Pablo Soria
La Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó el fallo de un juez de San Lorenzo que en octubre del año pasado había determinado la reapertura de la causa por contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez. La reciente resolución en segunda instancia no hace más que habilitar a los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada para avanzar en la imputación contra los tres empresarios que figuran como directivos de la planta abandonada, encabezados por Sergio Tasselli, entre otros actores involucrados en el expediente que se había cerrado en marzo de 2019 por una orden impartida por el ex fiscal regional Patricio Serjal.
Los camaristas Georgina Depetris, Carolina Hernández y Alfredo Ivaldi emitieron resolución en la causa por daño ambiental en la planta de Capitán Bermúdez. Rechazaron los planteos formulados por los defensores de los empresarios Sergio y Máximo Tasselli y Matías Gallegos. Y también de los patrocinantes legales de dos ex funcionarios que ya habían sido imputados en la causa: Serjal y el ex fiscal estatal Gustavo Luzzini. El fallo de Cámara permitirá que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery puedan reabrir el proceso judicial y acusar a los actores que -por acción u omisión- hayan tenido responsabilidad penal en la investigación frenada por contaminación ambiental en el predio del Cordón Industrial.
El 12 de octubre pasado, el juez sanlorencino Carlos Gazza había revocado el fallo dictado por su entonces par Juan José Tutau. El ex magistrado -ya jubilado- resolvió en marzo de 2019 el cierre de la causa por contaminación ambiental en la planta de Petroquímica Bermúdez, a partir de una instrucción de Serjal al fiscal Juan Carlos Ledesma.
En aquella audiencia, el juez Gazza rechazó el planteo de las defensas en cuanto al pedido de prescripción de la causa penal, haciendo lugar a la acción autónoma de nulidad pretendida por los fiscales Schiappa Pietra y Edery.
En tal sentido, Gazza declaró nula la resolución dictada el 8 de marzo de 2019 por su colega Tutau, quien dispuso declarar abstracta la cuestión penal y en consecuencia la extinción de acción en relación a Sergio Tasselli, a su hijo Máximo y a su yerno Matías Gallegos.
Gazza cuestionó la orden de Serjal de mandar a archivar la causa, cuando oportunamente el gobernador Miguel Lifschitz había emitido un decreto para que Fiscalía de Estado investigue la contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez.
A Serjal no solamente lo imputaron por recibir coimas en la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe, sino también por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución en la causa por daño ambiental en Petroquímica Bermúdez.
Además Gazza había advertido en aquella resolución que el fiscal Ledesma omitió informar al juez Tutau los valores existentes de contaminación en Petroquímica Bermúdez; como también que el fiscal general Jorge Baclini tampoco había firmado la instrucción de Serjal ni el convenio de remediación propuesto por la empresa a la provincia de Santa Fe. El magistrado cuestionó que nunca se investigó se hubieron victimas entre los vecinos de la localidad.
Para el juez de San Lorenzo, el grado de contaminación en Petroquímica Bermúdez es tan evidente y tan elevado que el peligro estuvo y está latente sobre toda la comunidad, afectando derechos supraindividuales, y que de forma indirecta afecta a cada individuo en particular no alcanzando solamente la voluntad de sanear.
Un informe lapidario
Un relevamiento encargado cuatro años atrás por los propios dueños de Petroquímica Bermúdez reveló la existencia de residuos tóxicos en suelo y en napas freáticas del predio de 21 hectáreas, con altísimos índices de contaminación ambiental, aseguraron.
En diciembre de 2017, los directivos recibieron un informe que daba cuenta que en la planta abandonada de Capitán Bermúdez “existen fuentes de tricloroetileno (TCE) y demás compuestos como cloroformo, tetracloruro de carbono, tolueno, tetracloroetano, xilenos y tetracloroetileno” al realizarse un análisis en las napas freáticas, por donde discurren las aguas subterráneas.
A pocas cuadras de donde hallaron agua contaminada por sustancias químicas, se sitúa la planta potabilizadora de calle Ecuador, desde donde se abastece a casi toda la localidad de Capitán Bermúdez con el vital elemento.
“La contaminación en Petroquímica Bermúdez es fenomenal. Hay niveles alevosos de sustancias dañinas para la salud en agua, aire y suelo, brutalmente por encima de los valores permitidos”, había asegurado el fiscal Schiappa Pietra.
“El hecho de que exista un cono de depresión producido por una importante extracción en el lugar debido a la presencia de pozos de bombeo de la planta de Celulosa Argentina, provoca el efecto de no permitir que la (napa) freática escurra en dirección natural al río, generando además el efecto de dejar esporádicamente sin agua los pozos de monitoreo”, reseñaron en el informe técnico.
En el resto de los pozos monitoreados, se verificaron residuos químicos “fuera de parámetros habituales”, como sodio y cloruro. Las investigaciones en suelo de Petroquímica Bermúdez “coincide con lo hallado en los freáticos, detectando cloroformo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, tetracloroetileno y tetracloroetano en las muestras indicadas, también asociadas a la zona de producción de TCE”, precisaron.
Constataron además “presencia de asbesto en la zona de disposición del mismo en suelo y de benceno en zona lindera a los tanques que almacenan dicho producto”.
El decreto del gobernador
En marzo de 2017, el entonces gobernador Lifschitz había emitido un decreto instruyendo al fiscal de Estado para que se investigue un escape de gas cloro desde el predio abandonado de Petroquímica, que ocasionó trastornos en la salud de alumnas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros y en trabajadores de la planta de Celulosa Argentina. La empresa se había comprometido a llevar adelante el proceso de desgasificación de las bombonas que contenían gas cloro.
Un año después, mientras continuaba activa la investigación penal por contaminación, se firmó un acuerdo de remediación entre la empresa y la provincia. En marzo de 2019, el juez Tutau dictó una resolución que extinguió la acción penal del directorio de Petroquímica. Lo hizo a instancias del fiscal Ledesma, quien había recibido la instrucción de su superior Serjal de archivar la causa.
“La causa se archivó ilegalmente”, denunció Schiappa Pietra. “Lo hicieron con la promesa de que iban a remediar el daño ambiental. Desde el Ministerio Público de la Acusación, sobre todo quien era fiscal regional (por Serjal) y la propia Fiscalía de Estado, ni siquiera se tomaron el trabajo de hablar con los vecinos del barrio para saber si tenían problemas de salud”, aseveró.
En septiembre pasado, la división Delitos Ambientales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Laboratorio Forense del Organismo de Investigaciones y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, tomaron muestras y contramuestras líquidas en el interior de la Petroquímica Bermúdez.
La actividad se llevó adelante tal como estaba planificado, luego de la visita que efectuaron los agentes días atrás cuando inspeccionaron la planta para luego realizar un muestreo de agua y suelo en zonas de posible contaminación. En la causa ya fueron imputados Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini.
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