Los hijos adoptados de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se someterán mañana a análisis de ADN para saber si fueron apropiados durante la dictadura, aunque las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que el procedimiento es ilegal y buscarán impugnarlo.
El juez federal Conrado Bergesio cumplió con la orden de la Cámara de Apelaciones de San Martín de “realizar la toma de muestras de ADN en forma inmediata” e hizo lugar a un pedido de Herrera de Noble para que el análisis se haga en el Cuerpo Médico Forense y no en el Hospital Durand como dice la ley.
En consecuencia, las muestras serán tomadas mañana a las 7.30, aunque las Abuelas buscaban hasta última hora invalidar esa orden judicial para que el examen reúna otras condiciones.
Sucede que el juez también accedió al pedido de los hijos de la dueña de Clarín para que las muestras sólo se crucen con dos familias de desaparecidos y no con todas las que están registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), como se hace en el resto de las causas de este tipo.
La medida había sido solicitada en 2003 por la defensa de Herrera de Noble y los abogados de Marcela y Felipe Noble, quienes se niegan a realizar los estudios de ADN con otras familias en el BNDG.
“Así se procura obtener un resultado negativo y cerrar la causa”, denunciaron las Abuelas, que además anticiparon que “no consentirán” esta “medida de prueba ilegal ni que se realicen excepciones a la ley”, e interpondrán “recursos a fin de garantizar una investigación eficaz e independiente”.
“Desoyendo las pautas fijadas por el tribunal superior, Bergesio adopta una medida ilegal, notoriamente ineficaz, que solo dilatará más el descubrimiento de la verdad, prolongando el sufrimiento de las víctimas”, denunciaron las Abuelas.
Además, pidieron la “inmediata intervención” del Consejo de la Magistratura, por considerar que la actitud del juez “es un grave incumplimiento de sus obligaciones”.
El pedido de Herrera de Noble había sido avalado por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero luego el Congreso nacional dictó la ley regulatoria del BNDG, que dispone expresamente que cuando se investiga si una persona es hija de desaparecidos los análisis de ADN deben efectuarse en ese organismo, porque cuenta con las muestras genéticas de las familias de los desaparecidos.
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