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Santa Fe

Concentran frente a la Legislatura para exigir una nueva ley de Agrotóxicos

La Multisectorial Paren de Fumigarnos organizó un encuentro en la capital provincial para denunciar a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por no tratar la iniciativa que puede perder, otra vez, estado parlamentario


El modelo agroindustrial requiere del uso de agrotóxicos y semillas transgénicas

La Multisectorial Paren de Fumigarnos convocó a una actividad este jueves a las 10 en la plaza frente a la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe, para exigir a los diputados que traten el proyecto modificatorio de la ley 11.273 “mal llamada de fitosanitarios”.

El encuentro incluye una conferencia de prensa a las 11 y una radio abierta, intervenciones artísticas, una muestra fotográfica -“El Costo Humano de los Agrotóxicos”, de Pablo Piovano- y una feria agroecológica “para demostrar que existe otra manera de producir”, planteó Sergio Gorosito, integrante de la Multisectorial.

Paren de Fumigarnos está conformada por 27 localidades de Santa Fe e invita a otras organizaciones ambientales a sumarse al reclamo que tendrá lugar este jueves. El proyecto de ley fue presentado por el diputado Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, en junio de 2020 y si no se trata antes de fin de año perderá estado parlamentario, como ya sucedió en otras cinco oportunidades en los últimos 11 años. La iniciativa lleva las firmas de las diputadas Dámaris Pacchiotti, de Ciudad Futura; Lucila De Ponti, del Movimiento Evita-PJ; Matilde Bruera, de Encuentro por Santa Fe -PJ; y de los diputados Rubén Giustiniani, del Partido Igualdad y Participación y Palo Oliver, de la UCR- Frente Progresista Cívico y Social.

En un comunicado de prensa la Multisectorial denunció públicamente a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su presidenta, Erika Hynes, del Partido Socialista, por no darle tratamiento al proyecto modificatorio de la ley.

“El proyecto permanece en la primera comisión donde ingresó, necesitamos hacer visible el tema e interpelar tanto a diputados como a senadores porque es en el Senado donde siempre se terminó trabando el avance de esta normativa”, señaló Gorosito que también contó a El Ciudadano que en la legislatura se conformó una mesa de diálogo para evaluar las modificaciones de la ley donde “algunos senadores están queriendo negociar con diputados para ver qué se saca, no vemos que salga nada bueno de allí”. “Mañana necesitamos tomar el micrófono para explayarnos”, planteó.

El proyecto presentado establece algunos puntos fundamentales entre los cuales se encuentra que el Ministerio de Medio Ambiente sea el nuevo órgano de aplicación y control de la ley de agrotóxicos. Establece una serie de prohibiciones: fumigaciones a menos de 1500 metros de pueblos, ciudades y escuelas rurales; de depósitos de agroquímicos en áreas urbanas; fumigaciones aéreas, de tránsito y estacionamiento de “mosquitos” en áreas urbanas, de menores en manipulación de agroquímicos. También estipula envases retornables de agroquímicos para reducir residuos y la prohibición de reciclado para otros fines. Finalmente plantea sanciones severas para quienes incumplan la normativa.

“Cargados de veneno”

Gorosito insistió en que el actual sistema de producción agraria -mediante transgénicos y agrotóxicos- trae consecuencias graves en la salud de las personas que habitan territorios cercanos, en principio. Además, los alimentos que la mayoría de los consumidores compran a través de supermercados están contaminados por los insecticidas que se utilizan en su producción, por lo que advirtió las dificultades de la población para eludir estos problemas. La forma actual más eficaz para hacerlo es consumir directamente en almacenes agroecológicos o quintas donde se sepa que no se realizan fumigaciones. “Cuando sentimos que una fruta o verdura no tiene su gusto habitual, que tiene un gusto raro, no es porque sean transgénicos sino que al producirse con veneno pierde sus nutrientes y vitaminas. Estás comiendo algo vacío que no te alimenta. Vienen cargados de veneno”, consideró.

En un comunicado, la Multisectorial señaló que este sistema de producción causa daños severos en el ambiente y en las personas: deforestación, desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, contaminación, enfermedades y muertes.

“No queremos que se deje de producir pero sí queremos que paren de fumigarnos”, sintetizó Gorosito. Citó lo que también compartieron en su comunicado: la evidencia científica reunida hasta el momento que da cuenta de este envenenamiento del que habla Gorosito. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Agencia de Extensión Rural Venado Tuerto, en la vecina ciudad se detectaron 20 compuestos entre herbicidas, insecticidas y fungicidas en el 84 por ciento y el 79 por ciento de las muestras de agua subterránea y superficial, respectivamente. Algunos de los agrotóxicos encontrados fueron: atrazina, metolacloro, acetocloro, glifosato, azoxistrobina, pirimifos – metilo, epoxiconazol y 2,4 – D. Todas estas sustancias son altamente peligrosas para la salud de la población y el ambiente en general. Desde la Multisectorial denuncian que este tipo de sistema se implementa en Santa fe desde hace por lo menos 25 años.

Según un informe de diciembre de 2020 de BMC Public Health cada año se registran alrededor de 385 millones de intoxicaciones agudas por plaguicidas en todo el mundo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció, en julio de 2008, que el 99 por ciento de las intoxicaciones agudas afectan principalmente a personas que viven en países con regulaciones débiles en materia de salud, seguridad y medio ambiente. En la actualidad, se calcula que por lo menos 200 mil personas al año mueren como consecuencia de envenenamientos agudos.

Políticas internacionales

El diputado Carlos Del Frade manifestó a El Ciudadano que en varios países de Europa tienen un plan que estipula que para el año 2027 ya no se podrán utilizar más estos mecanismos y sustancias. Francia y Suiza ya prohíben el uso de glifosato, Alemania y la Unión Europea lo están discutiendo para dejarlo atrás a lo largo de esta década y lo mismo pasa con México, en Centro América. Sin embargo, el legislador puntualizó que ni en Santa Fe ni en Argentina hay un horizonte similar: “Acá estamos muy lejos porque tampoco tenemos una legislación a nivel nacional. Los intereses sojeros son muy fuertes y atraviesan a casi todos los sectores políticos”.

“La idea de la productividad y la economía están por encima del ambiente y la salud para muchos de los sectores políticos de la provincia. El Ejecutivo habla de ecología en sus ministerios de Ambiente pero el porcentaje del presupuesto, que es el verdadero tamaño de la política, es anoréxico: es del 0,12 por ciento. Es la resignación de la ecología, una vez más, por el altar del agronegocio”, sostuvo el legislador.

Del Frade consideró que no habrá ninguna propuesta que sea superadora de la ya presentada y que intentarán insistir para que no sea modificada ni pierda estado parlamentario. Este jueves también acompañará la convocatoria.

Falta de compromiso

Tanto Del Frade como Gorosito sostuvieron que no existe ningún compromiso de la gestión provincial en avanzar en este tipo de legislación. El diputado marcó que si bien hay algunos legisladores del PJ que acompañan la iniciativa son justamente aquellos que más se están diferenciando de la gobernación de Omar Perotti. Gorosito, por su parte, contó que antes de su asunción Perotti se había comprometido a reunirse con ellos pero desde el inicio de su gestión no hubo ningún acercamiento. Tampoco han recibido respuestas de quien preside la comisión de Medio Ambiente en la legislatura, Erica Hynes. “No nos atendió nunca. Además hemos pedido reunión con todos los diputados de la comisión y le enviamos un mail a cada uno. Solo respondieron Del Frade, Bruera y Mónica Peralta”.

Gorosito también detalló algunas de las localidades santafesinas más afectadas por las fumigaciones como María Juana, Cañada de Gómez, Sastre, Andino, San Jorge y varios de los pueblos a la vera de la ruta 18. Algunas consiguieron ciertas normativas que los resguardan a, por lo menos, mil metros de distancia de los centros urbanos. “Está comprobado que cuánto más lejos estén de las fumigaciones, más resguardo pueden tener”, señaló.

“Necesitamos que dejen de fumigarnos, necesitamos dejar de respirarlo y de tenerlo en las napas de agua. Hoy por hoy pedimos que nos den 1500 metros de resguardo, que se prohíban las fumigaciones aéreas y que se quiten los silos de las zonas urbanas porque ese polvillo, al cargarlos, lo consume la población junto con el veneno”, explicó. Además, sostuvo que tienen reunidos muchos trabajos científicos que dan cuenta de la existencia de venenos en las cuencas del río.

En carne propia

En el comunicado de prensa compartieron el caso de dos personas para ejemplificar lo que sucede en el territorio santafesino, sobre todo en las localidades del sur. Norma Cabrera, de Cañada de Gómez, que sufre de diversas patologías: problemas en los huesos, diabetes,  inflamación vaginal, brotes en todo el cuerpo y deformidad de rostro cada vez que fumigan. Durante muchos años fumigaron a 15 metros de su casa, hoy por ordenanza municipal lo hacen a 150 metros pero los efectos nocivos en su salud son los mismos. La mujer lleva adelante un juicio contra la intendenta de Cañada de Gómez y el dueño del campo fumigado.

Gustavo Ludueña es habitante de Álvarez y portador de Linfoma no Hodgkin, enfermedad íntimamente ligada al uso de los agrotóxicos. Desde 2011 esta enfermedad se manifestó más agresiva, hasta el punto que tuvo que realizar un autotrasplante de médula ósea entre otros tratamientos. Coincide con el tiempo en que se dieron mayor cantidad de fumigaciones en la zona en donde vive. Junto a la Asamblea La 18, vienen denunciando las fumigaciones ilegales que afectan a las localidades del sur de la provincia.

En la actualidad, cada jurisdicción del país atiende situaciones puntuales con resoluciones locales y medidas judiciales, en la mayoría de los casos, ya que según denuncia todo el arco de organizaciones ambientales no existe una voluntad política y una ejecución de una política de Estado a nivel nacional en detrimento de estos mecanismos de producción para preservar el medio ambiente y la salud pública.

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