Las cooperativas eléctricas denunciaron que están en una situación crítica y se niegan a aceptar el aumento del 55% en la energía mayorista anunciado la semana pasada por el gobierno de Mauricio Macri. La suba, alegaron, no sólo golpea a los usuarios finales sino también a las empresas distribuidoras que compran la energía a la mayorista Cammesa. Por ello incluso amenazaron con no pagar el aumento a Cammesa y seguir cobrándoles la misma tarifa a sus usuarios, además de avanzar con medidas judiciales para frenar los incrementos.
El nuevo tarifazo terminará de golpear a amplios sectores de clase media y trabajadores que no reciben tarifa social y ya venían castigados por la megadevaluación y la fuerte pérdida de poder adquisitivo que se produjo en el 2018, describió el portal La Política Online.
Tras el anuncio del aumento de electricidad y gas, que se hizo el pasado 28 de diciembre –tras hacerlo público el titular del área, Javier Iguacel, renunció– sectores de la oposición legislativa adelantaron que en marzo, cuando se reabra el Congreso, impulsarán una ley para dar de baja el decreto de Macri que autorizó la suba. En paralelo, intendentes del conurbano bonaerense empezaron a coordinar la presentación de amparos en la Justicia, estrategia a la que se sumó el sindicalismo y ahora podrían sumarse las cooperativas.
“No estamos dispuestos a pagar este aumento. El miércoles viajo a Buenos Aires para llevar este planteo a la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Argentina y actuar de manera conjunta”, dijo Carlos Ciapponi, el titular de Calf, la cooperativa de Neuquén, que es la más grande del país dedicada a la distribución energética, según publicó el portal.
Según se estima, la asamblea de la Federación recién tomaría una resolución para comienzos de febrero, pero el peso de la cooperativa neuquina y la situación denunciada por el conjunto del sector –en Misiones ya todas las cooperativas de la provincia se pronunciaron en contra del tarifazo– hace prever una escalada en el conflicto. “Va a haber una rebelión general a nivel nacional”, advirtió un dirigente cooperativista.
El mayor problema es la incidencia del costo de la electricidad en el presupuesto de las cooperativas –en el caso de Calf pasó del 30% a más del 70%– tornando inviable la situación. A su vez, las cooperativas están denunciando tener serias dificultades para mantener los niveles de cobrabilidad que ya bajaron del 97% a un 90%. Y ante las nuevas subas, lo más probable es que caigan aún más.
“Solamente este aumento nos significa un gasto adicional de 38 millones de pesos, es decir, el mismo importe que iba a estar destinado para el pago de toda la masa salarial”, denunció Ciapponi. Como espejo de Calf, varias cooperativas admitieron tener problemas para cumplir con el pago de salarios.
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