Guido Joel Andrada, de 24 años, es hijo de Marcelo, secretario general del Sindicato de Recolección y Barrido de Rosario. Fuentes judiciales informaron este martes que fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por golpear y amenazar de muerte a su ex pareja en enero de este año.
En un juicio abreviado, el juez de primera instancia Fernando Sosa condenó al joven, que integra la Comisión Directiva del gremio, a la pena única de tres años de prisión efectiva por considerarlo culpable de los delitos de “amenazas calificadas en concurso real con lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”.
Según la acusación de la fiscal Guillermina Torno, Andrada atacó a su ex pareja el 29 de enero pasado, cerca de la 1 de la madrugada, cuando se presentó en el domicilio donde ella vive.
En esa circunstancia, el ahora condenado “le causó lesiones golpeándola en las costillas”, señaló la fiscal, quien añadió que posteriormente el ahora condenado “logró ingresar al domicilio y utilizando un arma blanca amenazó a la mujer para que eliminara una publicación que había realizado en una red social, al tiempo en que le profería amenazas de muerte”.
Tras esas acciones, que fueron admitidas por el acusado, Andrada fue detenido por las fuerzas policiales esa misma madrugada, cuando estaba en el interior de su auto en la puerta de la casa de su ex mujer.
En el juicio abreviado salió a la luz una condena anterior contra Andrada, fechada el 25 de septiembre de 2019, por portación ilegal de arma de guerra, que había sido atenuada con prisión condicional de dos años y seis meses por ausencia de un fin ilícito en calidad de coautor.
El juez Sosa homologó el acuerdo presentado por la parte acusadora y la defensa, unificó los hechos y dictó para el dirigente gremial una pena de tres años de cumplimiento efectivo.
Andrada estaba con una prisión preventiva tras la imputación que en enero último pidió el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien argumentó que se trató de un hecho agravado por un contexto de violencia de género porque el gremialista y su ex pareja habían mantenido una relación sentimental de dos años en la que se habían producido otros hechos violentos. Entonces, la jueza Hebe Marcogliese dictó la medida preventiva por el plazo de dos meses.
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