Un contador, su hermano y siete empleadas comenzarán a ser juzgados este jueves por la Justicia Federal de la capital provincial, acusados de estafar a más de 400 ahorristas por un monto superior a los 250 millones de pesos, a valores de 2016, a través de la firma Bolsafe Valores.
Según voceros judiciales, Mario Rossini, titular de la empresa, es el principal imputado ya que era la cara visible del entramado que a través de Bolsafe estafó, según la denuncia, a 408 víctimas querellantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, entre otras.
Las fuentes señalaron que este jueves se iniciará la primera etapa de la causa y que en las siguientes se juzgará la intervención de la sucursal santafesina del Banco Galicia, y también de funcionarios del Mercado de Valores del Litoral, la entidad encargada de fiscalizar la actividad financiera y bursátil de las firmas involucradas.
El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe estará conformado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider, e interviene el fiscal Martín Suárez Faisal, con la asistencia y colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que participó desde las primeras etapas del proceso.
Las audiencias se celebrarán semanalmente jueves y viernes, y se estima que el juicio se prolongará por más de un año.
La investigación tuvo inicio en 2013 y en el primer tramo involucra a Rossini, a su hermano Omar y a siete empleadas que trabajaban en Bolsafe Valores y BV Emprendimientos.
Esas personas fueron imputadas por estafar a pequeños y medianos ahorristas para quedarse con sus fondos, agravado a su vez por la inclusión de una maniobra bursátil ilegal y por lavado de activos, detallaron los voceros.
Mario Rossini está acusado en calidad de coautor de los delitos de administración fraudulenta durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2003 hasta finales de diciembre de 2012, y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.
De acuerdo con la acusación, Rossini –en su doble condición de presidente tanto de Bolsafe como de BV Emprendimientos– tenía el deber de velar por la custodia y administración de los valores confiados por sus clientes.
Según la acusación del fiscal federal Suárez Faisal, esta posición le permitió tener un dominio efectivo del conjunto de actividades que integraron la compleja maniobra de desapoderamiento cometida a través de los diversos actos que provocaron finalmente la administración fraudulenta, con el consiguiente perjuicio patrimonial de los intereses confiados por las víctimas.
Las acusaciones y roles
Omar Santos Rossini, hermano del principal acusado, también fue sindicado como coautor del delito de administración fraudulenta por haber sido miembro del directorio y vicepresidente de Bolsafe entre diciembre de 2006 y mayo de 2011.
María Mercedes Leiva, que ocupó ese cargo luego de Rossini, fue señalada como coautora del mismo delito, y también del de captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.
Marisa Laura Valdez, Patricia Lorena Berrino y María Lorena Molinas llegan a juicio acusadas como partícipes primarias de delitos de administración fraudulenta y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva. Todas ellas eran mandatarias de la sociedad de bolsa y estaban habilitadas para actuar en las operaciones del Mercado de Valores del Litoral, lo que necesariamente requiere específicos conocimientos en materia bursátil, en sintonía con las exigencias de idoneidad previstas en el Reglamento Interno del Mercado. Para la Fiscalía, esto les otorgaba el conocimiento de las implicancias que traerían aparejadas las maniobras ejecutadas desde las firmas societarias involucradas.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Daniela Reatti brindó asesoramiento a clientes en la compra y venta de títulos valores y, de acuerdo a su propia declaración indagatoria, era la persona encargada de las transferencias de dinero de estas operaciones.
La contadora pública Carolina Fany Pavarin también prestó servicios de asesoramiento, y, dentro de Bolsafe, tuvo un ámbito de mando respecto a las demás empleadas, según se especifica en un archivo con el reglamento interno de la empresa.
Por último, Miriam Sabella ejercía un rol de productora bursátil con el objetivo comercial de aportar clientes a la firma societaria a cambio de una comisión.
Reatti, Pavarin y Sabella están acusadas también en carácter de partícipes primarias de los mismos delitos que el resto de las personas imputadas.
Las otras etapas del proceso
En una segunda instancia, se investiga la responsabilidad de cuatro empleados de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, entre los que se encuentran dos oficiales de empresas, el gerente de sucursal y el oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, los cuatro acusados facilitaron la estructura financiera del Banco para que Rossini, a través de la firma BV Emprendimientos, llevara a cabo maniobras fraudulentas para adueñarse de los títulos de los pequeños y medianos ahorristas de Bolsafe.
El último tramo de la causa está centrado en la responsabilidad de los funcionarios que al momento de los hechos se desempeñaban en el Mercado de Valores del Litoral, la entidad encargada de fiscalizar la actividad financiera y bursátil de Bolsafe.
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