Ana Laura Píccolo
Todavía no había transcurrido un mes de la masacre de villa Moreno cuando el juez de Instrucción Luis María Caterina –en turno durante la feria judicial de enero– procesó a Sergio Gustavo Rodríguez, alias Quemado, como uno de los autores del demencial ataque a tiros que en la madrugada del 1ª de enero terminó con las vidas de tres militantes barriales. Su resolución fue apelada por la defensa, que criticó con dureza la falta de material probatorio, principalmente por un irregular “señalamiento fotográfico” realizado en sede policial. Ayer, la Cámara Penal de Rosario confirmó el procesamiento aunque declaró “inaprovechable” la medida en la que el único sobreviviente de la masacre apuntó contra el Quemado. Al respecto, los jueces de alzada ordenaron al Ministerio de Seguridad que inicie una investigación administrativa para determinar la posible comisión de delitos por parte de los uniformados que realizaron la medida.
La resolución de la sala I de la Cámara Penal tiene lugar dos días después de que el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola dictaminara el procesamiento de otros cuatro imputados (conocidos como Teletubi, Pescadito, Damiancito y Maurico) acusados de participar junto al Quemado Rodríguez y a un menor apodado Jeta de la fatal balacera en la que fueron acribillados Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez.
Sin embargo, el material probatorio que recolectó Donnola al momento de su dictamen no fue el mismo que tuvo Caterina, ya que distintos hechos se esclarecieron con el correr de las medidas judiciales. En ese sentido, la crucial declaración brindada por Maurico aparece en la resolución de Caterina como la de un testigo, situación que se revierte en las semanas siguientes ya que Donnola lo ubica como el conductor del vehículo que trasladó a la escena del crimen a los otros cinco imputados.
En su primera versión, Maurico declaró que Jeta, un amigo directo suyo que al momento del crimen era menor de edad, le confesó el mismo día de la masacre haber participado de la balacera al igual que Quemado, Teletubi y Damiancito para vengar un ataque que había sufrido Maximiliano Rodríguez, conocido como Hijo del Quemado, momentos antes. Más tarde, Maurico se desdijo con el argumento de haber sido víctima de apremios policiales.
Su declaración es uno de los puntos que apeló la defensa de Rodríguez, representada por los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez, quienes plantearon que el dictamen no cuenta “con una sola prueba, un solo elemento serio” y que se basa en “meras conjeturas”. Además del testimonio de Maurico, los defensores alegaron que no hay testigos directos y pidieron la nulidad del reconocimiento fotográfico que apuntó contra el Quemado.
Pero los jueces de la sala I, Ernesto Pangia, Alfredo Ivaldi Artacho y Carina Lurati, validaron los testimonios recolectados en el expediente y confirmaron el procesamiento de Sergio Rodríguez. Si bien reconocieron las irregularidades en el señalamiento fotográfico y lo dictaminaron como “inaprovechable”, entre sus argumentos convalidaron los testimonios recolectados que se suman a un “conjunto de evidencias suficientes” para estimar al imputado como uno de los autores materiales del hecho.
En ese sentido indicaron que “la versión de Maurico resulta compatible con el relato de Sofía L.”, la novia del Hijo del Quemado que fue testigo presencial del ataque que sufrió su pareja momentos antes del triple crimen y quien se comunicó con Teletubi y Pescadito, que llegaron en pocos minutos al lugar y luego lo trasladaron al Hospital de Emergencias, donde aparecieron el Quemado y Jeta. Esas versiones se suman al material fílmico recolectado del hospital donde se observa a los imputados desde las 3.30 hasta las 3.36 de esa madrugada, siendo que la masacre ocurrió casi media hora después. También se basan en una vecina de villa Moreno que ubica a las tres víctimas sentadas en un banco de la canchita de fútbol de la Agrupación Infantil Oroño donde minutos antes se encontraban Ezequiel Villalba y un muchacho apodado Danonino, los presuntos autores del ataque sobre Maxi Rodríguez, quienes se presume eran los destinatarios de las balas.
En relación con el encuentro de Sofía con dos altos jefes policiales que actualmente se encuentran imputados por el juez Donnola y en disponibilidad, el fallo de la Cámara dispuso que se remita al Ministerio de Seguridad copia de las declaraciones de la joven para “la adopción de medidas no sólo disciplinarias sino de fondo para desarticular y prevenir a futuro situaciones y tuteos en un todo censurables para una fuerza de seguridad auxiliar de la Justicia”.
Narcotráfico, telón de fondo
Con el mismo tono que lo hiciera en su procesamiento el juez Donnola, los jueces de Cámara enmarcan la fatal balacera como un “fenómeno criminal del narcotráfico” que no es ajeno al accionar policial. En ese sentido, en un fragmento del fallo exponen que no se puede dejar de advertir “los preexistentes lazos policiales que, de acuerdo a lo revelado judicialmente por la novia de Maximiliano Rodríguez tenía el imputado con personal policial perteneciente a la comisaría 15ª previniente en el hecho y en cuya jurisdicción ocurriera la tragedia”.
En ese sentido, los jueces remarcan “el extraordinario poder ofensivo de las armas presuntamente empleadas, los costosos vehículos en el que se movilizan ciertos protagonistas del caso, las propias manifestaciones de algunos de los involucrados y la ferocidad de los sucesivos ajustes de cuentas entre grupos antagónicos que concluyeron en la tragedia”.
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