El Ciudadano
El análisis del teléfono secuestrado al hombre imputado por balearse con la policía en Rosario y llevar una amenaza dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, derivó en la orden judicial de derribar cinco instalaciones destinadas al comercio de drogas al menudeo relacionadas “a familias históricas del hampa”, informaron fuentes judiciales.
La medida otorgada por la jueza penal de Rosario, Silvia Castelli, fue solicitada por el fiscal de la Unidad de Balaceras, Franco Carbone, e involucra a inmuebles ubicados “en dos barrios muy conflictivos”, sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“Son dos barrios muy conflictivos y los inmuebles son simbólicos y muy importantes”, dijo el fiscal durante una rueda de prensa realizada este mediodía en el Centro de Justicia Penal.
Los barrios y disputa de bandas
Los puntos de ventas que serán derribados por orden judicial están ubicados en Empalme Graneros y Tablada, cada uno bajo disputas por el control territorial de distintas bandas.
“Por un lado en Empalme Graneros, relacionado con Francisco ‘Fran’ Riquelme”, dijo Carbone en relación al hombre que este miércoles fue imputado por ordenar desde la cárcel la balacera del 27 de diciembre último a la seccional 19°.
Líder de una banda narcocriminal que opera en tres barrios del noroeste rosarino, Riquelme tiene una condena y una decena de imputaciones en trámite, mientras está alojado en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.
Los otros puntos de ventas que serán derribados están situados “en barrio Tablada, relacionado con la familia Funes”, precisó el fiscal del caso.
Los Funes son una familia de ese barrio del sur de la ciudad que tiene parte de sus integrantes asesinados y otros presos por diversos ilícitos, vinculados al narcomenudeo y los delitos conexos.
Según informó el MPA, parte de la evidencia utilizada por la Fiscalía para solicitar la medida surgió de la pericia al teléfono celular secuestrado el 27 de diciembre pasado a un joven llamado Carlos Román Montero.
Montero fue detenido junto a un menor de 16 años después de tirotearse con la policía, que intentó someterlo a un control de rutina.
Al momento de la detención, al joven le secuestraron también una nota de contenido amenazante dirigida al gobernador Pullaro, y por esos delitos fue imputado con prisión preventiva la semana pasada, recordaron voceros judiciales.
Datos entrucruzados
De la pericia al teléfono móvil surgió información relacionada con históricos lugares de venta e drogas ubicados en esos barrios de Rosario, que ya habían sido allanados en otras ocasiones.
Esos datos recabados del teléfono de Montero, supuestamente vinculado a la banda conducida desde la cárcel por Fran Riquelme, fueron entrecruzados por la Fiscalía con otras investigaciones de las que surgen los mismos domicilios.
“Hicimos una historización de estas residencias, entrecruzamiento de información con el Ministerio de Seguridad, relacionando hechos en los que se ha probado a violencia altamente lesiva que circunda a estos lugares, donde se disputan espacios de poder y hay disputas territoriales entre bandas”, dijo Carbone.
Puntualizó que en algunos de los inmuebles “ha habido femicidios, homicidios de niños” y aclaró que “no son viviendas, son instalaciones, porque no hay residentes”.
“Están ahí para vender droga y todos los otros delitos conexos. Una es una casa, entrando a un pasillo, donde hace seis meses mataron a una persona”, precisó.
También dijo que “son lugares donde se han hecho allanamientos, que se secuestraron dogas, armas de fuego, vehículos robados”, argumentos que empleó para solicitar su derribo.
La jueza Castelli hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso el “cese del estado antijurídico” por el que ordenó el derribo de las construcciones utilizadas como búnkers ubicados en Felipe Moré al 600 bis (2 propiedades); Ayacucho al 4300; Coronel Biedma al 200; y Necochea y Pasaje Ivanowsky, informó el MPA.
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