El chofer de los asaltantes que asesinaron a Hugo Oldani en febrero de 2020 en el interior de su agencia en el centro de la capital provincial, fue condenado este jueves a la máxima pena al culminar el juicio oral. Además, un relacionista público de boliches recibió 22 años de cárcel por hacer inteligencia y brindar la información a los ladrones. La llamada Causa Oldani generó un escándalo en el ámbito judicial y político, luego de que una fiscal provincial quedara en la mira por permitir que los familiares de la víctima se llevaran una suma millonaria en pesos y dólares de la escena del crimen. La pesquisa determinó que en el local de Oldani funcionaba una cueva financiera que manejaba grandes volúmenes de efectivo.
Juan Manuel Ruffino, de 28 años, y Andrés Kaipl, de 32 y regenteador de boliches, fueron condenados en el marco del homicidio del financista Hugo Oldani, de 67 años, agravado por el empleo de arma de fuego y criminis causa (por haber sido cometido para procurar su impunidad en el robo), y tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.
Las condenas, resueltas por unanimidad, estuvieron a cargo del tribunal que integran la jueza Celeste Minniti (en la presidencia) y sus pares Pablo Spekuljak y Sebastián Szeifert.
El caso fue investigado por los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en tanto fueron querellantes Agustín Márquez y Ramiro Díaz Duarte, y defensores Sebastián Amadeo –Ruffino– y Gustavo Abraham –Kaipl–.
El asesinato
Oldani, fue asesinado de un tiro en el tórax cerca de las 18 del 11 de febrero de 2020 en la galería Rivadavia, ubicada en La Rioja 2441, donde tenía una agencia de turismo que también funcionaba como una cueva financiera, en la que los investigadores especulan que ponía en circulación lícita la recaudación de cajas negras policiales.
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Del golpe a la agencia de Oldani participaron cinco personas, entre ellas el autor material del crimen, Bruno Figueroa, quien se quitó la vida, según los voceros judiciales, mientras cumplía prisión preventiva en la cárcel de Las Flores. El cuerpo de este joven de 23 años había sido encontrado la tarde del domingo 19 de septiembre de 2021 en una celda de resguardo junto a una carta de 22 carillas y un celular. La pesquisa indicó que se investigaba la muerte violenta de Figueroa como un suicidio.
En relación al atraco, para la Fiscalía, hubo una persona que le brindó al relacionista Kaipl detalles de la actividad cambiaria que desarrollaba el agente de turismo y éste se encargó de hacer la inteligencia y reclutar a los asaltantes.
En diciembre de 2020, los investigadores apresaron a un bioquímico santafesino que fue sindicado como quien pasó estos movimientos y quedó detenido, aunque luego fue desvinculado de la causa por falta de pruebas.
En el veredicto del juicio oral de este jueves, el tribunal dio por probada la hipótesis de los fiscales, quienes acusaron a Ruffino de haber oficiado como chofer de una banda que asaltó y mató a Oldani, en tanto a Kaipl le endilgaron haber escoltado al grupo y llevar a cabo tareas de inteligencia previas al operativo.
Además, Agustina G. fue condenada en la Justicia de Menores a 10 años de prisión porque al momento de los hechos tenía 17 años, mientras que Brian Damiani, de 24 años, firmó un juicio abreviado con una condena a 12 años de cárcel como partícipe necesario.
“Tras recibir los datos y por la mañana, fueron hasta la Galería Rivadavia, donde Kaipl se bajó del automóvil y filmó y/o sacó fotos del lugar para mostrarle al resto de los partícipes el local en el que cometerían el robo”, precisaron las fuentes.
Alrededor de las 18 de ese 11 de febrero de 2020, según la hipótesis de los fiscales, Figueroa, González y Damiani fueron llevados por Ruffino a la galería en un Toyota Corolla. Iban escoltados por un Fiat Palio conducido por el relacionista Kaipl.
Los tres, menos Ruffino, bajaron a la altura de la sede del gremio UPCN en calle Rivadavia, caminaron hasta La Rioja y entraron luego a la galería. Damiani quedó de campana mientras que Ruffino siguió la marcha y se estacionó en la delegación de Aguas Santafesinas, enfrente del local de Oldani, unos 30 metros adelante, en dirección a calle 25 de Mayo, reconstruyó la investigación.
Llevaban precintos para retener a Oldani por si se complicaba el robo, contó uno de los imputados que se transformó en arrepentido. “Si yo sabía que había armas no me subía al auto ni de mañana ni de tarde, sabía que a esa hora está súper poblado el centro y está lleno de cámaras. Creía que era todo fácil, que era ir de parte del Mono y hacer el trabajo. Nunca supe la plata que se llevaron en el bolso”, describieron voceros judiciales sobre el testimonio.
Una vez dentro de la agencia de turismo, Oldani forcejeó la tenencia de un morral con la chica y con Figueroa, a los minutos se escuchó un disparo. Figueroa huyó y el joven que hacía de campana fue detrás, pero quedó la adolescente dentro de la galería disputándose el bolso con el agonizante agenciero hasta que en un momento se lo sacó y corrió.
Ruffino esperó en el auto y luego apretó el acelerador. En el interior del Toyota Figueroa dijo lo que todos ya sabían: “Le pegué un tiro” y fueron hasta un domicilio en el extremo norte de la ciudad a todos los involucrados, donde los guareció hasta que Kaipl llegó en auto y transportó a cada uno a su respectiva casa”, se detalló en la acusación.
El juicio oral a estos dos acusados comenzó el 13 de febrero último y culminó este jueves con la sentencia dictada por el tribunal: Ruffino fue condenado a prisión perpetua como partícipe necesario de homicidio doblemente agravado (por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido para procurar su impunidad -criminis causa), y de una tentativa de robo agravado (por el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda). Por su parte, a Kaipl le impusieron la pena de 22 años de prisión como partícipe secundario de los mismos delitos, describieron fuentes del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe.
La fiscal que protegió la cueva
El Caso Oldani tuvo una derivación hacia el interior de la Justicia por la suspensión de la primera fiscal Cristina Ferraro que investigó el caso por “mal desempeño de sus funciones”, ya que la acusaron de no preservar correctamente la escena del crimen y entorpecer investigaciones sobre el destino del dinero.
De acuerdo a lo estipulado por los pesquisas, la funcionaria del MPA protegió y permitió que familiares de Oldani retirarán alrededor de 3.5 millones de pesos y 1.1 millones de dólares que habían quedado a la vista en la escena. Esa suma millonaria había sido fotografiada por peritos y luego desapareció. También hubo especulaciones sobre el contenido de la caja fuerte, el cual la hija de Oldani no dejó que se abriera y esto fue consentido por la fiscal Ferraro, de acuerdo a lo ventilado por voceros judiciales.
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Por este hecho, diez personas fueron procesadas en la Justicia federal entre ellos la hija de la víctima. Además la fiscal enfrenta una causa penal federal en donde fue procesada tras una denuncia del ex ministro de seguridad Marcelo Sain.
Sain refirió que había “elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar podría haber funcionado una de las denominadas «cuevas financieras», sin autorización del Banco Central y Afip para realizar operaciones de cambio y préstamo de dinero”.
En agosto de 2020, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió “la formación de una causa por separado a fin de investigar el delito de encubrimiento en que pudo haber incurrido la fiscal del MPA, en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito agravado por tratarse de una figura especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”.
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Además, el 24 de noviembre de 2022 a Ferraro se le abrió una investigación administrativa y la Legislatura la citó para que diera explicaciones e intervino la comisión de acuerdos. Finalmente los legisladores que componen el acuerdo le impusieron cinco meses de suspensión.
La semana pasada, el diputado Leandro Busatto pidió retomar el proceso contra la funcionaria judicial e ir por la sanción más dura.
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“La causa Oldani es un verdadero escándalo institucional en el que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) miró para otro lado. Un crimen en el que desaparecieron un millón de dólares y pruebas luego de un homicidio”, sostuvo el legislador.
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