El Concejo Municipal votó este jueves, a partir de un mensaje de la Intendencia, una modificación de la ordenanza Nº 10.031, que regula la convocatoria para incorporar nuevos taxis en la ciudad.
Al explicar la normativa el concejal oficialista Fabrizlio Fiatti, de Arriba Rosario, indicó que abarca tres aspectos: “Amplía el plazo para pagar el canon de 36 a 60 meses; establece un plazo de gracia para empezar a pagar y la antigüedad de los vehículos, ante una situación económica difícil”.
Por su parte la concejala Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, destacó: “Acordamos que sea excepcional en cuanto a la antigüedad”.
En tanto, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, marcó que “es sólo por esta ocasión”.
En ese marco, al modificarse el artículo 8º inciso c, se precisa que los automóviles “deberán ser cero kilómetro o modelos que no excedan los cuatro años de antigüedad desde la convocatoria para el otorgamiento, en cuyo caso el kilometraje no deberá ser mayor a los 90.000 kilómetros”.
Por otra parte, de la concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, se aprobó un decreto que encomienda al Ente de la Movilidad Rosario (EMR) un informe respecto de las líneas a las cuales se les agregarán 140 unidades, las que fueron anunciadas en su momento en declaraciones públicas y en igual sentido acerca de qué empresas incorporarán personal.
Además, Gigliani consultó “si se realizaron acciones para que se cumpla con lo establecido en la ordenanza Nº 7.981” que crea el Programa de Mujeres Choferes del Transporte y de manera específica si en el caso de la empresa Movi Rosario SAU ingresaron choferes, personal o agentes para “Mi Bici, Tu Bici”.
También plantearon al Ente de la Movilidad que “proceda a la inmediata actualización y depuración del Registro de Mujeres Postulantes, con la misión de ordenar el acceso de mujeres al plantel permanente de las líneas del transporte”.
Informe sobre Uber
De la concejala Norma López, del Frente de Todos-PJ, a quien acompañaron Lisandro Cavatorta, Silvana Teisa y Julia Eva Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario, y Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, se dio curso a un decreto que pide al Ejecutivo que informe “cuántas actas se labraron en los últimos seis meses imputando la infracción sancionada en el artículo 301, inciso A del Código de Convivencia, con la pena agravada establecida para cuando el presunto infractor se sirve de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo”.
También se pide un informe sobre si en un operativo efectuado en la mañana del pasado 26 de marzo, en avenida Eva Perón 5525, “ante la detención de un presunto infractor prestador del servicio Uber” no se consignó el agravante contemplado en la normativa vigente por la utilización de la citada aplicación. Y en el mismo sentido “si vecinos de la ciudad aportaron previamente pruebas adicionales a los encargados del operativo para acreditar la prestación del presunto infractor a través de la app Uber y si se recibió el testimonio de la pasajera que era transportada al momento de labrarse el acta, dejando en su caso constancia del mismo”.
Por otra parte, consultaron si los agentes de Control de Proximidad tienen conocimiento sobre la normativa vigente ante estos casos y se encomienda al Departamento Ejecutivo para que se capacite a las y los agentes del Área de Control de Proximidad en la normativa vigente y actualizada.
Se abstuvieron en este pedido los bloques Unión Pro/Juntos por el Cambio y UCR/Juntos por el Cambio e intervinieron en el recinto el concejal Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio y la autora del proyecto, la edila López.
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