El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social de la provincia, Mauro Casella, visitó ayer la redacción de El Ciudadano para entregar al presidente de la Cooperativa de Trabajo La Cigarra Limitada, Juan Pablo Sarkissian, el número de la matrícula provincial que identificará de hoy en adelante a la nueva empresa gestionada por los trabajadores del diario.
“Nosotros decimos que tanto la matrícula nacional que entrega al Inaes, como la provincial, son como el DNI de la cooperativa. Una vez que tienen matrícula tienen identidad, y una vez que tienen identidad pueden formalizar una cantidad de procesos que tienen que ver con lo impositivo, con lo legal, y con los asociados de la Cooperativa”, dijo Casella tras el encuentro, del que participaron trabajadores del diario y el subsecretario de Economía Social, Eugenio Serafino.
Con el acto de ayer finaliza el proceso de constitución de la cooperativa de Trabajo La Cigarra Limitada, que se desarrolló en tiempo récord. “A nosotros lo que nos interesó de este proceso, y el de (la fábrica de pastas de Candioti) Galetti, que en el diálogo que tuvimos con el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) pudimos lograr que las matrículas que antes tardaban entre seis y siete meses estuvieran resueltas en un mes y medio. Son dos grandes casos testigo que nos permiten a nosotros incorporar a lo que es el procedimiento de recuperación de empresas –la ley que se está discutiendo en la Legislatura– e incluso a la formación de cooperativas que no son recuperadas y pueden tener una urgencia por determinadas cuestiones, porque sabemos que de esta celeridad depende el trabajo de mucha gente”, dijo el funcionario del Ministerio de la Producción que conduce Luis Contigiani, quien participó activamente de este proceso, desde el pasado mes de octubre.
Casella destacó el trabajo coordinado con el Inaes, que ya había entregado la matrícula nacional, y “el respeto de los acuerdos que había con las provincias, como en el caso de Santa Fe, con respecto a la entidad que se le da al órgano local a la hora de llevar adelante los procedimientos”.
En ese mismo sentido, agregó: “Si nosotros trabajamos junto con los trabajadores la viabilidad de la cooperativa, y firmamos que la tiene, el Inaes lo toma. Y el simple hecho de ordenar el procedimiento hace que se acelere. Y a nosotros nos da la entidad que corresponde, desde lo institucional y desde lo legal, para que aquellos que quieran emprender una empresa de la economía social puedan cumplir con los pasos. En eso nos han respetado y creemos que es muy bueno”.
Cien cooperativas en 2016
Durante el año pasado, según datos de la Secretaría, hubo 120 pedidos de formación de cooperativas, de los cuales cerca de 100 llegaron a conformarse. De esas 100, el 80 por ciento son cooperativas de trabajo. “Toda la economía social nace en momentos de crisis. Si no hay necesidad no hay cooperativa posible. Y más la de trabajo. El contexto económico genera que la constitución de las empresas de la economía social sea mucho más que en otros procesos”, dijo Casella.
En la Legislatura
“En esta gestión del Ministerio de la Producción acompañamos muy fuerte a los procesos de formación de cooperativas, en aspectos administrativos, contables, técnicos, financieros, para ir fortaleciéndolas”, dijo el funcionario y se mostró esperanzado en la aprobación de un proyecto que recuperación de empresas que espera su aprobación en el Senado provincial, tras la media sanción en Diputados: “Tiene todo un año para que se apruebe un proyecto pionero en el país, donde se declara de interés social el proceso de recuperación de empresas y le da más herramientas al Estado provincial para acompañar estos procesos. (Un ejemplo de la necesidad es) el caso de la cooperativa Galetti, donde tuvimos que generar subsidios cruzados para sostener la producción hasta que estuvo la matrícula. El caso de ustedes, donde distintos sectores sociales contribuyeron a que pudieran mantenerse, porque el Estado no tiene una herramienta para asegurar el paso de la empresa privada a la empresa cooperativa, en ese tiempo donde el Estado tiene que estar acompañando. Y en la aceleración de los tiempos de expropiación, en el caso de que esté judicializado el proceso”.
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