Ciudad, País, Sociedad

Testeo e información

Consumo de drogas: cinco razones para bancar la reducción de daños

Cada vez que los consumos problemáticos se instalan en la agenda, las voces del punitivismo y la prohibición atacan y desinforman. Es tiempo de que quienes legislan y quienes les votaron acepten que este mundo es un mundo con drogas o al menos uno con personas que las usan


Cosecha Roja

Agustín Aranda | Cosecha Roja

El 16 de julio de 2021 el periodista de la Nación, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno había lanzado una licitación para comprar 10 mil penes de madera. Acompañó el tweet con capturas de pantalla, medidas y el detalle de que debían estar pulidos. Nada incluyó de su destino: eran modelos para clases de Educación Sexual Integral (ESI), donde enseñan cómo poner o ponerse preservativos para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

Los penes de madera, que fueron la supuesta polémica de esos días en medios de comunicación concentrados y sus repetidoras en Argentina, son un ejemplo de una práctica estatal que reduce daños sin negar la realidad ni el placer.

La reducción de daños volvió a la agenda mediática nacional este lunes cuando el diputado nacional por Buenos Aires, Diego Santilli, una de las caras más conocidas de Juntos por el Cambio, criticó a la Municipalidad de Morón por entregar folletos a jóvenes con información sobre cómo usar marihuana y cocaína evitando riesgos. Además de algunos consejos, incluyeron los teléfonos de emergencias médicas y de Sedronar, el principal agente estatal encargado de las políticas de prevención y atención por consumos o adicciones del país.

Hoy, cuando la supuesta polémica empieza a desteñirse, todavía se puede leer en redes sociales el grito: “¿Alguien puede pensar en los niños?”. Esta ventana mediática nos sirve para reflexionar sobre algunos beneficios de la reducción de daños.

Es (o debe ser) una respuesta del Estado

El espanto o la pose de Santilli surge dos meses después de que 23 personas murieron por ingesta de supuesta cocaína adulterada en Buenos Aires. En ese momento, las organizaciones que defienden los derechos de quienes consumen pidieron a la población extremar los cuidados por la posible circulación de la sustancia en otros distritos. El gobierno acompañó el alerta sin mucha fuerza. Mientras tanto, quienes investigaban el caso habían situado el lugar desde donde habría salido la droga. Estaba en el partido de Tres de Febrero, a 30 minutos de donde repartieron los folletos con información y un mensaje de cuidado, que fueron una respuesta estatal a un problema de salud de la población.

Es para reducir las vulnerabilidades

Las oficinas administrativas del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat) en el barrio Moderno y Triángulo de Rosario, una de las zonas más complicadas de la ciudad, tienen lo habitual: una mesa, sillas y un estante que a veces sirve para que las personas que asisten dejen su lata de pegamento antes de entrar a hacer un taller de oficio, un deporte o tomen clases para completar la escuela. Incluso las rotulan con los nombres para que no haya confusión al salir. “Nadie consume adentro, pero es una forma de lograr que crucen la puerta”, dice el director del espacio, Ignacio Canabal, quien prefiere hablar de reducción de vulnerabilidades y no de daños.

El Diat y otros espacios de atención similares que no niegan el consumo logran establecer una relación con personas expulsadas del sistema y las asisten en reconocer sus derechos. Las ayudan a tramitar sus documentos, las vinculan por primera vez con un centro de salud, las contienen cuando son víctimas de violencia policial, todas variables habituales en la población con menores o nulos ingresos.

Es para evitar más problemas

En 2014 una organización de quienes usan drogas de venta ilegal en Reino Unido logró que una persona entregara parte de la pastilla de éxtasis que iba a tomar antes de entrar a una fiesta electrónica. La rasparon, analizaron y encontraron que en realidad era una droga de diseño llamada Superman, la misma que estuvo mencionada en la investigación por las víctimas de la fiesta Time Warp en Costa Salguero dos años más tarde.

El testeo de drogas, la información y la lucha porque los espacios habituales de consumo tengan las condiciones adecuadas (salidas de emergencia, acceso a sanitarios, servicio médico, agua, entre otras) es parte del trabajo de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, más conocida por la sigla Arda. Desde hace décadas, la organización no gubernamental insiste con estrategias de reducción de daños que incluyeron la entrega de kits de jeringas descartables a personas usuarias de cocaína inyectable y personas con VIH en Rosario para evitar contagios a principios de 2000.

Es una responsabilidad colectiva

El periodismo también puede reducir daños. En 2020 la Defensoría del Público, una de las pocas estelas que dejó la Ley de Medios, compartió una guía para el tratamiento respetuoso en contenidos que incluyan uso de drogas. No sólo las de venta ilegal, sino el tabaco y el alcohol, las de mayor participación en las muertes por sustancias, según el Observatorio de Drogas en 2019.

Entre los conceptos más salientes de la guía, y sin violentar la libertad editorial, está el simple acto de incluir el número 141, la línea telefónica que informa sobre los servicios por consumo problemático o adicciones en cada distrito de Argentina. Algo similar al 144 incorporado en noticias sobre violencia de género.

Es para actuar contra el policonsumo

Hace años que las autoridades sanitarias de Argentina apuntan al policonsumo, es decir, la mezcla de sustancias. Allí es donde se vuelve importante la información de qué usar, cómo y con qué acompañarlas. La investigación de la antropóloga Florencia Corbelle “El activismo político de los usuarios de drogas en Argentina” (2018) recupera antecedentes de reducción de daños en la década del 80. Eran grupos de personas que consumían cocaína inyectable y le sumaban todo aquello que pudieran traer de la farmacia. En cada uno, como cantó Charly García, había un “enfermero” que con sólo ver los prospectos sabía y recomendaba qué tomar y qué no.

Hoy, tres décadas después, ya no es momento de criticar ni de ver al enfermero, sino de fortalecer las redes de cuidado con el Estado. Es tiempo de que quienes legislan y quienes les votaron acepten que este mundo es un mundo con drogas o al menos uno con personas que las usan y no piensan dejar de hacerlo. Y que lo mejor para cuidarlas es respetarlas dándole información y contención en caso que se vuelva problemático.

Comentarios