Concejalas y concejales se reunieron con representantes de la Comisión Intersindical de Acción Climática, quienes plantearon la necesidad de profundizar y generar normas que favorezcan el desarrollo de modelos productivos sustentables. También se llevó a cabo otra audiencia con representantes de la Asociación Civil Nodo Tau quienes a través de un proyecto solicitaron que se modifique la categoría de generación de residuos.
La reunión que se realizó este lunes en el Anexo Alfredo Palacios estuvo presidida por María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, e integrada también por Alejandro Rosselló y Ana Martínez, de Unión Pro-Juntos por el Cambio; Julia Irigoitía, de Todos Hacemos Rosario; Mónica Ferrero, del bloque Socialista, y Juan Monteverde, de Ciudad Futura.
Asistieron a la comisión de Ecología delegados y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Bancaria, Sindicato de Trabajadores Aceiteros, comisión de Salud y Medio Ambiente del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), y de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, todas organizaciones que conforman el espacio local.
Según explicaron, la comisión se conformó en 2018 y se consolidó al año siguiente, a partir de las quemas sistemáticas en la zona de islas, situación que generó un daño ambiental severo para el humedal y distinto niveles de impacto en la salud y la convivencia de la comunidad rosarina. El tema se planteó ante el comité mixto de Higiene y Seguridad de la provincia.
“Nos planteamos que la quema de los humedales también debía ser abordado desde nuestros sindicatos. Somos parte del sistema productivo, formamos parte de él”, explicó Gerardo Attolini, prosecretario de la Acción Gremial de la Asociación Bancaria.
“Tenemos en la ciudad el único banco público que resistió la ola de privatizaciones, el Banco Municipal de Rosario, que debe tener una mirada y apoyar al medio ambiente y a los sistemas productivos sustentables”, prosiguió el dirigente, quien ejemplificó con entidades de países europeos que, desde sus políticas financieras, apuntan solo a lo educativo, lo cultural y lo ambiental.
A modo de contraste, Attolini recordó que aún en democracia, en la Argentina sigue vigente la ley de entidades financieras que data de 1977, de tiempos del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. “La plata de los argentinos debe estar orientada a un sistema productivo determinado”, dijo en tono crítico.
Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, señalaron que la cuestión ambiental fue motivo para realizar un cambio de estatutos, en tanto otros gremios aclararon que incluyeron comisiones de medio ambiente en sus espacios.
Antonella Reinhart, de Siprus, planteó que se está trabajando en la temática desde el territorio y citó “la situación de General Lagos y pueblos fumigados donde los trabajadores deben respirar veneno”; desde Caod, se explicó sobre cómo se trata la problemática desde una perspectiva transversal con docentes y alumnos.
Luego de consultas que realizaron Rosselló e Irigoitía –esta última se refirió especialmente a la aplicación provincial de la Ley Yolanda– Ferradas se puso a disposición para generar una agenda común y recordó que en el cuerpo están en tratamiento un proyecto de capacitación.
Monteverde manifestó su intención de profundizar el compromiso y felicitó a los integrantes del grupo intersindical. Además, expresó que desde lo local “se avanza hacia un cambio de paradigma en la gestión de residuos”, en tanto mencionó el tratamiento que deberá dar el Concejo sobre los nuevos pliegos y la necesidad de incluir en un sistema circular a distintas organizaciones de gestión social.
Por su parte, Martínez expresó que la normativa que este año trata y deberá aprobar el Concejo Municipal tendrá que ver con los próximos 10 años de la ciudad. “Lo hacemos con el compromiso enorme de pensar en el futuro”, cerró.
Residuos electrónicos e informáticos
A continuación, edilas y ediles se reunieron con miembros de la Asociación Civil Nodo Tau, Luis Martínez y Javier Gómez Insausti, quienes argumentaron sobre su pedido de “cambiar de medianos generadores de residuos a grandes generadores”. Ese cambio de categoría, les permitirá mantenerse en cumplimiento de las normativas vigentes en caso de expansión de las actividades que realizan y que según señalaron tienen como objetivo “darle una correcta gestión a los residuos electrónicos”.
Mientras que Martínez explicó cómo surgió la organización que trabaja en la recuperación de esos residuos que les envían distintas instituciones públicas y privadas, Gómez Insausti se refirió a los aspectos técnicos del pedido para el cambio de categoría.
“Nuestra planta cuenta con las respectivas habilitaciones provincial y municipal y es una de las tres en su tipo en la región”, apuntó y dijo que por el momento la generación es mediana, pero que con la actual demanda se incrementará.
Según explicó, las principales dificultades las tienen con envíos que realizan dentro de las partidas generales de antiguos monitores o tonner, que cuentan con elementos contaminantes.
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