 17 reservas de cumpleaños que no pudieron festejarse. Martínez es una de las 150 titulares de salones de fiestas, infantiles y de adultos, que vieron afectadas la actividad por la cuarentena. Los gastos de alquiler, que en algunos casos alcanzan los 70 mil pesos, se suman al pago de impuestos y habilitaciones municipales para un rubro que fue uno de los primeros en cerrar y estiman que será uno de los últimos en reabrir. Ante el panorama incierto piden declarar la emergencia del sector y que el Estado municipal y provincial intervenga con prorrogas o exenciones para alivianar la situación.
“Nos resulta insostenible pagar los alquileres que van desde 35 a 70 mil pesos según el salón. A eso hay que sumarle los salarios del personal, el pago de las habilitaciones municipales, los seguros, impuestos y monotributos. Pedimos que el Estado nos ayude para afrontar esta situación hasta que podamos reabrir”, dijo a El Ciudadano Susana Martínez, encargada de un salón.
“El decreto habla de congelar el precio de los alquileres, pero los dueños nos exigen que lo paguemos y en la actualidad no tenemos cómo hacerlo ya que no podemos facturar. Estamos pagando los gastos del mantenimiento de un local que tampoco podemos reutilizar. El Estado nos ofrece créditos para pagar sueldos, pero eso es contraer otra deuda y nadie nos garantiza cuándo volveremos a trabajar”, agregó.
Son más de 100 salones de Rosario y alrededores que están en la misma situación. “Tenía fiestas programadas hasta junio. Quedaron en suspenso hasta que pase la pandemia. Algunos sostuvieron la reserva y otros ya las cancelaron. Cuando reactivemos tendremos que instalar un protocolo de trabajo donde seguramente permitiremos el ingreso de menos personas”, señaló Martínez.
Otra de las referentes del sector contó que la semana pasada mantuvo una reunión con el secretario de gobierno Gustavo Zignago para comentarle la situación y pedirle que el municipio intervenga. “Vamos a ser los últimos en abrir y tenemos un montón de obligaciones que cumplir. La mayoría alquilamos. Tengo 85 mil pesos mensuales de gastos entre alquiler, salarios e impuestos con cero ingreso”, contó, en paralelo, la encargada de Sum, otro salón de fiestas para adultos e infantes, en este caso ubicado en San Luis al 500.
“Entiendo que el alquiler es un contrato entre privados pero este es un caso de fuerza mayor donde pedimos un esfuerzo compartido porque no se usa ni goza el bien alquilado”, explicó y agregó: “Entendemos que el municipio está atendiendo las complejidades de esta situación pero les pedimos una prórroga en la renovación de habilitaciones y una exención de ciertos impuestos porque entendemos que no vamos a poder trabajar hasta dentro de 6 meses y cuando podamos abrir la deuda será muy grande”.
La mujer contó que desde el 14 de marzo hasta hoy se perdieron 12 fiestas en su salón y que pudo reprogramar todas las fiestas contratadas pero recién para septiembre. “Tengo dos cumpleaños de 80 y no quieren salir hasta que pase la pandemia”, ejemplificó.
En concreto, el pedido de los titulares de salones de fiestas es la eximición o prorroga en en el pago de ciertos impuestos como TGI, Drei, tarifa de residuo, publicidad, Sadaic y Adicapif; y de servicios como luz, gas, agua. También pidieron la prórroga de la renovación de habilitaciones y que prolonguen el vencimiento de las obligaciones municipales. Otro de los pedidos fue la posibilidad de realizar actividades fuera de las autorizadas en el rubro, como por ejemplo usar la cocina para emprendimientos gastronómicos.
“Desde el municipio se mostraron predispuestos al diálogo y se comprometieron a buscar herramientas para atravesar esta crisis de la manera menos dolorosa posible”, cerró la mujer.
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