La Justicia federal confirmó la pena dictada contra un escribano rosarino que hace diez meses había sido condenado a tres años de ejecución condicional y a cinco de inhabilitación para ejercer la profesión por adulterar, con declaraciones falsas, un formulario de transferencia de vehículos. El hecho denunciado ocurrió hace 14 años y ese fue uno de los puntos que planteó la defensa del profesional –sin éxito– para pedir la nulidad del proceso argumentando que al no ser juzgado en un plazo razonable se violaron sus garantías. Por otro lado, el escribano público José Luis Gordó quedó a un paso de un juicio oral en la megacausa por estafas inmobiliarias que lleva adelante la Justicia provincial contra 15 profesionales y empresarios por delitos de “guante blanco”.
Según fuentes judiciales, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana el fallo emitido en abril de 2019 por el Tribunal Oral Federal de Rosario mediante el cual condenó al escribano Gordó a tres años de ejecución condicional y a cinco de inhabilitación para el ejercicio profesional por considerarlo autor del delito de falsedad ideológica de documento público (artículo 293 del Código Penal), en la transferencia de un auto.
En su decisión, los jueces de segunda instancia rechazaron un recurso interpuesto por la defensa del escribano que había planteado una serie de nulidades de carácter procesal y la supuesta violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable ya que el hecho endilgado tuvo lugar en 2006. Esa causa se desprendió de otro expediente donde se investigaban supuestas irregularidades en transferencias de automotores.
Según voceros del caso, en agosto de 2009 se le recibió declaración testimonial en sede judicial a un hombre que dijo desconocer no sólo haber firmado los documentos que se le exponían (entre ellos un formulario 08) sino también haberse dirigido en algún momento al escribano interviniente José Luis Gordó.
Tras el correspondiente requerimiento de instrucción, en noviembre de 2009 se llevó adelante un allanamiento en las oficinas del escribano. Fuentes judiciales informaron que ante la ausencia de los biblioratos correspondientes a los registros de las intervenciones donde figuraban las certificaciones realizadas entre enero de 2006 y diciembre de 2008, el profesional adujo como excusa haber sido víctima de un engaño por parte de policías, que en un presunto falso procedimiento le habían sustraído la documentación ahora requerida por la Justicia.
En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 3 de Rosario condenó a Gordó como autor del delito de falsedad ideológica por haber insertado declaraciones falsas en el formulario 08 N° 18273007 –destinado a la transferencia de un vehículo– e imponerle en consecuencia la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial durante cinco años para el ejercicio de la profesión de Escribano Público.
Rechazo a la acumulación
Al emitir su fallo, el TOF 3 de Rosario había destacado que el hecho ventilado en el debate, es decir, la inserción de datos falsos en documentos públicos, no constituye un hecho aislado, sino que se ubica en un escenario de existencia de varias investigaciones que tuvieron como protagonista a José Luis Gordó, tal como fuera expuesto por el propio acusado durante la audiencia de juicio. En efecto, tal circunstancia motivó que, en dos oportunidades, la defensa del acusado solicitara la acumulación del presente expediente junto a otros que presentaba al escribano por hechos similares.
La Fiscalía de juicio había propiciado el rechazo a la acumulación de diversos procesos, en razón de que la demora en la realización del debate, y la eventual condena, implicaba la continuidad del presunto accionar delictivo.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal representado en el juicio por el fiscal Federico Reynares Solari había propiciado el rechazo a tal solicitud, motivado en la cautela que debía observarse a la hora de analizar la concurrencia de las hipótesis previstas por el artículo 41 del C.P.P.N., con miras a una mejor administración de justicia y, a su vez, que cuando la jurisdicción rechazó el primer pedido de acumulación, lo fundó en que consideraba que “acumular los distintos procesos podría implicar una demora en el trámite de alguno de ellos”.
En efecto, el fiscal argumentó que la demora en la realización del juicio –y la eventual obtención de una condena que suspenda al imputado en el ejercicio de la profesión– implicaba la continuidad del presunto accionar delictivo, en tanto el uso de la matrícula oficial constituía una herramienta en el desarrollo de la actividad ilícita desplegada.
“En lo pertinente a esta última arista del análisis efectuado, asiste razón al tribunal en cuanto a que tanto los respectivos dictámenes del Ministerio Fiscal como de los jueces intervinientes, estuvieron orientados en orden a una más pronta administración de justicia, lo que posibilitó que finalmente pudiera celebrarse la audiencia de juicio”, indicaron los jueces de Casación.
Guantes blancos
Por su parte, Gordó es uno de los 15 procesados por la Justicia provincial en la megacausa conocida como estafas inmobiliarias que investigó a un grupo de profesionales, empresarios y sindicalistas por haberse apoderado de varios inmuebles de manera irregular.
Según los fiscales del caso, Valeria Haurigot y Sebastián Narvaja, la causa ya está encaminada para un juicio oral y público previsto para el transcurso de este año por el que desfilarán unos 500 testigos.
La investigación saltó a la luz en octubre de 2016 cuando Narvaja ordenó la detención de una decena de sospechosos a los que acusó de haberse apoderado de diferentes tipos de inmuebles de manera irregular. La más resonante fue la compra venta de un campo de 124 hectáreas en la localidad de Villa Amelia, propiedad de la familia del ex camarista Ernesto Navarro (fallecido) cuya primera venta se realizó con un poder apócrifo y luego fue pasando de mano entre los acusados hasta que entró en un circuito legal. Hubo otras maniobras similares con media docena de inmuebles que involucraron a los mismos acusados por lo que las investigaciones se acumularon en una megacausa.
Los 15 acusados que llegarán a juicio son el escribano Eduardo Martín Torres, el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, el contador y dueño de una clínica de implantes dentales Marcelo Jaef, el empresario Leandro “Lelo” Pérez, Ramona Rodríguez, el escribano Juan Bautista Aliau, su colega Luis María Kurtzemann, Juan Cruz González de Gaetano, Magalí González de Gaetano, Sandra Moresco, Vanina Viglione, Andrés Martín y el comerciante Omar Buscellato además del escribano José Luis Gordó.
Con diferente grado de responsabilidad las acusaciones incluyen los delitos de falsificación de instrumento público, estafa y lavado de dinero.
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