Una vivienda de barrio San Francisquito es motivo de disputa entre dos familias. Una de las partes que dice ser propietaria denunció que el domicilio, ubicado en Constitución al 2800, fue usurpado durante el viernes por dos personas desconocidas y que un familiar que se acercó para ver qué ocurría fue amenazado de muerte. Una mujer ofreció una versión contradictoria: afirmó que compró la casa de buena fe y que la pagó 100 mil pesos, pero como la compra fue en un marco de informalidad, no posee boleto de compraventa. La Justicia resolvió que el lugar permanezca vacío hasta que se acredite la titularidad.
Fuentes policiales informaron que, este lunes, una mujer de 42 años se presentó junto con su pareja en la comisaría 13ª para denunciar la usurpación de su vivienda. La denunciante, Mirta A., afirmó que en la noche del viernes se retiró de la casa alrededor de las 22. Estuvo ausente dos días, hasta que un familiar le avisó que extraños habían entrado en el domicilio. La señora agregó que, por temor a los ocupantes, decidió presentarse en la seccional.
Con estos datos, efectivos policiales llegaron al domicilio en cuestión, una austera casa a mitad de cuadra por Constitución, entre Virasoro y Rueda. En lugar no encontraron a nadie ni tampoco observaron ingresos violentados, sostuvo la Policía. El esposo de la mujer denunciante, Emilio M., quedó entonces a cargo de la finca.
Casi de inmediato el hombre regresó a la seccional: manifestó que a los quince minutos de retirarse la Policía tres sujetos lo echaron de la casa bajo amenaza de muerte.
El caso sumó nueva controversia alrededor de las 20. A esa hora, una mujer se presentó a la seccional para asegurar que había comprado la casa de la discordia a la denunciante. Según la Policía, contó que había pagado 100 mil pesos por el inmueble. Explicó que hizo un pago inicial de 30 mil pesos, pero no recibió por ese monto ningún comprobante. Ante las versiones contrapuestas, los efectivos decidieron comunicarse con el Ministerio Público de la Acusación.
El caso tuvo en principio intervención policial y ahora quedó en manos de la Fiscalía de Investigación y Juicio. Se espera que en la semana declaren las partes en pugna y que de alguna manera se acredite en forma fehaciente la titularidad de la vivienda, dijeron fuentes judiciales. Por lo pronto, el domicilio se encuentra vacío a pedido de la Justicia.
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