El ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de Córdoba presentaron ayer sus renuncias al gobernador José Manuel de la Sota, a raíz de la crisis desatada en esa provincia por las denuncias de vinculaciones entre jefes de la fuerza de seguridad y narcotraficantes.
A raíz de la investigación judicial y la detención de varios jefes de la división Drogas Peligrosas de la Policía provincial, el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de Policía, Ramón Frías, renunciaron ayer por la tarde en forma “indeclinable” y sus dimisiones fueron aceptadas, informó la gobernación.
Las dimisiones son consecuencia de la detención de los policías de Drogas Peligrosas, que están siendo investigados por su presunta vinculación con narcotraficantes.
Según se informó oficialmente, en los fundamentos de su renuncia, Frías sostuvo que “la Policía de la provincia de Córdoba tiene una historia de profesionalismo, honestidad y transparencia en la lucha contra el crimen”.
“Los hechos que se están investigando judicialmente, están circunscriptos a la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, pero están pretendiendo utilizarlos para involucrar a toda la institución policial”, agregó.
También señaló que su renuncia la elevó con “carácter de indeclinable”, para “no permitir que se intente afectar la acción gubernamental”. En términos similares se expresó Paredes, cuya cartera será ocupada en forma provisoria por el jefe de Gabinete, Oscar González.
Ocho imputados
Hasta el momento son ocho los policías imputados por el fiscal federal Enrique Senestrari por la presunta vinculación con narcotraficantes, ya que a los cinco que se encuentran detenidos se sumaron en las últimas horas otros tres efectivos.
Entre estos se encuentra el comisario mayor retirado Mario Nieto, quien hasta el año pasado se desempeñaba como jefe de Drogas Peligrosas, cargo en el que fue reemplazado por Rafael Sosa, también detenido.
En tanto, no se informó sobre la identidad de los dos imputados restantes, aunque fuentes judiciales indicaron que se trataría de dos efectivos que prestan servicio en la división de Robos y Hurtos, y que estarían vinculados al secuestro de uno de los dueños del boliche Palmira del Cerro de las Rosas, en cuya investigación participó Sosa y por lo que también es investigado.
Los ocho efectivos, cinco de ellos detenidos desde el miércoles por la noche en la cárcel de Bouwer, están imputados por los delitos de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad, esto último por supuestas detenciones ilegales.
Los detenidos son el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.
Indagatoria
El juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien ordenó la detención de los efectivos, indagó ayer a los policías involucrados en el caso.
En la oportunidad, el magistrado les leyó a los cinco efectivos la acusación. Posteriormente Sosa pidió declarar y señaló que el “arrepentido” Juan “Francés” Viarnes –cuyo testimonio en un programa de televisión fue el puntapié inicial del caso–, era sólo un informante que no tenía un rol activo. Los otros policías se abstuvieron de declarar.
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por el testimonio del “colaborador encubierto” policial, al programa ADN del Canal 10, de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que motivó al fiscal Senestrari acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.
Viarnes, en calidad de “arrepentido”, dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que varios jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
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