Un frustrado intento de procedimiento abreviado tuvo lugar este lunes por la tarde. La fiscalía y la defensa de Diego Panadero Ochoa presentaron un acuerdo por la causa que enfrenta el ex mandamás de Newell’s donde se investiga el crimen de Maximiliano Quemadito Rodríguez, asesinado de un certero tiro en la cabeza en Corriente y Pellegrini, en febrero de 2013.
El convenio recalificó la actuación de Ochoa de una instigación a una “cooperación psíquica” a través de la cual reforzó la idea que tenía los matadores del Quemadito, explicaron. Ochoa ya está condenado a 13 años y 4 meses por una tenencia de armas y la instigación del crimen de Roberto “Pimpi” Caminos, sentencia que no está firme.
Si el acuerdo prosperaba la propuesta era fijar una pena unificada por 18 años y cuatro meses de cárcel. Pero desaveniencias técnicas durante la audiencia llevaron a que el juez no homologara el acuerdo. Por lo que el caso sigue sin resolución.
Rojinegro, sangre y luto
Tras la caída de Eduardo J. López luego de las elecciones de diciembre de 2008 el liderazgo de Roberto “Pimpi” Caminos entró en disputa. Pocos días después, según cuentan fuentes rojinegras, Diego “Panadero” Ochoa se cruzó con Alberto “Tato” Caminos, hermano de Pimpi, que había ido a hablar con la nueva dirigencia en nombre del mandamás de la barrabrava, contaron entonces. El incidente se produjo en el bar del Lago y terminaron a las piñas. Dicen que Tato se llevó la peor parte.
Luego vino el intento de copamiento al club a fin de enero de 2009 pero los hermanos Caminos, Pimpi, Tato y Juan Ramón, terminaron enfrentando una causa penal y fueron condenados cuando aceptaron acordar con la Fiscalía un procedimiento abreviado.
En febrero de 2010 un colectivo de la hinchada fue atacado a tiros a la entrada a Rosario por la autopista Aramburu lo que terminó con el crimen del adolescente Wálter Cáceres, dicen que el ataque iba destinado a Ochoa.
Por el hecho enjuiciaron a Claudio “Pájaro” Cantero y otros tres compinches pero terminaron absueltos por falta de pruebas.
Un mes más tarde mataron a Roberto “Pimpi” Caminos en la puerta de un bar en Servando Bayo al 1400. Por ese hecho fueron enjuiciados como autores materiales René “Brujo” Ungaro y Carlos “Betito” Godoy y como partícipe secundario Emanuel Súarez. Los primeros fueron condenados en uno de los primeros juicios orales de Rosario. Los condenaron a 17 y 11 años pero la Cámara Penal fijó para ambos una sanción de 11 años. Mientras Súarez fue absuelto, lo que le valió una golpiza por parte de Rosa Caminos en el pasillo de tribunales, y luego fue sometido a un nuevo juicio donde lo condenaron a 6 años y medio por una participación secundaria.
Ochoa había sido citado a una declaración informativa durante la instrucción pero no pasó de allí, en el juicio declaró como testigo. Pero el tiempo pasó y el entonces juez de instrucción Javier Beltramone reabrió la pesquisa en su contra y lo situó como instigador del crimen de su antecesor en el paravalanchas leproso y por la tentativa de homicidio y posterior crimen de Maximiliano “Quemadito” Rodríguez.
Ochoa fue detenido en agosto de 2013 y terminó enjuiciado por el crimen.
En febrero de 2017 por unanimidad el tribunal compuesto por los jueces Edgardo Fertitta, Marisol Usandizaga y Julio Kesuani, lo condenó a 11 años de cárcel por el crimen de Pimpi, lo que se unificó a una condena previa de 2 años y 4 meses por una portación de un arma que se le encontró tras una pelea en el bar La Tienda en 2008, en total la sanción fue de 13 años y 4 meses.
Quemadito
Maximiliano Rodríguez era el hijo de Sergio “Quemado” Rodríguez. Decían que se dedicaban a brindar seguridad en la venta al menudeo y además participaba de la barra de Newell’s. Era un ladero del Panadero pero la relación se rompió y quedó a la vista en septiembre de 2010 cuando el Panadero fue atacado en plena tribuna —por el hecho enfrentaron una causa penal por robo calificado en espectáculo deportivo Matías Pera y al Quemadito, finalmente Pera terminó condenado a 3 años de prisión en 2015 —, un mes más tarde Pera fue atacado a tiros en zona sur.
Según su declaración, el atacante le dijo “esto te lo manda el Panadero por traidor”, por el hecho fue condenado Jonatan “Cachorra” Creciente.
Quemadito estaba investigado por el ataque al Panadero y en diciembre de 2011 quedó involucrado en la balacera a Facundo Osuna en Villa Moreno, aparentemente por diferencias en un boliche. Este ataque tuvo su ajuste contra Quemadito el 1° de enero de 2012 quien terminó en el hospital. Su padre, al creer que no sobreviviría, vengó ese hecho junto a un grupo de amigos pero con las personas equivocadas. Llegó esa madrugada hasta una cancha de fútbol de Villa Moreno y atacó a cuatro jóvenes, mató a tres de ellos que estaban sentados en un banco de club. Eran Jere, Mono y Patóm. El caso se conoció como el triple crimen de Villa Moreno.
Quemadito zafó de esa herida que había recibido en el cuello pero terminó preso por el ataque a Osuna. Mientras estaba en el penal, se vinculó con un hombre apodado Gordo que había estado en las filas de Ochoa pero estaba distanciado, se sintió abandonado por el mandamás cuando cayó preso, cuenta el expediente.
Según la investigación, Quemadito se puso de acuerdo con el Gordo para mejicanear a Ochoa. Este último lo llamó y le propuso matar al Quemadito a cambio de dinero. La intermediación se hizo a través de un ladero de Ochoa apodado Manzana y el ofrecimiento llegó. Le propuso hacer el trabajo por 30 mil pesos, lo que mostró la intención de asesinarlo, explicaron los fiscales.
Recuperó la libertad en diciembre de 2012. Escuchas telefónicas determinaron que Quemadito había ideado su propio negocio de venta de estupefacientes mientras estaba en la cárcel y pretendía volver a la barra del club. El 29 de enero de 2013, estaba en la puerta de la casa de su novia, en Comodoro Rivadavia al 3400, cuando dos hombres bajaron de un Peugeot 207 y lo balearon. En la investigación resonaron los apodos de Chuno y Porteño. Cuando obtuvo el alta médica Quemadito se fue a vivir a un departamento en pleno centro. El 5 de febrero bajó con su novia y un amigo del departamento ubicado en Corrientes y Pellegrini, lo mataron de un certero tiro en la cabeza.
Por el crimen terminaron involucrados y condenados Héctor David Rodríguez, alias Porteño, a 16 años y 6 meses por la tentativa de homicidio de enero de 2013 y el homicidio. A Sergio Acosta, apodado Chuno, le dieron 14 años y 6 meses como cómplice primario por los mismos delitos. A Marcelo Romano, el amigo del Quemadito lo condenaron como entregador, a 13 años de prisión, y Walter Acosta, conocido como Walo, fue sentenciado a 6 años y 6 meses como partícipe secundario del crimen.
En marzo de 2016 la Cámara Penal revocó el sobreseimiento que Panadero Ochoa había logrado en esa causa y en marzo de 2017 fue procesado por la tentativa de homicidio y el crimen del Quemadito. Ochoa discutió en todas las instancias y de todas las formas posibles su situación procesal lo que incluyó cambio de abogados. Este lunes consintió la presentación de un acuerdo abreviado que no llegó a buen puerto.
El acuerdo
El fiscal Pablo Socca, su par Luis Schiappa Pietra y los defensores Juan Pablo Audisio y Lucas Peyrone llegaron a un acuerdo y el lunes por la tarde, se lo presentaron al juez Héctor Núñez Cartelle en una audiencia oral. El acuerdo versó sobre una participación secundaria de Ochoa en el crimen del Quemadito y pidieron una pena única de 18 años y 4 meses, lo que incluyó la condena previa por tenencia de arma y la instigación del crimen de Pimpi Caminos –en este último caso la condena no está firme pero la defensa decidió no continuar con el planteo del recurso extraordinario– y una sanción de 5 años por la participación en el hecho que terminó con la vida de Rodríguez.
El acuerdo dejó afuera la tentativa de homicidio del Quemadito, si bien se lo incluyó en la requisitoria de elevación a juicio este hecho lo dejaron para tratarlo tras el abreviado.
Beltramone lo imputó a Ochoa en 2013 por ofrecer al Porteño, a Chuno y a una tercera persona dinero y beneficios económicos ilegales vinculados a la barra brava para matar a Maximiliano Rodríguez. Para la acusación el motivo fue el ataque que Ochoa sufrió en medio del paravalanchas en septiembre de 2010 y el conocimiento que Quemadito tenía la intención de desplazarlo tras recuperar la libertad en 2012. La imputación explicó que el atentado y el crimen de Quemadito fueron perpetrados con el fin de mantener el liderazgo de una estructura mafiosa que a través de amenazas directas e implícitas sobre dirigentes y jugadores tenía como único fin la obtención de réditos económicos provenientes de negocios ilícitos como la venta ilegal de entradas de protocolos, inserción de publicidad ilegal, organización o venta ilegal de viajes cuando el club jugaba de visitante, decía.
Pero los fiscales explicaron que se vieron obligados a aceptar un cambio en la calificación debido a la complejidad de la investigación y a las distintas instancias que tuvo la investigación (arrancó en el viejo sistema) por lo que hicieron una revalorización de las evidencias y de las diferentes resoluciones que hubo en el caso.
Entendieron que es posible concluir que los autores materiales del homicidio de Maximiliano Rodríguez pueden haber tenido móviles propios para cometerlo, independientemente de los que haya tenido Diego Ochoa. Esto móviles se vinculan al negocio del narcotráfico y en particular a la disputa por un búnker “propiedad” de Maximiliano Rodríguez, el cual habría sido “expropiado” por el grupo de quienes luego fueron condenados como autores materiales de su homicidio, aprovechando, por aquel entonces, que Quemadito estaba detenido.
Esa duda principal de la acusación los llevó a concluir que Chuno Acosta y el Porteño Rodríguez ya habían decidido matar al Quemadito. Dijeron que no están en condiciones de probar en juicio que Ochoa fue quién “hizo nacer esa voluntad y los determinó a llevarla a cabo”, dijeron.
Descartaron la instigación y explicaron que el aporte de Ochoa fue una “cooperación psíquica mediante el reforzamiento de la idea del autor a través de una promesa anterior al hecho de brindar ayuda con posterioridad a éste” y encuadraron la participación del ex mandamás leproso en una actuación secundaria. Las partes propusieron una pena única de 18 años pero discrepancias técnicas que surgieron en la audiencia llevaron al juez a no homologar el acuerdo por lo que las partes evalúan reformular el acuerdo o apelar la decisión, contó una fuente fiscal.
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