El gobierno de Alberto Fernández estudia poner en marcha, en el mediano plazo, 280 obras públicas en zonas rurales y en las provincias que tengan menos casos positivos de coronavirus, bajo rígidos criterios sanitarios. Será una forma de reactivar la economía, castigada por la cuarentena obligatoria y las medidas dispuestas para mitigar el impacto de la pandemia.
“Queremos hacer más obras, pero primero preservar la salud de la gente. Sin riesgo y sin que se infecten los trabajadores. Vamos a avanzar con los protocolos provinciales y en las prioridades de las obras”, les dijo el presidente Fernández al titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, y al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio César Crivelli, según consigna Tiempo Argentino.
Junto al presidente, en la reunión estuvieron los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Vivienda, María Eugenia Bielsa.
Desde el ministerio de Obras Públicas, junto a los gobernadores, las cámaras y el sindicato elaboran una lista de obras que podrían llegaron a reactivarse en el corto o mediano plazo. Hasta el momento contabilizaron 280, según revelaron a Tiempo fuentes oficiales. Sin embargo, estos proyectos –tal como anunció el propio presidente- deberán estar acompañados por protocolos sanitarios del Covid 19 y ser aprobado por el ministerio de Salud, que a su vez, tendrá en cuenta criterios de la Organización Mundial del Trabajo. La autorización final tiene que llevar la firma de Alberto Fernández.
Si bien la obra pública estuvo exceptuada desde un primer momento por haber sido calificada como actividad esencial, la construcción – en mayor medida la privada y la vivienda particular- se vio paralizada de un momento a otro. La reunión surgió a pedido del sector al ministro de Obra Pública. Katopodis fue el encargado de llevar la demanda al presidente.
La posibilidad de activar algunas obras en provincias con pocos casos, en zonas rurales abiertas y con protocolos especiales, esperanzaba a empresarios y sindicalistas. Pero desde el gobierno advirtieron que siempre será obligatorio que pase primero por la firma de los gobernadores y luego del ejecutivo nacional. La mira estará puesta no sólo en las condiciones sanitarias del lugar de trabajo sino del transporte de los y las trabajadoras.
Según explicaron fuentes oficiales, la obra pública demanda pocos insumos (cemento, hierro, asfalto, piedra) pero la obra privada requiere una variedad mucho más importante de insumos, lo que complica el control sanitario. Además, en su mayoría están ubicadas en zonas urbanas y requiere el traslado en trenes y colectivos por parte de los trabajadores.
Al finalizar la reunión, el presidente les dijo a sus interlocutores: “Queremos hacer más obras, pero primero preservar la salud de la gente. Sin riesgo y sin que se infecten los trabajadores. Vamos a avanzar con los protocolos provinciales y en las prioridades de las obras”.
Desde el comienzo de la gestión, Katopodis se había reunido con empresas constructoras para encaminar los pagos que debía el Estado originados durante la gestión macrista. En este nuevo contexto de pandemia y cuarentena, desde el ministerio cuentan que se pudieron dar los “pasos administrativos” en los expedientes con firma digital, un reclamo histórico de las empresas del sector.
Al finalizar, Fernández le recordó a los sindicalistas y empresarios que el suyo fue el gobierno que volvió a dar rango de ministerio a Vivienda y Obras Públicas, áreas que habían sido degradadas en el gobierno anterior.
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