Con más de 70 inscriptos en Rosario y más de 30 en la ciudad de Santa Fe, se desarrollarán esta semana las audiencias públicas en las que se discutirá el aumento de la tarifa de agua potable. Es un mecanismo inédito y, aunque el resultado de las audiencias no será vinculante, desde el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) prometieron que los aportes de los participantes serán tenidos en cuenta. De todos modos, el presidente del Enress, Alberto Muñoz, dejó en claro que la decisión final quedará en manos del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, a cargo de Antonio Ciancio.
De las audiencias participarán las asociaciones de usuarios –que en Rosario tienen visiones contrapuestas respecto de la intención del gobierno de aumentar en un 87 por ciento el servicio y eliminar la tarifa plana para que se pague de acuerdo con el consumo–, dirigentes ambientalistas, profesionales, representantes de las cooperativas que brindan el servicio en las localidades donde no opera Aguas Santafesinas SA (Assa) y funcionarios del gobierno. “Estamos muy entusiasmados con el proceso”, comentó Muñoz en diálogo con El Ciudadano.
La primera audiencia será hoy en la capital provincial. La segunda, el viernes en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, Maipú 1065, desde las 9. “Para nosotros es un salto muy importante”, continuó el titular del Enress. “Hay un fuerte compromiso de que este proceso nos ayude a encontrar esquemas más equitativos y que se tenga más en cuenta a los distintos sectores sociales que han quedado relegados después de décadas de mucha injusticia”.
—Los aportes que se hagan, ¿van a ser tenidos en cuenta para la elaboración del futuro cuadro tarifario?
—La audiencia no es vinculante, pero la experiencia de las audiencias públicas en este país y en el mundo ha demostrado que las opiniones de las personas que participan terminan condicionando a futuro las decisiones que se toman. De ninguna manera es algo secundario; es muy importante, es un lugar donde las organizaciones y los usuarios, con distintos puntos de vista, vierten sus opiniones y es vocación del Ente tenerlos en cuenta para encarar la etapa que sigue.
—¿Cómo es el mecanismo del aumento?
—Hay un aumento propuesto por el Ministerio con motivo de un desfasaje muy grande que tiene la empresa. Ese pedido fue hecho al Enress y, a raíz de eso, llamamos a audiencia pública. A partir de eso se tomará una decisión. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Aguas. Pero las opiniones de los usuarios y del Ente no son secundarias: son necesarias. Lo dicen los contratos provisorios: el Ministerio, antes de tomar una decisión, tiene que tener un dictamen del Enress.
—¿Es decir que el proyecto de aumento tarifario no está cerrado aún?
—Nuestra vocación es tomarnos un tiempo para trabajar en un modelo más equitativo, más justo, en el sentido de que haya algún tipo de escalonamiento y de diferenciación. Un peso para una familia es poco y para otra es terriblemente mucho. Hay que tratar de encontrar nuevas formas en la dirección que ha planteado el ministro (Ciancio) para la modificación del marco regulatorio.
—¿Y cómo son los tiempos? ¿El aumento va a ser tratado en la Legislatura o va a salir por decreto?
—La reestructuración tarifaria prevista en los contratos es decisión del concedente (el Ministerio de Aguas); la modificación del marco regulatorio definitivo va a tener tratamiento legislativo seguramente, porque tiene que ver con otros conceptos.
—¿Existe la posibilidad de que Assa amplíe la cantidad de localidades en las que presta el servicio?
—De hecho está pasando. Con el proyecto del acueducto centro-oeste habrá otras localidades. Ceres tuvo problemas de agua y se le ha llevado cubas. Estamos convencidos de que hay que integrar los programas de aguas y no desintegrarlos; la tendencia a la desintegración empezó en la época de la dictadura, en 1980, cuando se desmembró Obras Sanitarias de la Nación y se creó la Dipos (Dirección Provincial de Obras Sanitarias), que después se privatizó (en 1995). Fue una tendencia hacia el desmembramiento de un problema que es de todos. No tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la provincia: tenemos ciudadanos. Así que tenemos que poner todos los problemas sobre la mesa y ver cómo, entre todos, los solucionamos.
—Hoy Assa brinda el servicio de agua potable y de cloacas en 15 localidades y en el resto lo hacen las cooperativas. ¿Existe la idea a futuro de unificar el servicio para que haya un solo prestador en toda la provincia?
—Va a ser un proceso, pero a mi entender es difícil que eso sea así. Cada localidad, a través del tiempo, tuvo que resolver sus problemas por su cuenta. Hay 128 cooperativas que han hecho un trabajo muy bueno a través del tiempo y han resuelto problemas que el Estado no había resuelto en su momento. Hay municipalidades y comunas que prestan el servicio y los costos son distintos. No es lo mismo la zona del interior de la provincia que las zonas que están vinculadas con un río.
—¿Cómo está la situación tarifaria en las comunas y ciudades donde no opera Assa?
—Las comunas y las cooperativas tienen tarifas sensiblemente superiores a las de Assa. Son tres, cuatro o cinco veces superiores, porque las cooperativas no tienen otra alternativa que transferir los aumentos de los costos a las tarifas; si no, se funden. Entonces muchas veces hay planteos de las cooperativas sobre que es injusto que haya una empresa como Assa, fuertemente subsidiada por el gobierno provincial, y otros sistemas desvinculados, que no tienen el mismo trato. Hay que poner todo acorde, tratar entre todos de dividir los costos con criterios de equidad y de justicia. La equidad, en un tema como el agua, que es un derecho humano, es fundamental.
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