Un grupo de dirigentes que incluyó a concejales, legisladores provinciales y de organizaciones no gubernamentales se reunió ayer en la ciudad para analizar y buscar estrategias con el fin de avanzar hacia la aprobación definitiva de un proyecto que la semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Diputados santafesina. La iniciativa propone delegar en los municipios el control y sanción sobre compañías privadas y de servicios que establece la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Hoy esa potestad está en manos de la Dirección Comercio Interior de la provincia.
La reunión se desarrolló en la sede local de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, que preside Alberto Muñoz, el anfitrión del encuentro.
Allí estuvo uno de los autores de la propuesta, el diputado santafesino (y aspirante al Concejo municipal de Rosario) del PJ Eduardo Toniolli y el actual edil y candidato a intendente local Roberto Sukerman. También asistieron, entre otros, el titular del Cesyac, Marcos Aviano, Fernando Rosúa (dirigente del Movimiento Evita) y Fabio Acosta, de la Asociación Casco Histórico.
Toniolli señaló que actualmente la ley nacional de Defensa del Consumidor dispone que los gobiernos provinciales actúen como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y sanción sobre su cumplimiento. “Pero también posibilita a las provincias la delegación operativa en gobiernos municipales. Este proyecto propone hacer efectivo ese mandato”, explicó.
Tras eso, el primer candidato al Palacio Vasallo del PJ-Frente para la Victoria señaló que “la inacción” de la Dirección de Comercio Interior de la provincia “expresada –por ejemplo– en su falta de control del cumplimiento” de acuerdos como el Programa Precios Cuidados podría ser suplida con el “poder que se le otorgue a aquellos municipios que tengan la voluntad de hacerse cargo del tema”.
El traspaso sería opcional y en los casos en donde los ejecutivos locales tengan la capacidad técnica y operativa para actuar.
Cómo funciona hoy
Hoy el eje del asunto radica en una cuestión legal. La oficina de Defensa al Consumidor local pueda mediar entre usuarios y empresas. También, llevar adelante campañas de concientización. Su función es más bien “política”.
Solo la Dirección de Comercio Interior de la provincia está en condiciones de llevar a juicio a los privados y empresas de servicios públicos ante la fundada denuncia de un usuario.
Muñoz entregó un ejemplo de un caso concreto vinculado a Precios Cuidados en donde un municipio con posibilidades de sanción tuvo una intervención directa sobre un privado.
El caso de La Plata
La oficina de Defensa al Consumidor de la capital bonaerense directamente cerró una cadena de supermercados por no cumplir con el programa que lleva adelante el gobierno nacional.
“Pero hay más. En Baradero, una ciudad más chica que Rosario, ya hay un Juzgado de Falta de Consumo. Si estas ciudades tienen éstas herramientas, ¿cómo en Rosario la municipalidad no va hacerse cargo de proteger al ciudadano?”, se preguntó el dirigente.
Muñoz también dijo que actualmente cuando “una empresa se instala en Rosario ya sabe que va a ser laxa la legislación y entonces llega con estándares de calidad distintos a los que, por ejemplo, brinda en Buenos Aires y otras ciudades del país”.
“Por eso queremos que se tenga la posibilidad de poder aplicarles sanciones en una instancia más cercana al ciudadano como lo es municipio”, agregó.
Según Sukerman, en tanto, la cuestión no sólo pasa por la voluntad política de control que tiene Comercio Interior. “Esa repartición no cuenta hoy la capacidad administrativa para desempeñar su función. Hay muchos municipios que ni siquiera tienen una delegación de esa repartición. Por eso también sería importante que se pueda delegar”, señaló el aspirante al Palacio de los Leones.
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