Este jueves por la mañana la Comisión de Seguimiento en Diputados sobre el caso Vicentin se reunió en Sede de Gobernación Rosario con integrantes del Ejecutivo provincial para repasar la situación de la agroexportadora en concurso, que en poco tiempo deberá presentar una propuesta de cancelación de pago a sus acreedores.
Los legisladores expusieron su preocupación ante la falta de avances en el tema, un escenario que puede marcar un camino de ida hacia la quiebra. Para evitar esta situación límite, pidieron a los referentes del gobierno provincial, mayor protagonismo político y sumar nuevamente al Ejecutivo nacional en la discusión.
El Ejecutivo provincial estuvo representado por el ministro de Gobierno Roberto Sukerman, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) María Victoria Stratta y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia.
Desde la IGPJ aseguraron que siguen de cerca el avance del proceso judicial. Mientras que desde el ministerio de trabajo y producción garantizaron que se encuentran atendiendo el sostenimiento de la producción y de las fuentes laborales.
Los integrantes del órgano legislativo plantearon su preocupación sobre la situación financiera de la concursada, debido a que está por entrar en un período de exclusividad, lo que implica que la empresa tiene que presentar una propuesta de cancelación con acreedores. Existe temor por un eventual incumplimiento o no aceptación de la propuesta.
En ese sentido, se planteó la necesidad de que el gobierno provincial tome protagonismo político para la sostenibilidad de la empresa sin la intervención del antiguo directorio y antes de que el conflicto derive en una quiebra.
“Para eso hay que apurar cuestiones penales y en forma paralela sumarse al reclamo de los acreedores y fundamentalmente que jueguen el ejecutivo nacional y provincial”, señaló el diputado provincial Carlos Del Frade ante la consulta de este diario.
Si bien el minsitro Roberto Sukerman se comprometió a re evaluar la cuestión, para el diputado “quedó sabor a poco” tras la reunión.
La partes consideraron que en este contexto, sería apropiado considerar la propuesta de un fideicomiso que están presentando varios acreedores (acopiadores y productores granarios). Se trataría de una salida similar a la que presentó la provincia el año pasado.
A partir de este consenso, se analizó el grado de participación que la provincia puede tener con el proyecto de fideicomiso.
“El juez (Fabián Lorenzini) lo había tomado en su momento pero consideraba que en ese caso la provincia podía tener apenas una co administración sin poder de decisión, con lo cual quedaba el peligro de un riesgo patrimonial para la provincia y por eso Santa Fe no lo aceptó”, explicó Del Frade.
Ahora la decisión quedó en manos del gobierno provincial, que tendrá que evaluar si vuelve a asumir un protagonismo político en el tema, y si logra sumar consenso de Nación para generar una solución que aleje el fantasma de la quiebra.
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