Ana Laura Píccolo
Una abogada que estaba a cargo de la oficina de Legales de la Ansés de Venado Tuerto fue condenada ayer a dos años de prisión condicional y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos luego de que un tribunal de la Justicia Federal la encontrara culpable de haber realizado trámites jubilatorios –pese a la incompatibilidad con su función– por los que cobraba honorarios particulares además de utilizar las oficinas del Estado y a sus empleados para garantizar la celeridad en los expedientes de su clientela.
La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario que entendió que la abogada Nancy Estela Fontana cometió el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” en tres hechos.
Los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider le dictaron dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua. Los argumentos del fallo se conocerán el próximo 16 de septiembre.
Fuentes judiciales informaron que la denuncia contra la abogada de 64 años –actualmente jubilada– fue impulsada por la diputada electa por el Justicialismo Paola Bravo poco después de hacerse cargo de la Unidad de Atención Integral (Udai) de Venado Tuerto.
Los voceros dijeron que Bravo le inició un sumario administrativo a la entonces directora de la oficina de Legales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) por varias irregularidades que comenzó a investigar luego de que su propia madre le contara que la abogada de la Ansés le había cobrado honorarios particulares para obtener la jubilación, y que los abonó con los primeros dos haberes percibidos.
La denuncia penal estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Arrigo quien durante el juicio pidió que la abogada sea condenada a cinco años de prisión tras considerar que las pruebas producidas durante el debate daban cuenta de los delitos cometidos.
De esa manera se refirió a los testimonios de jubilados y empleados, además de los legajos administrativos.
De esos testimonios el fiscal resaltó algunos de los que se desprendió que la oficina de la Ansés que correspondía a la Directora de Legales tenía dos puertas y por una de ellas la abogada atendía a clientes particulares.
También destacó el testimonio de cuatro jubilados que reconocieron haber realizado el trámite a través de la abogada Fontana quien los asesoraba en las propias oficinas de la Ansés o en su casa particular y que luego les exigía el pago de dos o tres haberes por los trámites realizados.
Por otro lado también declaró una gestora que trabajaba a diario en la repartición pública y que dijo ver cómo la imputada atendía en su oficina a personas particulares y que además era “público y notorio” que si los trámites los hacía Fontana salían en tres meses, cuando normalmente demoraban el doble.
El fiscal Arrigo pidió una pena de cinco años de prisión (el delito prevé de 2 a 6 años) tras sostener “la naturaleza de la acción, el desenfado de atender a los clientes en la propia oficinas públicas utilizando sus instalaciones y empleados, el nivel de educación que tiene, ya que se trata de una profesional de la abogacía, y la falta de dificultad para ganarse el sustento”.
Si bien la pena impuesta por el tribunal fue menor, desde la Fiscalía Federal destacaron la importancia de que se haya dictado una condena en un caso que es de “interés público”.
Comentarios