Una mujer policial, de 38 años y que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Rosario, fue condenada este martes a tres años de prisión condicional por participar en una asociación ilícita dedicada a proveer armas y municiones en forma ilegal a cambio de una retribución económica. También fue sentenciada por incumplir con los deberes de funcionario público. En base a la acusación, la uniformada integraba la organización delictiva junto a su ex pareja también policía, un ex cuñado, una ex cuñada y otras dos personas. Todos fueron imputados por el hecho. Esta policía fue la primera condenada en la causa tras aceptar su responsabilidad mediante un acuerdo abreviado que fue homologado por el juez Hernán Postma.
Se trata de Mariana Guzmán, quien además fue inhabilitada para ejercer como funcionario público por cuatro años. El fiscal Pablo Socca de la Unidad de Armas imputó a seis personas, entre ellas a la policía Guzmán, por formar parte de una asociación ilícita que operó al menos desde los primeros días de marzo hasta mayo de este año cuando fue apresada junto a los demás sospechosos. La banda se dedicaba a poner en circulación y proveer armas de fuego y municiones bajo título oneroso haciendo entrega de dichos elementos a personas interesadas, sabiendo que los receptores no estaban autorizados legalmente para la adquisición de estos materiales, contó una fuente fiscal.
Según la sindicación, los miembros de la organización cumplían distintos roles: César Ariel González ofrecía a la venta o entregaba o transportaba las armas y municiones utilizando distintas modalidades que podían ir desde promover la mercadería, contactar a los interesados o coordinar las entregas.
Su hermano, el policía Sergio González, quien era miembro de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),se dedicaba a las negociaciones que concluían en la entrega de las armas y recepción del dinero en efectivo.
Guzmán trabajaba en el Comando Radioeléctrico y era pareja de Sergio González. La mujer se encargaba de administrar, recibir y guardar en su domicilio las armas de fuego y municiones asimismo recibió el dinero de las transacciones, contó el fiscal.
Otra de las integrantes del grupo era Cintia Luján Z., pareja de César González, a quien se la señaló como la persona que administraba y recibía las armas de fuego en su domicilio y entregaba “los productos” a los compradores.
Había otras dos personas que proveían y almacenaban ilegalmente las armas y municiones en su casa de Bermúdez al 6600. Se trata de José Luis A., un sodero que interactuaba con César González y Rosana Luján Z., el cual también entregaba el armamento a los compradores.
Varias conversaciones de Guzmán quedaron registradas, datan de los primeros días de marzo y dejaron a la vista negociaciones para la compra y venta ilegal de armas de fuego. En una de las charlas, la uniformada le contó a su interlocutor que tenía a la venta fusiles calibre .308, contó una fuente fiscal.
El 5 de marzo, tras algunos días de negociación, se hizo una entrega controlada en Carrasco y Gernuchoff donde un supuesto comprador le pagó a Guzmán 10 mil pesos por un fusil de caza calibre 300 que entregó Sergio González, según la acusación.
A los seis días pautaron otra entrega controlada en el mismo lugar, esta vez por la suma de 250 mil pesos por cinco fusiles y 245 municiones. Y el 18 de abril terminaron de completar el pedido con una carabina calibre 22.
El 23 de abril se produjo otro encuentro en una casa de calle Carrasco donde Sergio González le entregó al comprador encubierto una caja de cartuchos, tres con punta roma y una mira telescópica.
Como no se entregó todo lo pactado tres días después volvieron a encontrarse. Esta vez en un domicilio ubicado en calle General López al 400 de Villa Gobernador Gálvez, contó la fuente fiscal.
En la casa estaban los hermanos César y Sergio González y el comprador encubierto a quien le entregaron cajas con municiones de distintos calibres por la suma de 19 mil pesos, describió la fiscalía.
El 3 de mayo se realizaron distintos allanamientos. En el domicilio de H.G., otro de los acusados, ubicado en calle Roca 300 de Villa Gobernador Gálvez se secuestró sobre la mesa del comedor: 1 pistola calibre 11.25 milímetros con cargador, tres cartuchos 45, uno 11.25 y otro 40 punta hueca. En el ropero de una de las habitaciones, los pesquisas secuestraron un revolver 22 de 8 alvéolos color plateado con varios cartuchos el mismo calibre.
Asimismo se le atribuyó a Sergio González y a Guzmán, por su carácter de empleados policiales, haber incumplido con los deberes a su cargo al no denunciar a la autoridad judicial competente hechos constitutivos de delitos.
Este martes en una audiencia de procedimiento abreviado el fiscal y la defensa de Guzmán presentaron un acuerdo que fue consentido por la uniformada. Propusieron que la acusada fuera condenada a 3 años de prisión e ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.
El convenio fue admitido y homologado por el juez Postma, quien dictó condena y fijó reglas de conducta entre ellas la prohibición de tener o portar cualquier tipo de armas y municiones incluso de utilería y la prohibición de contactarse con cualquiera de las otras personas imputadas en la causa.
Pareja de policías y cuatro civiles, acusados de integrar asociación ilicita para vender fusiles
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