El cabecilla de una banda delictiva dedicada al fraude inmobiliario fue condenado en Venado Tuerto. La investigación que llevó adelante la Fiscalía y que derivó en imputaciones a fines de 2018 determinó que las estafas por unos mil millones de pesos se realizó sobre unas 36 propiedades. El abogado fue condenado como jefe de la organización y deberá purgar una sanción de 6 años y medio de prisión efectiva, a lo que se sumó una inhabilitación para ejercer la profesión por cinco años y deberá pagar tres millones y medio de pesos en concepto de reparación económica a las víctimas y deberá hacerse cargo de las costas del proceso por otro medio millón de pesos.
El abogado Antonio Di Benedetto, de 62 años, fue condenado como jefe de la asociación ilícita dedicada a realizar estafas inmobiliarias y varios hechos de estafas reiteradas, falsificación ideológica de documento público, falsificación material de documento privado y uso de documento falso en forma reiterada. La decisión la tomó el juez Benjamín Révori tras la presentación de un acuerdo abreviado del fiscal Matías Merlo, a cargo de la investigación , y su defensor. La audiencia se llevó adelante en los Tribunales de Venado Tuerto.
Esta condena se suma a las 15 sentencias dictadas con antelación a otros miembros del grupo delictivo, varios de ellos escribanos, abogados y personas con conocimiento contable. “Logramos condenas de prisión efectiva, reparaciones económicas a las víctimas por un monto muy significativo”, contó Merlo. Asimismo, destacó que “un total aproximado de 300 hectáreas de campos muy valiosos que fueron transferidas ilegalmente volverán a sus dueños”.
También subrayó que “la recepción de ese dinero por parte de las personas estafadas no impide que puedan iniciar las acciones civiles que consideren pertinentes”. En tal sentido, agregó que “estas sentencias en el ámbito penal en el que quedaron acreditados los hechos ilícitos, puede ser muy importante para la vía civil”.
Modus operandi
“La organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace nueve años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común” contó el fiscal. Y agregó “el fin que se proponían era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial”.
La investigación se inició debido a las denuncias de las víctimas y tras un entrecruzamiento de datos con el Registro de la Propiedad se resolvió hacer un solo legajo, contó el fiscal. Merlo explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”.
“De la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”, explicó Merlo.
Condenados
Además de Di Benedetto, las otras 15 personas que fueron condenadas son Raúl Alberto Jaime a 5 años de prisión efectiva , María de los Ángeles Sarrias, Danisa Elisabet Pintos, Luis Celio Restovich deberán cumplir 4 años de cárcel. Eugenio Luis Casadei, Ángel Emilio Moreale, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla’rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones. También el pago de reparaciones económicas a las víctimas.
Resta un integrante del grupo delictivo que no optó por una salida alternativa al juicio y será juzgado por un tribunal en un debate oral y público. El hombre identificado como M.J.S. ya cuenta con una condena previa dictada en diciembre de 2012 y el fiscal además de la sanción solicitará la declaración de reincidencia.
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