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Hacia el derecho a decidir

¿Cómo es la legislación de aborto en América Latina y en el resto del mundo?

El primer país en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo fue la Unión Soviética en 1920. Hoy está permitido en 67 países, la mayoría del llamado Primer Mundo. En Latinoamérica, la prohibición y la criminalización son la regla


Foto Ana Isla

En el mundo las políticas de legalización y despenalización del aborto comenzaron en el siglo XX, y avanzaron hasta hoy con distintas variantes. En general, hay tres modelos para legalizar y despenalizar: por causales (que implica que la decisión recae en un tercero y no en quien quiere abortar), por plazos (que contempla la voluntad de la persona gestante hasta un determinado periodo de gestación) o la prohibición total. En muchos lugares se aplica un sistema mixto de plazos y causales. El primer lugar del mundo con aborto legal, voluntario y gratuito fue la Unión Soviética, en 1920. Entre las décadas de los sesenta y los ochenta avanzaron en la misma dirección la mayoría de los países del norte. En América Latina y el Caribe la penalización sigue siendo la regla hasta hoy: el 97 por ciento de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva vive en países donde está penalizado. Sólo cinco países lo permiten y en seis está penalizado con la cárcel bajo cualquier circunstancia. El 29 de diciembre en Argentina el Senado de la Nación decidirá si avanza en la política de salud pública o si continúa dejando la práctica en la clandestinidad.

Cómo es en el mundo

En junio de 2019 la organización internacional Centro por los Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés) actualizó el mapa en el cual puede verse cómo en las últimas décadas el mundo ha avanzado en la legalización y despenalización del aborto: seis de cada diez mujeres y personas gestantes en edad reproductiva viven en países que lo permiten ampliamente.

 

Según un informe de la periodista Mariana Carbajal, que estuvo en la presentación de esta herramienta en Vancouver, el mapa de CRR divide al mundo en cinco colores, de acuerdo con el grado de restricción al aborto. Además, refleja el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que vive bajo cada una de las categorías legales.

El 5 por ciento (90 millones) en países en los que está completamente prohibido, incluso cuando corre riesgo la vida de la mujer o persona gestante. En total, son 29 y varios están en Centroamérica. El 22 por ciento (359 millones de mujeres en edad fértil) viven en países donde sólo está permitido el aborto cuando es para salvar la vida de la mujer. En esta categoría hay 22 países. El 14 por ciento (237 millones) habita en lugares donde es legal cuando corre riesgo la salud de la mujer, entre ellos, la Argentina. Son 56 países. El 23 por ciento (386 millones) donde se puede abortar por razones sociales y económicas. Son 14 países.

El 36 por ciento, el mayor porcentaje (590 millones) que representa un tercio del mundo, son los lugares donde está legalizado completamente. Son 67 países, la amplia mayoría del llamado Primer Mundo.

América Latina y Caribe: la tierra de la clandestinidad

El primer país de la región en legalizar el aborto voluntario por plazos fue Cuba en 1965. Además, es legal en Uruguay desde 2012 y en Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico, países que adoptan la legislación de las naciones de las que dependen. Se suman dos estados de México: el Distrito Federal y Oaxaca (que avanzó en 2019).

Los países con aborto legal concentran apenas el 3 por ciento de la población en edad fértil de América Latina y el Caribe. El 97 por ciento restante vive en lugares donde está penalizado y se persigue el aborto por voluntad de la mujer o persona gestante.

En la región hay seis países que están entre los más restrictivos del mundo, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname, donde no está permitido bajo ninguna circunstancia y la mujer o persona gestante es criminalizada y perseguida con la cárcel.

El resto de los países de Latinoamérica tiene distintos grados de penalización y criminalización y sólo lo permite en algunas causales como riesgo de vida o salud, malformaciones fetales, niñas y adolescentes embarazadas, violación o violación de una mujer con discapacidad mental. En todos hay una constante: crecen los movimientos feministas que llevan adelante la pelea por la despenalización y que visibilizan los casos de las mujeres criminalizadas y muertas por abortar.

En Argentina el aborto es legal por causales de violación y riesgo de salud de la persona gestante, según dispone el Código Penal desde 1921. Las causales fueron ratificadas por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012 y la interrupción legal del embarazo se aplica a través de un protocolo hecho por Ministerio de Salud que deben aplicar todas las provincias, aunque la implementación es desigual según el territorio. Desde 2018 el país discute pasar a un sistema mixto: voluntario hasta la semana 14 y por causales por fuera de ese período, tal como dice el Código Penal.

Hacia el derecho a decidir

El proyecto de ley de IVE con media sanción del Diputados que el martes 29 de diciembre votará el Senado nació de la discusión entre los proyectos de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (presentado por octava vez en mayo de 2019), por la diputada Araceli Ferreyra, también en 2019, y el del Poder Ejecutivo de la Nación.

Con algunas modificaciones de último momento que surgieron para garantizar acuerdos en el Senado, el proyecto con media sanción plantea que Argentina permita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse en un plazo de 10 días en la salud pública y privada. También contempla la atención postaborto. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida. Estas causales son las vigentes desde 1921 en el Código Penal.

En los casos de las menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que estén acompañadas por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para dar su consentimiento.

Además, habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse y hacerse cargo de los costos de esa derivación.

Contempla también la responsabilidad de todos los niveles del Estado de implementar la Ley de Educación Sexual Integral con el fin de promover y fortalecer  la salud sexual y reproductiva de toda la población, y la capacitación sobre perspectiva de género y diversidad sexual.

Los números de la clandestinidad

En el mundo se calcula que se realizan 56 millones  abortos por año, de los cuales el 45 por ciento con en condiciones inseguras, con la consecuencia de muertes y daños a la salud.

Desde la vuelta de la democracia, en Argentina al menos 3.040 mujeres y personas gestantes murieron por abortos clandestinos. De acuerdo con un estudio elaborado en 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se producen entre 370 mil y 500 mil abortos anuales. Equivalen a entre 41 y 56 por hora. Además de muerte, la clandestinidad produce un promedio de 50 mil internacionales anuales por complicaciones, con daños irreversibles en la salud de las mujeres.

Según un informe de Redaas y ELA, en 2016 se internaron en hospitales públicos 39.025 niñas, adolescentes y mujeres por situaciones relacionadas al aborto. Casi la mitad de ellas tenía entre 20 y 29 años y 16 por ciento eran niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.

También reveló que entre 2016 y 2018, 7.262 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un parto: 8 de cada 10 de estos embarazos fueron no intencionales. El embarazo a término en estas edades cuadriplica el riesgo de muerte durante el embarazo, y aumenta el riesgo de complicaciones como eclampsia, hemorragia posparto, e infecciones. También existen efectos en la salud mental, e incluso en el proyecto de vida: las niñas tienen más probabilidades de abandono escolar, empleos informales, perpetuando ciclos de discriminación y pobreza.

El Observatorio de Géneros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó el 9 de diciembre un informe sobre los costos, la afectación de la salud y vulneración de derechos que provocan la clandestinidad de las prácticas de aborto en la actualidad. Tomando los datos de internaciones por abortos incompletos, donde están incluidas las complicaciones por abortos hechos en la clandestinidad, revelaron que la ilegalidad le cuesta a la salud pública 2.586 millones de pesos al año, un promedio 56.700 pesos por aborto clandestino. Si el aborto se legaliza, costará hasta 21 veces menos porque el 90 por ciento de las interrupciones serán con misoprostol. Además, estimaron que con lo que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 mujeres, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, lo que significa el 95 por ciento de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año.

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