En una vuelta sobre sus propios pasos, el gobierno nacional impulsa cambios en el control de la navegación aérea. Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley de creación de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (Eanase) bajo la órbita del Ministerio de Interior y Transporte.
El ministro del Interior, a través de la Eanase, tomará el control del servicio del tránsito aéreo y sus actividades conexas que estaban en manos militares desde 2011 por un decreto de la presidenta.
Esta empresa pública manejará ingresos por 250 millones de pesos anuales, dinero que en la actualidad se recauda en concepto de tasas de Protección al Vuelo y Apoyo al Aterrizaje y lo pagan las líneas aéreas.
El proyecto deja un premio consuelo al titular de Defensa: una caja residual compuesta por los casi 500 controladores aéreos militares, los 22 radares secundarios ubicados en aeropuertos civiles y el control de los aeródromos de uso militar. Agustín Rossi tendrá que pelear por su presupuesto.
Todo el paquete residual pasará a depender de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo.
Legisladores de la oposición, entre ellos el diputado radical Julio Martínez, advirtieron que la autoridad política de Defensa no debería asumir una tarea operacional que por ley le corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. También se objetó el artículo que establece que la Eanase se regirá por las normas y principios de derecho privado, cuando es una empresa estatal que tiene atribuciones de control de asuntos que hacen a la soberanía del país; por caso, la distribución del espacio aéreo, la determinación de zonas de vuelo restringido y de no vuelo.
Como en un partido de ping pong, los controladores aéreos pasaron en 2007 de la Fuerza Aérea a la Administración Nacional de la Aviación Civil (Anac), organismo público civil que se creó bajo el gobierno de Néstor Kirchner, luego, en noviembre de 2011, la presidenta revirtió la medida y creó la Dirección Nacional de Tránsito Aéreo dentro del Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea), que retomó la gestión al mando del brigadier Alberto Palermo.
La iniciativa de retorno a la órbita civil –una concesión a la presión de los gremios aeronáuticos– viene con novedades laborales: declara la actividad del control aéreo como un “servicio público esencial”, obligaría a los trabajadores del sector a no interrumpirlo de manera sorpresiva ni por tiempo indeterminado su labor. Los sindicatos tendrán que imaginar otro formato que no sea el paro general cuando tengan reclamos al gobierno.
Un puñado de entidades que agrupan a los controladores, entre ellas la Asociación de Trabajadores y Empleados de Protección y Seguridad Aérea (Atepsa), liderada por Omar Torres; la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de la Argentina (Acta) que conduce César Salas y la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico de la Republica Argentina (Apta), dirigida por Ricardo Cirielli, redactó el texto que aguarda su aprobación en la Cámara alta.
Los sindicalistas introdujeron ventajas para la Eanase a la hora de efectuar contrataciones y licitaciones públicas. El artículo 23 del proyecto dice que no le serán aplicables los controles previstos en la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus modificatorias del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional establecido por el decreto 1023 de 2001 y sí las auditorías de la ley de Administración Financiera y las del Sistema de Control del Sector Público Nacional (Sigen), entre otras.
Se reservan dos lugares por cada una de las organizaciones sindicales en el Consejo Consultivo de la empresa, ente que interviene en todas las decisiones técnicas y administrativas que adopte el Directorio de la Eanase para su funcionamiento.
Comentarios