El Ciudadano
La Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó la condena a nueve años de prisión contra Sergio “Zurdo” Villarroel por haber montado una empresa criminal dedicada a la venta de drogas a grandes escalas en la ciudad de Santa Fe y la región. El empresario de 56 años es un ex pirata del asfalto que durante dos décadas mantuvo su dominio en el distrito costero de Alto Verde. En otra causa federal paralela se lo investiga por lavado de activos en cuyo marco secuestraron la cupé de alta gama en la que en 2012 ejecutaron a Martín “Fantasma” Paz en Rosario. Otro dato singular es que en la agenda del capo estaba el teléfono de Popeye, el colombiano Jhon Jairo Velázquez Vázquez, célebre sicario del mítico Pablo Escobar.
La confirmación de la condena a 9 años de cárcel tuvo lugar el miércoles de la semana pasada y lleva la firma de los jueces de Cámara Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Alberto Mahiques. Los magistrados resolvieron no hacer lugar a los planteos de nulidad de la defensa del “Zurdo”, representada por los abogados Claudio Torres Del Sel y Natalia Giordano, y aprobar la sentencia condenatoria que el 30 de mayo de 2018 que dictaron los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello.
El fallo de Casación rechazó el planteo de otro coimputado en la misma causa. Se trata de Martín Beilis, condenado a cuatro años de prisión efectiva por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Las detenciones tuvieron lugar a fines de 2016 cuando agentes antinarcóticos provinciales y federales realizaron 18 allanamientos en Santa Fe y Laguna Paiva. Del procedimiento fueron detenidos Villarroel, su pareja Débora Flores en su casa del barrio Alto Verde, y sus dos laderos, Cristian Gamarra y José Luis González. Todos fueron condenados, a excepción del “Zurdo”, a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de “comercio de estupefacientes” y altas multas.
Disconforme con la resolución, el fallo fue recurrido solo por la defensa de Villarroel y Beilis, quienes a lo largo de su presentación ante Casación cuestionaron, en líneas generales, que la investigación solo fueron escuchas telefónicas, y que sin embargo solo se secuestró un kilo de cocaína en una de las viviendas, que no habitada Villarroel, en Villa California.
En su fallo, los jueces destacaron que los diálogos “transcriptos por el tribunal, con los códigos propios de este tipo de coloquios y en la coyuntura explicada en el fallo dan cuenta, por ejemplo, de la llegada de cargamento, de la calidad del material estupefaciente e incluso, de las instrucciones que Villarroel impartía y las rendiciones de cuenta que recibía de uno de sus consortes de la causa”.
Además valoraron que los jueces santafesinos hayan dado entidad a la prueba aportada a lo largo del debate que reveló que Villarroel cambiaba seguidamente de números telefónicos. “Podemos afirmar que existe certeza respecto a la existencia de los sucesos y a la intervención que le cupo a Villarroel en los mismos, no advirtiendo vulneración de principios constitucionales”, remarcaron los jueces en su resolución.
El zurdo
Una característica que diferenció a la banda del Zurdo de otras organizaciones narcocriminales fue que la afirmación del liderazgo en el territorio no estuvo signada a fuerza de plomo y sangre. Algunos vecinos del barrio –según describen los investigadores– lo veían como una especie de justiciero, el hombre que les brindaba un servicio de tevé por cable a módico precio. Además, sostenía con sus billetes y sus contactos el club del barrio donde unos 400 chicos podían tener los equipos y la indumentaria necesarios para desplegar actividades futbolísticas.
La investigación judicial empezó el 24 de abril 2014 cuando personal de la Gendarmería recibió un llamado telefónico anónimo en el que se denunciaba a tres personas –una de las cuales fue detenida en Chubut por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización–. Para la acusación, el trío vendía droga para el Zurdo, quien estaba domiciliado en el distrito Alto Verde y contaba con cobertura policial.
Así, en base a diversas tareas investigativas, se pudo establecer que el Zurdo impartía las órdenes al tiempo que coordinaba en persona el transporte de drogas –en especial marihuana– desde Formosa hacia Santa Fe. También manifestaba un expreso interés en la compra de inmuebles y precursores químicos para la fabricación de cocaína. Gamarra se dedicaba a comprar, almacenar, estirar, fraccionar, distribuir y vender –junto a Flores y González– los estupefacientes, dice la acusación.
La pesquisa también pudo determinar que la organización contaba con amparo policial, entre los que se encontraba el oficial de la Policía de la provincia de Santa Fe Gustavo Miguel Gribaldo, quien fue detenido el 27 de septiembre de 2016, en el marco de otra investigación por narcotráfico llevada adelante por el Juzgado Federal de Reconquista.
En este contexto se realizaron los allanamientos del 10 de diciembre de 2016 en siete viviendas en la capital provincial y en la localidad de San José del Rincón donde se realizaron las detenciones.
Popeye, en la agenda del Zurdo
Del análisis de las escuchas al Zurdo no sólo se estableció que era el creador y el jefe de “una estructura funcional de considerable envergadura” que traía la droga de otros países limítrofes y las ingresaba por Formosa, sino que también encontraron en los contactos registrados en la agenda telefónica de Villarroel el del célebre Jairo “Popeye” Velázquez, conocido como ex jefe de sicarios de Pablo Escobar Gaviria en Colombia. “Se infiere que tenía conexiones con otras organizaciones narcocriminales a nivel internacional”, explicaron las fuentes.
La cupé del Fantasma
En la causa federal que investiga al Zurdo y a otras tres personas por lavado de dinero, la fiscalía descubrió que la cupé BMW Z4 sobre la cual fue ejecutado en septiembre de 2012 en Rosario Martín “Fantasma” Paz, cuyo crimen dio origen a la pesquisa que mandó presos a muchos integrantes de Los Monos por asociación ilícita, estaba en poder del Zurdo y la ubicaban en el Chaco. Sin embargo, el auto valuado en 70 mil dólares fue incautado en agosto del año pasado en un garaje ubicado en San Jerónimo y Zazpe.
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