La jurista y diputada provincial Matilde Bruera cuestionó con dureza superlativa a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ubicó por encima a la autonomía del gobierno porteño respecto de las medidas sanitarias decidas por el gobierno nacional por la pandemia de coronavirus. “La Corte Suprema, vergüenza, desconoce las instituciones una vez más”, disparó la legisladora, en el acaso más suave de sus cuestionamientos.
En una decisión reciente –y demorada, dada la urgencia del asunto– el máximo tribunal del país convalidó la potestad del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para decidir si mantenía las clases presenciales en las escuelas porteñas, a contramano del decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que entró en vigencia el pasado 1º de mayo y que dispuso, entre otras restricciones, la suspensión de clases presenciales por 15 días en toda el área metropolitana de Buenos Aires –esto es, Capital Federal y el cordón de 19 partidos del Gran Buenos Aires que la rodea– para atenuar la curva en el principal foco de covid-19 del país, que encabeza el número de contagios, personas internadas y de muertes del territorio nacional. Frente a ello, el máximo tribunal del país admitió entender en un amparo presentado por la administración porteña, pidió opinión a la Procuración General y finalmente hizo lugar al recurso. La decisión favorable contó con votos de cuatro ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Maqueda, en tanto que Elena Highton se excusó al sostener como doctrina permanente que la ciudad de Buenos Aires no tiene el estatus de una provincia, sino de un municipio.
Bruera, profesora de derecho penal y defensora de la Cámara Federal de Casación Penal, no perdonó, y describió al alto tribunal como: “La Corte que en medio de la situación más grave de la pandemia no habla de la situación sanitaria”. Y trazó un compendio de fallos y decisiones que habían generado profundo malestar:
- La corte del 2×1 que perdonaba a los genocidas.
- La Corte cuyos integrantes no pudieron ser invitados a la Facultad de Derecho de Rosario, porque fueron repudiados por el 2×1.
- La Corte que sostiene una competencia originaria en contra de la Constitución Nacional (por eso no votó Highton de Nolasco, tiene votos contra la competencia originaria).
- La Corte que en la situación más grave de la pandemia, niega que el Poder Ejecutivo pueda tomar medidas sanitarias generales para defender la vida y salud de los argentinos.
- La Corte que avala a los que destruyeron la educación pública y se opone a interrumpir la presencialidad por 15 para días bajar la circulación del virus y la mortalidad.
- La Corte que desconoce el Estado de derecho, y el sistema republicano y democrático.
- La Corte que habla de presencialidad, desde la virtualidad protegida y firma digitalmente.
Y concluyó: “La Corte a la que ya no le queda ni el pudor”.
Bruera, legisladora del bloque Justicialista-PJ, recordó así la decisión tomada el 3 de mayo de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, por la cual admitió que los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura pudieran computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de la sentencia firme, a partir de los dos años de prisión preventiva. Consideró aplicable al caso el artículo 7 de la ley 24.390, más conocida como “Ley del Dos por Uno”, en lo que escala nacional e internacional fue considerado como un retroceso en beneficio de la impunidad de quienes protagonizaron delitos contrarios a la esencia humana, lo que incluso colisionaba con tratados y convenciones internacionales de los que la Argentina es signataria y que en las últimas décadas habían gestado un consenso global sobre el castigo de esos crímenes. Si bien la situación fue corregida prácticamente de inmediato por una ley –la 27.362– que expresamente dejaba fuera de alcance de la normativa –pensada originalmente como aceleración de tiempos de acceso a la Justicia por parte de personas detenidas en un régimen después derogado– a los crímenes de la dictadura, un nuevo fallo de la Corte, con la misma composición, revirtió el fallo el 4 de diciembre de 2018, en otro caso.
Con todo, antes de la decisión de la Corte respecto de las medidas sanitarias, Bruera había cuestionado la “judicialización” en sí misma, que le da a la Justicia poder de decisión respecto de las estructuras del sistema de Salud. “El problema de la presencialidad no es solamente el protocolo en las escuelas sino la cantidad de gente que se moviliza en las ciudades”, distinguió. Y advirtió: “Hay que seguir vacunando y además tener en cuenta la estructura sanitaria y quienes no tomen las medidas para evitar una catástrofe van a ser responsables de la catástrofe”. De hecho, en todo el proceso se soslayó precisamente esa cuestión: imágenes de la salida de los alumnos de las escuelas porteñas que se replicaron en las redes sociales mostraron que no se mantenían ni el distanciamiento ni otros protocolos sanitarios “frente a una pandemia muy grave, con una segunda ola que parece mas grave que la primera”.
Comentarios