Arlen Buchara
Este domingo Amalia Granata se perfila a ser una de las revelaciones de la elección de Santa Fe. La mediática consiguió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 146 mil votos con el Frente Unite por la Vida y la Familia, un armado resultados de la alianza entre sectores de las iglesias Católica y Evangélica que busca cosechar el voto de quienes se identifican con el pañuelo celeste. El espacio político empezó a formarse el año pasado después del rechazo en el Senado del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y cuando llegó a la Argentina la organización Con Mis Hijos No Te Metas”, en contra de la educación sexual integral. Los colores celeste y rosado son una marca que se replica como franquicia en todo el continente latinoamericano con consignas en contra de leyes como divorcio, matrimonio igualitario, anticoncepción, identidad de género y protección integral de niñas, niños y adolescentes. En Brasil es donde esta alianza entre las iglesias evangélicas y el sector político se hizo más explícita, con el gobierno de Jair Bolsonaro. En Santa Fe, una de las provincias pioneras en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias, el frente Unite podría conseguir entre 3 y 4 bancas en la legislatura provincial. Granata es la cara visible pero, ¿quiénes están detrás del armado?
El encargado de la formación del Frente Unite por la Vida y la Familia es el pastor evangélico rosarino Walter Ghione, quien hoy ocupa el segundo lugar en la lista de diputados provinciales. Ghione ya había sido candidato a diputado nacional en 2017 por el Frente Espacio Grande, que encabezó junto con Carlos Monzón, hijo del fallecido boxeador santafesino. Sacó 32.470 votos y no consiguió ninguna banca.
En la misma elección Granata también se quedó afuera, con 60 mil votos. Fue la primera vez que incursionó en la política. Había entrado al Frente Renovador pero finalmente compitió por fuera, con una coalición llamada Popular.
En 2018, la votación en contra del proyecto de IVE, y el surgimiento del sector identificado con los pañuelos celestes, llevaron Ghione y otros sectores católicos y evangélicos a tejer alianzas para formar un frente electoral de cara al 2019. A nivel nacional, en septiembre lanzaron en Córdoba el Frente Federal Familia y Vida, con personalidades como el médico Abel Albino, Cynthia Hotton y Alfredo Olmedo.
Finalmente, Olmedo decidió bajar la candidatura a presidente y el frente se disolvió. En Santa Fe, Ghione buscó convencer a legisladores que habían votado en contra del aborto. La lista cerró con Granata a la cabeza.
El pastor tiene como principal bandera la defensa “de las dos vidas” y como principal enemigo lo que nombra como “ideología de género”. El año pasado, consultado por El Ciudadano, la definió: “Es un conjunto de ideas que expresan que la sexualidad es una construcción social. No estamos de acuerdo. Para nosotros la sexualidad es una condición biológica y la naturaleza ha colocado cada cosa en su lugar. Defendemos los conceptos biológicos de la sexualidad del hombre”. En la entrevista con este diario Ghione se mostró abiertamente en contra de leyes como identidad de género, matrimonio igualitario y educación sexual integral. También de los derechos alcanzados por mujeres y disidencias para terminar con la violencia de género, el abuso sexual y los femicidios.
El tercer lugar de la lista de Granata pone en evidencia el otro sector de la alianza estratégica del Frente Unite. Nicolás Mayoraz es un abogado rosarino que ha sido vinculado con el Opus Dei y con la jerarquía de la Iglesia Católica. Durante décadas integró organizaciones que con distintos sloganes se autodenominaron provida. Mediáticamente es conocido por representar a la Asociación de Empleados de Comercio en el pedido de implementación de la ley de descanso dominical. Pero también es recordado por sus participaciones en debates televisivos y radiales como representante de quienes se oponían a la entrega de anticonceptivos, píldoras del día después y a la regulación de los abortos que permite la ley desde 1921, por causales de violación y riesgo de salud.
En 2007, Mayoraz presentó en la Justicia un recurso de amparo para declarar inconstitucional la ordenanza municipal que en 1996 creó el Programa de Procreación Responsable. La norma fue la primera en todo el país y permitió la entrega de anticonceptivos gratuitos en la salud pública. En 2007 fue modificada y Mayoraz aprovechó el momento para objetarla diciendo que el Concejo no tenía facultades para discutir una política pública. La Justicia rechazó el pedido. En 2008 presentó otro amparo para frenar una ordenanza que habilitaba al municipio de Rosario a entregar pastillas del día después en hospitales y centros de salud. Decía que se trataba de un método abortivo.
El amparo fue desestimado en un fallo del entonces juez Civil y Comercial Iván Kvasina. En esos años, la estrategia de frenar políticas públicas en la Justicia no fue sólo en Rosario. En Córdoba y otras provincias hubo pedidos similares.
En 2010 Mayoraz cambió de enemigo y fue en contra de la diversidad sexual. Lideró la marcha en contra de la ley de matrimonio igualitario. En ese entonces integraba La Red Familia de Rosario, que agrupaba a organizaciones católicas y evangélicas. Con un acampe en la plaza Pringles pidieron a los senadores que no votaran el proyecto. En 2014 presentó un proyecto para declarar a Rosario como “ciudad pro vida”, pero no tuvo mucha repercusión.
El año pasado Mayoraz volvió a la carga con la presentación de la ley de IVE. En mayo de 2018 fue uno de los expositores en contra del proyecto en el debate en comisiones de Diputados. También fue vocero en distintas marchas que se hicieron en Rosario.
El cuarto lugar de la lista de Granata es ocupado por la santafesina Betina Fiorito. Se define como la primera representante del departamento la Capital del Frente Unite, porque los tres primeros son de Rosario. Es fonoaudióloga y dice que es una outsider de la política, aunque ya había integrado una lista de concejales en 2013 por Unión Pro, que después mutó en Cambiemos. Actualmente, representa al sector de Luz Balbastro, candidata a intendenta de Santa Fe por Unite. Hasta 2017 Balbastro compitió en las filas del Frente Renovador.
En el quinto puesto de la lista de diputados está el rafaelino Juan Domingo Argañaraz. Viene del sector evangélico y es profesor en la UTN. Argañaraz fue uno de los impulsores de una ordenanza de la organización Rafelinos Por la Vida aprobada el año pasado. La norma busca impedir la aplicación del protocolo de Interrupción legal del Embarazo (ILE), vigente en todo el país desde 2012 y que Santa Fe aplica desde 2013 para los abortos que son legales por causales. El Ministerio de Salud de Santa Fe emitió un comunicado en contra y reafirmó el compromiso en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y en la práctica de los abortos no punibles.
El año pasado Argañaraz participó de distintos debates televisivos en contra de la legalización del aborto. En uno de ellos dijo que desde la Iglesia evangélica a la que pertenece promueven abstenerse de tener relaciones sexuales como método anticonceptivo.
Contra la educación sexual
La avanzada contra la implementación de la educación sexual por parte del Estado empezó a fines de 2016 en Lima, Perú, con la organización llamada Con Mis Hijos No Te Metas. Si bien se define sin objetivos políticos ni religiosos, está formada principalmente por líderes evangélicos y católicos y del partido fujimorista Fuerza Popular, de extrema derecha. Actualmente, tienen 5 diputados en Perú. La organización ha sido vinculada económicamente a otras similares en Estados Unidos. Sus integrantes usan el término “ideología de género” que, según sus voceros, busca imponer un Nuevo Orden Mundial para homosexualizar al Perú. Los colores de la organización son el celeste y el rosado.
Grupos con una estética y un discurso idénticos funcionan en toda Latinoamérica y en el Caribe, y en países como Estados Unidos, Francia, Japón, Australia y Nueva Guinea.
Con Mis Hijos No Te Metas llegó a la Argentina después del rechazo del aborto legal en el Senado, con un fuerte vínculo con la Iglesia Evangélica. En Rosario desembarcó en septiembre del año pasado con carteles en toda la vía pública firmados por Comunidad Redentor, Consejo de Pastores y Rosario Te Quiero Provida. El mismo día el celeste y rosado inundó las calles de Córdoba capital. En la ciudad de Santa Fe organizaron una movilización con los mismos colores frente a la Legislatura. Se oponían del tratamiento de la ley de educación provincial, que toma la ESI según la legislación nacional y la actualiza con las nuevas leyes de ampliación de derechos sancionadas en la última década. Entre los asistentes de la marcha había personas repartiendo volantes del partido Bandera Vecinal, la agrupación neonazi que lidera Alejandro Biondini.
Cabe aclarar que sólo en 2018 gracias la aplicación de la ESI en Santa Fe lograron detectar más de 400 casos de abusos sexuales porque los contenidos de la ley ayudan a niños, niñas y adolescentes a diferenciar el cariño del abuso y las situaciones de violencia.
Organizaciones antiderechos
Las organizaciones autodenominadas provida han sido definidas por el movimiento feminista y de derechos humanos como antiderechos. La nominación responde a que cuando se analiza su origen y sus argumentos puede verse que no se oponen sólo a la legalización del aborto. Van en contra de distintas leyes que han servido para ampliar derechos en las democracias latinoamericanas. En Perú, por ejemplo, la organización Con Mis Hijos No Te Metas carga contra lo que define como “la familia democrática”. En Argentina, estas organizaciones fueron las que se opusieron a leyes como divorcio, matrimonio igualitario, educación sexual integral, proyección integral de niñas, niños y adolescentes y anticoncepción. También han sido vinculadas con grupos neofascistas como Bandera vecinal y con sectores que buscan hacer retroceder los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.
El abogado constitucionalista y uno de los autores de la ley de divorcio de 1987, Ricardo Terrile, explica que los grupos que en ese entonces estaban en contra de que los matrimonios puedan disolverse comparten discurso con los actuales opositores al aborto. “Eran los sectores más conservadores de la sociedad, con la Iglesia Católica y el Opus Dei a la cabeza. Pasó lo mismo con el matrimonio igualitario. Hoy vemos que se repiten los mismos argumentos que hace 30 años. Hay una intención de que la concepción católica sea el elemento que tome el legislador para votar cuando somos un país laico”, dijo en 2018 en diálogo con El Ciudadano.
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