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Cómo controlar a la EPE

Comerciantes, vecinos, ONG y otros acordaron pedir resarcimientos por cortes de luz, un ente regulador y un marco legal para la electricidad. Los reunió la Oficina Municipal del Consumidor.


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Una nueva reunión para empujar la creación de un ente de control de la Empresa Provincial de la Energía se celebró ayer en la Oficina Municipal del Consumidor. No fue la primera, y no hay indicios de que vaya a ser la última. Sin embargo, durante el encuentro reinó tanto el optimismo, como los cuestionamientos a la gestión de la Red de distribución eléctrica en la ciudad y la provincia. Estuvieron presentes las autoridades de la Oficina, el diputado provincial Mario Lacava, del bloque Santa Fe en Movimiento, y el concejal Carlos Cossia, del bloque Peronismo Solidario, más un puñado de representantes de comercios e instituciones de la ciudad. Todos salieron del encuentro con las mismas expectativas: que este sea, al fin, el año de creación del ente de control y del marco regulatorio para la Empresa Provincial de la Energía. Un proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja –autoría de Lacava–espera tratamiento en el Senado provincial. El reclamo del autor es, dado el termómetro social respecto del tema, que se incluya y trate en extraordinarias, algo que por ahora no está en los planes del Ejecutivo, que tiene objeciones sobre el proyecto.

Más de treinta personas estuvieron presentes en la reunión de ayer, aunque la mayoría no lo hizo a título personal sino en calidad de representantes de entidades que agrupan a comerciantes de distintos barrios de la ciudad y de organizaciones de  consumidores. Todas reclamaban lo mismo: “Más diálogo y voluntad política” ante la problemática energética. La reunión se centró ante todo en discutir el proyecto de ley con media sanción, que establece la creación del Ente de Control de los Servicios Públicos (Ecosep) y el marco regulatorio del sistema eléctrico provincial, como ya lo tiene el servicio de agua y cloacas o el gas.

“Con la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados tenemos medio camino recorrido. Es mejor que haya un organismo de control a que no haya, aunque después el Poder Ejecutivo haga lo que quiera”, marcó –no sin ironía– el legislador provincial. Cabe señalar que el marco de comparación fue el Enress (Ente de agua y cloacas), y por eso las modificaciones que sugirieron los presentes estuvieron basadas en el rol de la ciudadanía, en la necesidad de una relación vinculante del ente con la empresa y la importancia de que haya una representación regional en el directorio del futuro organismo.

El diputado se mostró optimista tanto con la reunión como con la aprobación del proyecto, que en este momento espera ser tratado en la Cámara de Senadores de Santa Fe. “Estamos pidiendo que se incorpore en las sesiones extraordinarias de febrero porque la situación no da para más. Nosotros buscamos debatir el tema, no sólo el proyecto”, advirtió Lacava.

Por su parte, Alberto Muñoz, a cargo de la Oficina Municipal del Consumidor y a la par ex integrante del Enress, hizo hincapié en la necesidad de estos encuentros con la ciudadanía, los comerciantes y representantes en los distintos poderes. “Hay que encontrar una salida a esta situación, resolverla para no sufrir cada verano. Los vecinos y comerciantes buscan cómo mejorar su situación actual, pero también están pensando en el próximo año. Hay que evitar eso”, señaló Muñoz.

El veterinario Cossia, en tanto, fue el único edil del Concejo Municipal en hacerse presente en la reunión, y destacó la necesidad de que el Legislativo de la ciudad tenga participación en la problemática. “Es un tema que nos perjudica a todos, especialmente en todos los barrios. Los principales reclamos son por seguridad, agua y luz”, subrayó.

“No es sólo un espacio para quejarse”

La necesidad de la creación de un ente regulador para la Empresa Provincial de la Energía comenzó a ser uno de los debates más impulsados por las distintas fuerzas políticas de Santa Fe en los últimos años. Ahora, un proyecto llegó a la Cámara alta y espera su tratamiento para al fin lograr la creación del organismo. “Ya le pedimos al gobernador que envíe la media sanción al Senado para que sea debatida en extraordinarias. Creemos que es una obligación política hacerlo, porque el tema es imprescindible. El principal objetivo del ente sería “ejercer un auténtico control sobre la empresa estatal de energía eléctrica”, que actualmente no tiene ninguna injerencia externa.

“Un ente regulador no es sólo un espacio para quejarse, aunque su principal objetivo sea velar por el cumplimiento de los derechos del usuario, sino que busca ejercer un auténtico control sobre la empresa. Así, por ejemplo, contempla un nuevo marco regulatorio, que controle inversiones, calidad; que, en resumen, le diga a la empresa qué servicio prestar y se lo tome como referencia. También, fija la prestación de subsidios para los que no pueden pagar el servicio, y hasta tiene ingerencia en las tarifas eléctricas, llamando a una audiencia pública no vinculante previa al presunto aumento”, explicó Lacava.

Así, el ente, de quedar insituido, tendrá entre sus derechos y obligaciones: realizar inspecciones, controlar el cumplimiento de obligaciones y en su caso aplicar sanciones, desarrollar acciones para mejorar la calidad y eficiencia del servicio, controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión, establecer y hacer cumplir programas de consumo sustentable, presentar anualmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura un informe de gestión.

En tanto, el marco regulatorio ajusta la política en materia de energía eléctrica a objetivos tales como: “lograr prestar el servicio con continuidad, regularidad y seguridad; proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, asegurando tarifas justas, equitativas y razonables; regular las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, asegurando que las tarifas y la calidad del servicio se determinen por procedimientos objetivos; promover y desarrollar la prestación del servicio eléctrico en las zonas no abastecidas o deficientemente abastecidas; propender al uso racional y eficiente de los recursos energéticos; asegurar adecuadamente la protección del medio ambiente; promover el desarrollo de políticas tendientes a eliminar el fraude en materia energética”, según la letra del proyecto que cuenta con media sanción.

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