La empresa Vicentin denunció mediante un comunicado que un fallo de la justicia rosarina que ordenó al Banco Central (BCRA) el congelamiento de todas las cuentas de la agroexportadora afectaría el pago de aguinaldos y sueldos de los empleados de sus múltiples empresas. Sin embargo, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicaron que “se solicitó el congelamiento de cuentas bancarias que corresponden exclusivamente a personas físicas, excluyendo a las que pertenezcan a personas jurídicas, sujetas a revisión del Banco Central de la República Argentina”. Desde el gremio de Aceiteros anunciaron que presentarán un recurso de amparo para que se liberen los fondos destinados al pago de salarios.
En el comunicado, los directivos de Vicentin manifestaron: “La consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición”, según informó el portal reconquistasf.
“Estamos frente a una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”, así fue la respuesta de la empresa al fallo del juez penal de Primera instancia del Distrito nº 2 de la Ciudad de Rosario, Hernán Postma, ante la requisitoria del fiscal Miguel Moreno.
Desde Vicentin argumentan que “poco le han importado al juez y al fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios”.
Desde el MPA replicaron que la medida de la Justicia “no alcanza la medida a cuentas que pongan en riesgo el pago de sueldos”, como denunció Vicentin. Además, voceros judiciales indicaron que el fiscal Moreno, que investiga al anterior directorio de Vicentin por presuntas estafas, habló este viernes con los abogados de la agroexportadora concursada para aclarar el asunto.
Desde la empresa plantearon sus diferencias sobre los argumentos del fiscal Miguel Moreno: “Son absolutamente falsos, ya que no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por Fabián Lorenzini, juez del Concurso”.
En otra parte del comunicado, la empresa sostiene: “Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque”, concluyó el pronunciamiento.
A partir del congelamiento de las cuentas, el gremio de los aceiteros presentará un recurso de amparo la semana próxima. Pablo Reguera, secretario general del SOEA, dijo que “Vicentin es un tema aparte y estamos viendo de qué manera pueden liberar la parte de los sueldos. Son mil los trabajadores que hasta el día de hoy están trabajando”, explicó el sindicalista y advirtió que el pago de salarios supone fondos por cerca de 100 millones de pesos por mes.
Esta semana el fiscal Miguel Moreno a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario encabezó diferentes allanamientos a los domicilios particulares de ex integrantes del Grupo Vicentin y también la sede de la empresa.
Los allanamientos realizados fueron 17 entre las localidades de Reconquista, Avellaneda y Ricardo en el marco de la causa donde se investiga el accionar de una supuesta asociación ilícita dedicada a estafar a bancos y proveedores. De acuerdo a lo que trascendió, la fiscalía estaría convencida de la presencia de hechos ilícitos, y se busca encontrar las responsabilidades de los ex directivos de la agroexportadora en los mismos.
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