El ex fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco, fue condenado a tres años de prisión en un procedimiento abreviado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, revelación de información secreta y por un allanamiento ilegal, todos hechos cometidos en 2019. El juez Adrián Godoy homologó el acuerdo en el que además, el ex funcionario quedó inhabilitado por seis años para ocupar cargos públicos y deberá pagar 400 mil pesos en concepto de costas procesales. El fiscal de Reconquista a cargo de la investigación, Leandro Mai, explicó que purgará la condena de forma domiciliaria “debido a que padece una enfermedad crónica y a que tiene a su exclusivo cuidado a un hijo menor de edad”.
Blanco fue investigado por conversaciones telefónicas con un vendedor de droga, a quien utilizó como fuente para una causa por robo de armas en la localidad de Hughes. Luego, cuando trascendió el caso, la Legislatura santafesina lo destituyó durante una sesión celebrada el 29 de abril pasado en la que también lo inhabilitó por diez años.
La investigación judicial en su contra estuvo a cargo de su par Mai de Reconquista, quien indagó los colaterales de una causa iniciada en la Justicia Federal por parte del fiscal Javier Arzubi Calvo. Esa pesquisa se inició en enero de 2020, a partir de una denuncia radicada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y luego fue derivada al fuero provincial.
Escuchas que comprometen
En un primer momento, la Justicia Federal de Venado Tuerto detectó un presunto vínculo entre Blanco y un comerciante de drogas de esa localidad a partir de escuchas telefónicas. En ellas, al fiscal se lo oye coordinando la compra de “revistas”, allanamientos e intercambio de información reservada del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Esas grabaciones, más una serie de seguimientos, ubicaron también al funcionario judicial en una casa de Roldán en la que, poco después, fueron encontradas drogas y armas durante un allanamiento.
Así el fuero federal remitió la información a su par provincial, y en enero último, la auditora general María Cecilia Vranicich inició un proceso paralelo interno del MPA –disciplinario– por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a lo que indagó Vranicich, Blanco habría utilizado información aportada por un dealer (como se conoce a los vendedores de drogas en la jerga policial) para avanzar con una medida de búsqueda de armas de fuego en forma irregular: sin dejar constancia legal de ese procedimiento ni solicitar órdenes de allanamiento a una vivienda.
Después, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, ordenó una investigación penal e indicó que quedara a cargo de un fiscal de la jurisdicción de Reconquista, para alejar sospechas y presiones.
Condena
Durante la investigación a cargo del fiscal Mai, Blanco acumuló un total de nueve imputaciones por distintos delitos. No obstante, la condena homologada este miércoles fue sólo por la comisión de tres de ellos, todos perpetrados durante 2019. Ese fue el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del ex fiscal, que el juez Adrián Godoy validó.
Según fuentes del caso, el primero de los ilícitos ocurrió la noche del martes 26 de noviembre cuando “en ejercicio de sus funciones como fiscal”, Blanco ordenó requisar un automóvil estacionado en la vía pública y secuestrar los elementos que había en su interior. Se trataba de un Renault Kangoo color blanco que era el centro de una pesquisa federal que tenía en la mira a Mauro Nahuel Novelino, detenido por narcotráfico, como jefe de una organización criminal y ahora acusado por dirigir a la banda desde el penal de Piñero. Según esa investigación, el sindicado líder ordenaba a otras personas la comisión de delitos desde el utilitario blanco, tales como amenazas y ataques.
Antes que la Justicia Federal tomara medidas respecto a ese vehículo, el ex fiscal Blanco lo secuestró de forma “intempestiva”. En ese sentido, Mai aclaró en la acusación la falta de noticias o hechos delictivos que “motivaran el secuestro y posterior peritaje del vehículo”, ya que Blanco ni siquiera investiga ataques a balazos cometidos desde el Renault Kangoo.
El segundo hecho tuvo lugar el sábado 28 de diciembre, oportunidad en la que –también en el ejercicio de sus funciones– Blanco “reveló información secreta y no cumplió la obligación de todo fiscal de mantener reserva acerca de una investigación en curso”, aseguró Mai. En la acusación añadió que “desde el lugar en el que estaba haciendo un allanamiento, llamó a una persona de su entorno –a quien la Justicia Federal investigaba por la venta de estupefacientes– y le dio la información acerca de lo que estaba ocurriendo”.
Por último, Mai detalló que el tercer hecho también fue cometido el 28 de diciembre, a las 13.30. Indicó que “revistiendo su cargo de fiscal, realizó un allanamiento ilegal de una vivienda” y agregó que “él mismo ingresó a un inmueble sin cumplir las formalidades prescriptas por el Código Procesal Penal de la provincia, y sin que conste la autorización libre y previamente expresada por quien tenga derecho a oponerse al allanamiento efectuado”.
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