El polémico proyecto para repartir las ganancias de las empresas entre los trabajadores, impulsado por el diputado cegestista Héctor Recalde, comenzará a debatirse hoy en la comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. A la cita no acudirán las principales cámaras empresarias, quienes rechazan de plano el proyecto.
Las audiencias convocadas por Reclade, titular de la comisión se desarrollarán a partir de las 17.30 en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados. El abogado que responde a la CGT de Hugo Moyano insiste en avanzar con el tema pese a que desde el Gobierno dieron señales de que pretenden congelar la medida.
El proyecto de ley impulsado por Recalde, que cuenta con el respaldo de la CGT, prevé la garantía de participación de los trabajadores en hasta el 10 por ciento de las ganancias de las empresas de más de 300 empleados.
Además de Héctor Méndez, de la UIA, están convocados para hoy representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAM), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). Sin embargo, ninguno de ellos iría.
También, están invitados la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Confederación Empresaria Argentina (CAME), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina (APYME).
Al presentar la iniciativa, Recalde había anticipado que la idea era debatir el texto e invitar “a todos aquellos que quieran participar con su opinión” y adelantó que “seguramente a la primera que vamos a invitar es a la UIA, que expuso algunos reparos a la iniciativa”.
Según Recalde, el proyecto busca poner en práctica lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución, que señala que los trabajadores tienen derecho a participar de las ganancias de las empresas, al sostener que, al estar establecido en la Carta Magna, es una obligación y, como contracara, una obligación constitucional.
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