El expresidente Fernando De la Rúa, varios de sus entonces funcionarios y exsenadores peronistas comenzarán a ser juzgados a partir del próximo martes por los supuestos sobornos pagados en la Cámara alta para lograr la sanción de la ley de reforma laboral en abril de 2000.
Se trata de uno de los juicios más esperados y tal vez uno de los más interesantes junto con el que ya comenzó en esta segunda etapa del año por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y cuyo principal acusado es el histórico sindicalista José Pedraza.
La expectativa del juicio también está dada por los testigos que están citados a declarar, más allá de que muchos lo hagan por escrito y no en persona en la sala SUM ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002: desde la jefa de Estado, Cristina Kirchner, a los ex mandatarios Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Alberto Duhalde, y exvicepresidentes Julio Cobos y Carlos “Chacho” Álvarez, quien renunció a su cargo a raíz de los hechos.
Se trata de un juicio que tendrá una duración aproximada de seis meses, en la que declararán más de 330 testigos en jornadas de dos a tres veces por semana, y que estará a cargo del Tribunal Oral Federal Número 3.
La acusación estará a cargo de la fiscal Sabrina Namer y por la querella intervendrála Oficina Anticorrupción(OA).
Dela Rúano estará solo en el banquillo de los acusados, sino que lo acompañarán su exministro de Trabajo, Alberto Flamarique; su extitular dela SIDE, Fernando de Santibañes, y los exsenadores justicialistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda.
También está como acusado el “arrepentido” Mario Pontaquarto, exsecretario Parlamentario que se encargó de entregar el dinero de los sobornos que dijo haber retirado dela SIDEpor orden del expresidente Dela Rúa.
Los entonces funcionarios están acusados del delito de “cohecho activo”, mientras por la misma figura penal, pero de forma “pasiva” lo están los exsenadores.
La investigación apunta a determinar si desde el Ejecutivo hubo una orden para retirar una suma de cinco millones de pesos en sobornos para entregar a los senadores el 26 de abril de 2000 y así garantizar la aprobación de la cuestionada ley laboral.
El escándalo salió a la luz cuando el actual secretario general dela CGT, Hugo Moyano -también está convocado como testigo para el juicio- aseguró que Flamarique le dijo que la ley iba a ser sancionada por medio de la “Banelco”.
Luego Pontaquarto se autoinculpó y aportó con su testimonio gran parte de la prueba.
Según su versión, el 18 abril y luego de concurrir primero por la mañana donde lo recibió De Santibañes, retiró por la noche del edificio de Inteligencia y de manos de la secretaria del jefe de la cartera, unos cinco millones de pesos.
Unos cuatro millones fueron entregados por Pontaquarto al entonces senador Emilio Cantarero en su departamento, y éste supuestamente los repartió entre Augusto Alasino, Costanzo, Branda y Tell.
El resto del dinero habría sido entregado por Pontaquarto el 26 de abril al radical José Genoud, quien falleció, en tanto que Cantarero quedó fuera del juicio por problemas de salud que le impiden estar en el debate oral.
En la investigación es clave el resultado que arrojan las antenas telefónicas por la ubicación de los involucrados a raíz del uso de celulares.
Entre los testigos previstos para el juicio también se destacan la embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro; el gobernador José Luis Gioja; el senador Carlos Reutemann; el diputado radical Ricardo Gil Lavedra; Jorge Yoma, Rodolfo Terragno; Federico Storani, Rafael Bielsa y el histórico peronista Antonio Cafiero.
Para la primera jornada de este martes, se prevé que se proceda a la lectura del requerimiento de elevación a juicio dela Fiscalía, contra el cual –según fuentes judiciales consultadas por NA- algunas de las defensas interpondrán algún planteo de nulidad.
Según establece el cronograma fijado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, el primero en ser indagado de la lista será Pontaquarto y luego le seguirá Dela Rúa, aunque ambos pueden negarse a declarar o bien hacerlo más adelante, ya que será un juicio con una duración mínima de seis meses.
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