Arlen Buchara
La población travesti y trans de la Argentina será incluida en los programas de emergencia por la crisis del coronavirus. Se trata de uno de los colectivos más vulnerables del país, con una expectativa de vida de 35 a 40 años que en 90 por ciento no tiene trabajo formal ni otra salida que no sea el trabajo sexual. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad articuló acciones con el Ministerio de Desarrollo Social para reforzar la asistencia alimentaria e incluirlas en el programa Hacemos Futuro. Desde este jueves, organizaciones sociales trabajan junto al Estado en el relevamiento de cada persona trans del país para que pueda acceder al beneficio. Según contaron referentas, la inclusión en el programa irá más allá de la situación de emergencia del coronavirus y las personas que se anoten recibirán salarios complementarios con la contraprestación de servicios para el Estado.
En Argentina la población travesti y trans está estimada en 10 mil personas y Santa Fe representa al menos el 10 por ciento, con 1.200 personas. El derecho a la identidad autopercibida de este colectivo fue reconocido en 2012, a través de la Ley de Identidad de Género, que permite hacer el cambio en el DNI y acceder a tratamientos en la salud pública y privada. La inclusión laboral todavía está lejos y la gran mayoría no tiene acceso a un trabajo formal. Cuando esta semana se difundieron las medidas de restricción social por el coronavirus, muchas referentas salieron a pedir políticas públicas para afrontar la crisis y poner hacer la cuarentena. Más allá de la situación de emergencia, uno de los reclamos más fuertes es la sanción de una ley nacional de cupo laboral.
Según pudo saber El Ciudadano, la activista travesti y funcionaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda, fue la encargada de llamar este jueves a las referentas de todo el país para elaborar de manera urgente el relevamiento de cada caso en emergencia.
“Ante la emergencia sanitaria, resulta fundamental preservar la salud y proteger los derechos de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Por eso se gestionó el ingreso de personas trans travestis al programa Hacemos Futuro”, dijeron desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y agregaron: “La población travesti trans vive una violencia estructural que está relacionada con la falta de acceso al empleo y con la falta de acceso a derechos económicos y sociales. En este contexto de crisis, y en particular con las medidas vinculadas al distanciamiento social, estas realidades se agravan y se profundizan. Más aun teniendo en cuenta que la expectativa de vida de la población travesti y trans es de 35 a 40 años”.
“Tanto la medida vinculada a la asistencia alimentaria como la tramitación de ingreso al programa Hacemos Futuro para personas travestis y trans que se encuentran en cuarentena es fundamental para garantizar una protección social y económica básica en un momento difícil para nuestro país en el que el rol del Estado debe ser llegar a quienes más lo necesitan”, agregaron.
Testimonios de la crisis
Jackeline Romero, activista travesti e integra el Área de Género y Sexualidades de la UNR, dijo esta semana a El Ciudadano: “La mayoría son trabajadoras sexuales y su única forma de sobrevivir, comer y pagar el alquiler es con el día a día. Hoy no pueden trabajar porque con el coronavirus y la cuarentena lo impiden o salen igual y corren riesgo”.
Pamela Rocchi opinó en el mismo sentido. Ella es activista y trabaja en la Legislatura de Santa Fe como asesora en el bloque socialista. “El coronavirus es un factor más que se suma a la vulnerabilidad de todos los días. Nuestra comunidad está siempre a la deriva de la salud y el ambiente. La mayoría de las compañeras ejercen la prostitución y esto conlleva un montón de cosas. Si bien nuestras enfermedades siempre fueron muchas, porque estar paradas en la esquina toda la vida trajo un montón de problemas, esto es algo más que se suma y preocupa”, opinó.
Michelle Vargas Lobo apuntó en la misma dirección. Ella integra Comunidad Travesti de Rosario y La Casa de las Locas, espacio cultural de diversidad sexual, y es asesora de la concejala Alejandra Gómez Sáenz. “Históricamente las travestis y trans hemos tenido exclusiones de todos los sistemas: el seno familiar, la educación, la vivienda o el trabajo”, dijo y agregó: “No podemos pensar en cuarentenas y estar resguardadas en nuestros hogares. Son pocas las que tienen una familia que las banque. De hecho, hay toda una generación que no tenemos familia ni quien nos sostenga. Se nos complica muchísimo, queremos hacerlo para cuidarnos entre todes pero no podemos”.
Vargas Lobo explicó que una poblaciones de riesgo con el coronavirus son las personas inmunodeprimidas y gran parte de las travestis y trans están atravesadas por distintas enfermedades. Además, hizo un llamado a la tolerancia: “La sociedad tiene que entender nuestra situación porque todavía hay una ceguera en ver nuestra realidad. Cuesta entender que fuimos echadas de nuestras casas, que no pudimos estudiar, no porque no quisimos sino porque nos expulsaron de las escuelas. Cuesta entender que la mayoría no elegimos ser trabajadoras sexuales sino que no tuvimos otra opción. Falta mucho para abrir los ojos y es necesario que en este momento en que pensamos en cuidar al otro o la otra, pensemos en cuidar a las travestis y trans”.
La vulnerabilidad en números
Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento de la población trans y travesti no accede a un empleo formal en la Argentina. Para el 95 por ciento, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral.
En Santa Fe la población asciende a 1.200 personas, según la Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans elaborada en 2019 por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la ex Subsecretaría de Diversidad Sexual. Se trató del primer y único estudio de este tipo de Argentina y Latinoamérica y arrojó datos sobre un tercio de la población travesti-trans de la provincia. De acuerdo con el estudio, sólo el 5 por ciento accedió a un estudio terciario o universitario. El 75 por ciento sufrió burlas, insultos, maltratos y las han llamado por el nombre o género que no es el autopercibido y el 47 fue víctima de la Policía. Como consecuencia de la violencia y la discriminación el 65 por ciento dijo que se había autolesionado, 75 por ciento tuvo problemas de consumo de alcohol, el 77 de otras sustancias y el 78,6 sufrió patologías alimentarias.
Una de las políticas que exige el colectivo es la implementación del cupo laboral trans, que establece un porcentaje de los ingresos al Estado para personas trans. El año pasado la Legislatura de Santa Fe aprobó la ley pero la gestión actual aún no la implementó. Previamente, 10 ciudades de la provincia habían hecho ordenanzas de cupo. Rosario fue la primera en 2016 y la implementó en 2017. A nivel nacional, el colectivo exige que se sancione una normativa de cupo para todo el país.
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