Por: Ari Lijalad / Franco Mizrahi
El mundo judicial está en plena efervescencia luego de que El Destape revelara la existencia de una investigación judicial que apunta al Gobierno por un masivo espionaje ilegal de magistrados, que incluye desde ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a integrantes de la Cámara Federal porteña y la mitad de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py. Enojo e incredulidad fueron las reacciones de jueces que, lejos de desconocer las prácticas promiscuas de las que son objeto, reconocen que en sus años de tribunales no habían visto una operación semejante. Aún no está claro el número de víctimas: a medida que avance la pesquisa es de esperar que aumente la cantidad de espiados.
La noticia que hizo pública este medio provocó una inmediata reacción de las distintas corrientes internas que integran el Poder Judicial. Desde Justicia Legítima a las diferentes listas de la Asociación de Magistrados emitieron comunicados de preocupación y repudio.
El día posterior a la publicación de este medio, los tribunales de Comodoro Py amanecieron con la novedad instalada. Una de las 21 víctimas que figura en el dictamen del fiscal Ramiro González que le dio impulso penal al caso tenía más de 100 mensajes de apoyo en su celular.
“Es tremendo”, sintetizó uno de los espiados. “Veamos cómo reacciona nuestro país frente a este escándalo”, añadió. “Increíble. ¡Qué berretas!”, criticó otra de las víctimas.
Los contactos telefónicos entre los jueces para coordinar una acción común se multiplicaron. Muchos están analizando si presentarse como querellantes en la causa que tiene el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El propio Canicoba Corral tendrá que analizar lo propio con su caso, que separó del resto, lo envió a sorteo y le tocó a su colega María Romilda Servini de Cubría, otra de las espiadas.
La mayoría de los involucrados considera que el episodio es sumamente grave. Y están a la expectativa del avance del expediente en el que se busca desentrañar si desde distintas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Se sospecha que la información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”. En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Los organismos señalados por la Justicia que realizaron espionaje ilegal son: la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de la Ciudad, la UIF, el Ministerio de Seguridad de Salta, Gendarmería, la AFI, la Procuración General de la Nación, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el TOF 6. Distintas personas de cada una de esas dependencias ingresaron con una clave a Migraciones para ver las salidas y entradas del país de dos decenas de magistrados.
Ante el escándalo, el ministro de Justicia Germán Garavano llamó a varias de las víctimas. Lo hizo de forma oficial en nombre del Gobierno. Dijo que se ponía a disposición, algo que no terminó de convencer a sus interlocutores. Lo que si les quedó claro es que no negó el hecho. Por el contrario, lo admitió y prometió investigar.
Previamente, otros funcionarios habían mantenido contacto con algunos de los espiados. Por ejemplo, integrantes del Ministerio de Seguridad confirmaron a uno de los damnificados que todo lo publicado era correcto. Es decir, que se habían realizado los mentados ingresos a las bases de Migraciones.
La burda excusa que dieron desde el Gobierno para intentar explicar lo inexplicable fue que los usuarios y claves para consultar los registros de viajes al exterior “las tenían muchas personas”, como si eso le quitara responsabilidad. Todo lo contrario.
Sin ir más lejos, la Justicia busca determinar qué se esconde detrás de este espionaje ilegal, tal como lo catalogaron los investigadores. Nadie ingresa a ver los viajes de un juez sin una razón de fondo. Menos los de más de 20.
“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Ana Figueroa, integrante de la sala I de la Cámara Federal de la Casación Penal y una de las espiadas, en diálogo con El Destape.
Todes
Tanto la Asociación de Magistrados como Justicia Legítima son asociaciones civiles que agrupan a funcionarios judiciales y tienen posiciones distintas sobre la política judicial, pese al intento de algunos medios de legitimar a la primera y estigmatizar a la segunda.
Ante la publicación en El Destape de la existencia de la investigación sobre espionaje ilegal masivo contra jueces, el primer sector que se pronunció fue la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, donde se expresa la facción menos conservadora de esa institución.
El Destape pudo reconstruir que la lista Bordó, la más conservadora y que tiene el control de la Asociación de Magistrados, quiso demorar su repudio público. Cuando uno de los jueces espiados contó en un grupo de Whatsapp que agrupa a integrantes de este sector que le habían confirmado todo desde el Gobierno se terminó el debate y tuvieron que emitir un comunicado titulado “Profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal”.
Desde Justicia Legítima también repudiaron la situación, pidieron una investigación exhaustiva y plantearon: “La ilegalidad e impunidad con que se manejan distintos organismos del Estado están muy lejos del sistema democrático y republicano”.
La UIF cuestiona a la Justicia
Este medio también reveló que el Gobierno obstruyó la investigación judicial a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su titular, Mariano Federici, se negó a darle información al juez Canicoba Corral e incluso quiso invertir la cuestión al reclamarle al juez que le informara cómo sabía que desde la UIF requirieron información sobre el propio Canicoba Corral y su par Luis Rodríguez.
Ante el escándalo que significa no solo el espionaje sino los palos en la rueda a la investigación, la UIF emitió un comunicado donde se afirmó: “La UIF-AR es el organismo encargado de investigar sospechas de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Para ello, recibe información de fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizando”. El presidente de la unidad volvió a defender su postura de no brindarle información al juez de la causa: “La UIF-AR tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las mismas”, le espetó a Canicoba Corral, haciendo una particular interpretación del artículo 22 de la Ley que rige el accionar de la UIF, por la que se legisla el secreto que debe guardar un empleado del organismo. Pero el secreto no alcanza a la Justicia. El principio general es que los jueces pueden acceder a toda la información y controlar al Poder Ejecutivo.¿
Por tal motivo, el apartado más controvertido del comunicado fue el siguiente: “La UIF-AR atribuye las operaciones montadas en su contra precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados”. Es decir, consideró que el magistrado que está investigando si dependencias estatales realizaron un espionaje ilegal masivo se extralimitó. Así, la UIF y Federici se pusieron por encima del Poder Judicial. Algo que, indefectiblemente, no pasará inadvertido para el tercer poder del Estado. De hecho, el juez analiza los pasos a seguir.
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