El Ejecutivo santafesino envió este viernes notificaciones a unos 7.300 empleados de la provincia pasados a planta o titularizados durante el último tramo de la gestión de Omar Perotti para que hagan el descargo correspondiente ante la revisión de sus designaciones.
Medios santafesinos informaron que se trata de 5.300 personas que fueron pasadas a planta permanente de la administración provincial y otras 2.000 a las que se titularizó durante los últimos seis meses del mandato del rafaelino. El gobierno de Maximiliano Pullaro busca determinar si esas designaciones no violan la ley Federal de Responsabilidad Fiscal, que ordena no aumentar los gastos corrientes en ese periodo.
Las notificaciones, donde se informa que el empleado tiene tres días hábiles para “que manifieste todo lo que considere en relación a sus derechos”, se encuadra en el decreto 38 publicado el 13 de diciembre pasado con las firmas de Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Si no hay descargo, se advierte en la nota, “el expediente será remitido para consideración de la Comisión Revisora” bajo la órbita del Ministerio de Economía.
De todos modos, el marco legal contempla excepciones. Una refiere a los gastos “cuya causa originante exista con anterioridad al periodo indicado y su cumplimiento sea obligatorio”. Un ejemplo sería que algunos de los pases a planta, titularizaciones y asignaciones de funciones decretadas por Perotti en el segundo semestre de este año hayan sido dispuestas en el marco de acuerdos paritarios previos.
“Ante la posible existencia de actos administrativos y contratos dictados en el período de tiempo al que refiere” la ley de Responsabilidad, que sean “potencialmente contrarios a tal disposición, es necesario proceder a suspender los efectos de un conjunto muy puntual de actos y contratos que se encuentren -prima facíe- en esa situación y, paralelamente, dar inicio a un procedimiento de revisión de tares actos y contratos que se desenvuelva con estricto respeto de los principios de tutela administrativa efectiva, del debido procedimiento y de autotutela y anulación de oficio”, establece el decreto 38.
Allí mismo, además, se pone sobre la lupa “una serie de actos y contratos que, no obstante no encontrarse dentro del período al que refiere” la ley de Responsabilidad, “podrían presentar vicios de ilegitimidad susceptibles de afectar su validez, por contravenir el régimen jurídico de derecho administrativo aplicable en cada caso”.
Fuera de esos casos, Pullaro ya dio de baja 13 secretarios de Juzgados Comunitarios que había designado Perotti y derivó los expedientes a la Comisión Revisora. Esa instancia, si bien bajo la órbita de Economía, la integran, según el decreto 38, “el titular de la Sindicatura General de la Provincia o quien designe en su reemplazo, el Fiscal de Estado de la Provincia o quien designe en su reemplazo, la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la Subsecretaria de Recursos Humanos y Función Pública y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, quien la coordinará”.
La comisión tiene un plazo de sesenta días corridos para revisar los expedientes observados, aunque su trabajo se puede prorrogar. Y podrá “proponer, en forma fundada, la revocación de los actos administrativos o extinción de contratos que se consideren ilegítimos o contrarios al ordenamiento jurídico vigente y proyectar los actos que resulten necesarios a tales fines”. Con esos dictámenes, las autoridades que correspondan en cada caso tomarán las decisiones finales.
Los gremios que tienen incumbencia en la administración provincial, Ate y UPCN, ya cuestionaron la decisión del gobernador y argumentaron que los casos a revisión están contemplados en el marco de las paritarias.
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