Por: Laura Hintze
Los presidentes de las Federaciones de Cooperadoras de Santa Fe y Rosario, Juan Villafañe y Gustavo Mogues, reclamaron ayer mayor asistencia del Estado provincial para esas asociaciones educativas. Fue al finalizar el Primer Encuentro Provincial de Cooperadores Escolares en el histórico edificio de Felipe Moré al 900, la ex Tabaquería Colón, donde habían compartido un acto con el intendente Miguel Lifschitz y la ministra de Educación, Élida Rasino, que promovió el debate sobre este aspecto de la comunidad educativa. Terminado el encuentro, los cooperadores remarcaron que estos espacios “son instancias importantes de participación que se están perdiendo”, diagnóstico que la propia ministra dijo compartir. Sin embargo, mientras los cooperadores dicen realizar acciones que las instancias oficiales no contemplan, para la funcionaria “el Estado” involucra tanto al gobierno como la ciudadanía, que incluye a los cooperadores.
Todos coinciden en que las cooperadoras escolares son espacios de participación ciudadana. Sólo en Rosario son 400 las entidades habilitadas, aunque el nivel de compromiso y trabajo en cada una es disímil. Treinta y cinco de éstas son proveedoras para comedores escolares, aunque se estima que ya no tendrán que encargarse de eso una vez reinaugurada la cocina centralizada en Felipe Moré al 900. Estos números, de los que puede deducirse que crecen mucho más a nivel provincial, desprenden más incertidumbres que certezas, sobre todo porque el nivel de participación de los padres es cada vez menor. Ahora bien, ¿ocurre por las gestiones ministeriales o por la coyuntura política y social?
Juan Villafañe, presidente de la Federación de Cooperadoras del departamento Santa Fe, responde que el problema no es la falta de políticas del Ministerio sino que éstas “atentan contra la participación de la gente” en las cooperadoras escolares: “Sumando cada una de las irregularidades a las que me enfrento cotidianamente puedo hacer un análisis de lo que ha sido esta gestión en cuanto a la participación de la comunidad en el sistema educativo. Hay muchas cosas que me llevan a pensar que el Ministerio no se ha definido para con la cooperación escolar, y esta falta de definición significa que tiene una política que atenta contra la inserción de los padres dentro del sistema educativo. Muchas veces, es sólo a través de las cooperadoras que los papás tenemos un canal de participación en la institución educativa”.
Villafañe insiste y explica que el Ministerio “no exige más a todas las escuelas que la cooperadora renueve y les envíe anualmente la planilla de información anual”. Ése es, dice, “el documento que convalida todo el accionar” de un año de la cooperadora: “Entonces, nos encontramos con casos de cooperadoras que no existen, que sólo están para acompañar, para rubricar un documento cuando la normativa lo exige, como la de los servicios sociales, comedores escolares y copa de leche”.
También señala el cooperador que la potestad de efectuar los pagos al proveedor para los comedores y copas de leche se ha delegado a los directivos de las escuelas, “suprimiendo el funcionamiento de los cooperadores escolares”.
Villafañe, asimismo, denuncia que “ya no se vigila el fiel cumplimiento del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), colaborando a la pérdida de la posibilidad de que la cooperación escolar se incorpore a la comisión administrativa de cada uno de esos FAE en la ciudad o comuna correspondiente”. Y critica: “Vemos también la pretendida obligación a cada cooperadora de conformarse como persona jurídica, cuando tenemos un instrumento legal, el decreto 874, mediante el cual todas las cooperadoras escolares fueron reconocidas en todo el ámbito provincial”.
Pese a que durante la asamblea desarrollada en la sede de la Federación, no hubo acusaciones a la gestión, ni tampoco referencias negativas de Rasino hacia los cooperadores, los dichos posteriores de Villafañe y Mogues sí generaron una réplica de la ministra.
Rasino explica que, siendo las cooperadoras entidades civiles sin fines de lucro, necesitan personaría jurídica, un permiso que se pide en Fiscalía de Estado, la que además debe controlar su funcionamiento: “Cuando asumimos nos encontramos con que había cooperadoras que funcionaban sólo con autorización del Ministerio de Educación, entrando en una condición jurídicamente irregular”.
Tanto Villafañe como Mogues coinciden en que la realidad indica que muchos de los cooperadores están aportando por encima del Estado mismo, “un motivo de orgullo”. “Esto hace entender que la educación, aparte de ser entendida como los procesos de niveles primarios o secundarios, tiene que tener el compromiso de la participación, no ser sólo una función del Estado”, definió Mogues, quien destaca a las cooperadoras como “una parte muy importante, cuyo aporte es de gran valor: el 90 por ciento de todos los gastos de funcionamiento los paga la cooperadora y no el Estado, que está ausente también en cosas como las nuevas tecnologías o los talleres extracurriculares”.
Por su parte, la ministra Élida Rasino aclaró que el Ministerio de Educación no introdujo ningún tipo de cambio en estas entidades ya que “interesa que existan como organismo de participación, dando señal de acompañamiento a la institución educativa”.
“Según cada región, las cooperadoras son parte importante de las escuelas, muchas apoyan mucho a lo edilicio, pero otras, especialmente en ciudades grandes como Rosario o Santa Fe, se ocupan de administrar fondos del FAE enviados por la provincia y los municipios”, describió.
Desde el punto de vista de la ministra, las asociaciones cooperadoras de las escuelas tienen que acompañar al Estado, no reemplazarlo en sus funciones, porque “cuanto más intervienen, más se debilitan”. Afirma que éstas entidades se han debilitado, pero que como cualquier otra institución; y que esta pérdida de fuerza se debe a la baja cohesión social y a la conceptualización “perversa y neoliberal” de que sólo el gobierno de turno tiene que encargarse de la protección de los espacios públicos. “Es el Estado, compuesto por el gobierno y la ciudadanía, el que tiene que proteger a estas instituciones. El gobierno garantiza el acceso a la educación, como bien lo venimos demostrando con las inversiones millonarias que hemos hecho”. Y concluyó: “lo peor que puede pasar con la sociedad civil es que no se vincule en el mantenimiento de las escuelas”.
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