Ciudad, Edición Impresa

Violencia de género

Conviviendo con el enemigo

Un hombre de 55 años que fue señalado por su ex pareja de encerrarla y prender fuego a su casa –por las quemaduras estuvo en coma–, quedó preso por una denuncia de su actual mujer, que sostuvo que la mantenía recluida bajo amenaza de muerte.


Un hombre de 55 años, que ya cuenta con una investigación penal en su contra por tentativa de homicidio a su ex pareja, quedó tras las rejas por encerrar y amenazar a su actual mujer. Según la imputación, el sospechoso generaba un control absoluto sobre la víctima, a quien obligaba a permanecer recluida en su casa y amenazaba con matarla si lo denunciaba. La mujer pudo terminar con esa situación cuando se animó a contactarse con una defensoría barrial que la enlazó con el Ministerio de la Acusación, donde pudo denunciar la situación que padecía. El sospechoso quedo detenido, pero en la audiencia argumentó que todo era una falacia de su pareja, originada en que era muy celosa. No convenció al juez Gonzalo López Quintana, quien dictó la prisión preventiva sin plazo mientras avanza la investigación.

El magistrado tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima –cuyo nombre es Elsa–, entendió que hubo privación de la libertad –aunque el encierro no fuera continuo– y evaluó que el imputado es procesalmente peligroso.

Para ello tuvo en consideración una situación anterior. El 21 de febrero de 2014 Alicia sufrió serias quemaduras al arder su vivienda, por las que permaneció en coma cerca de 40 días. No estaba claro lo que pasó con la mujer, que fue salvada por sus vecinos cuando llamaron a una ambulancia y la trasladaron a un hospital hasta que logró recuperarse.

Cuando lo hizo, relató que su ex pareja Rubén Néstor G., con el que tiene dos hijos en común, había ido a su casa para acordar el tema de la cuota alimentaria, pero la encerró y prendió fuego a la vivienda.

A partir de allí se inició una investigación penal compleja ya que la escena del hecho había desaparecido. El hombre, que era a su vez el sostén económico de la familia –es remisero–, fue imputado por tentativa de homicidio y recuperó la libertad con restricciones a través de un acuerdo de partes con consentimiento de la víctima, y la garantía de la propia Elsa, como su actual pareja, explicó una fuente judicial.

En este caso, que es uno de los primeros de violencia de género del nuevo sistema procesal penal, interviene, además, el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que acompaña a la víctima. La investigación debió reconstruirse íntegramente, se trabajó en la recuperación de la víctima y ahora está en la fase final de la instrucción penal preparatoria, sostuvo una fuente judicial.

Otra vez violencia

A poco de comenzar, la convivencia de Rubén G. con Elsa se empezó a complicar y no tardó en encerrar a la mujer, amenazarla con prenderle fuego y e impedirle ver a sus hijos, refirió la imputación fiscal. Elsa declaró que vivía controlada, que la tenía vigilada y amenazaba de muerte, pero usó el ingenio y le dijo que quería ir a la Defensoría Barrial a denunciar a su ex marido. El remisero la acompañó, y cuando Elsa pudo hablar a solas con la defensora Liliana Bastianelli le contó su situación. La funcionaria se contactó con la fiscal Mariana Prunotto, que articuló con su par Álvaro Campos, de la Unidad de Violencia de Género.

La mujer llegó el miércoles a la Fiscalía con su pareja de escolta, siempre con la excusa de denunciar problemas familiares con su ex. Mientras el hombre esperaba fuera de la oficina, la víctima radicó la denuncia y Campos dispuso la detención de Rubén G.

Ahora se llevó adelante la audiencia imputativa, en la cual el sospechoso fue acusado de amenazar y privar de la libertad a Elsa y, a pesar del esfuerzo de la defensora oficial Paula Álvarez, el juez López Quintana dictó la prisión preventiva en su contra. El juez sostuvo que se trata de una situación similar a la causa anterior en cuanto a la modalidad, donde resulta víctima la persona que se iba a hacer cargo del imputado en el proceso, que era garante y hay testigos de sus dichos.

El juez entendió que la privación no implica un encierro efectivo, lo que hay que compatibilizar con el estado de vulnerabilidad de la víctima, que fue constatado por un psicólogo.

Para la muñeca o el tobillo

“Encomiéndase al Departamento Ejecutivo para que, a través de la repartición que corresponda, solicite al gobierno de la provincia la implementación del uso de pulseras o tobilleras electrónicas que en casos de violencia de género den aviso automático a la Policía cuando se detecte una violación perimetral del agresor`”, dice el único artículo del proyecto de decreto que quedó aprobado por unanimidad en la última sesión del Concejo Municipal.

“El Estado santafesino debe asumir que fracasa con las políticas públicas para prevenir y evitar la violencia machista, por esto debemos seguir lamentando femicidios”, expresó la Norma López, autora de la iniciativa, quien resaltó que ahora se harán las gestiones para incorporar los dispositivos que pueden ser la clave para “mantener alejado a los hombres violentos”.

La concejala del Frente para la Victoria remarcó que cuando existe una orden de restricción judicial a parejas o ex parejas, las violan: “Según la Defensoría General de la Nación, en 2015, uno de cada tres agresores incumplió las restricciones impuestas por la Justicia”, explicó. Y, en ese marco advirtió que “el control de la Justicia debe ser a los violentos y no a las mujeres”.

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