El ex jefe de la Policía provincial Hugo Tognoli se sentó en el banquillo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe en la jornada inicial del primer juicio que deberá enfrentar. Fue ayer, en la capital santafesina, donde Tognoli está acusado de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, con ánimo de lucro y por ser el autor funcionario público”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “partícipe necesario del delito de coacción” contra una mujer que dirige una ONG en Santa Fe.
En el juicio están imputadas otras cuatro personas: dos ex funcionarios de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (el ex subjefe de Inteligencia José Luis Baella y el agente Mauricio Otaduy), Fernando Torres (remisero) y Daniel “Tuerto” Mendoza (presunto narco de la ciudad de Santa Fe). El único que declaró en la primera jornada fue Baella: el ex policía negó cualquier vinculación con el narcotráfico y rechazó la denuncia por coacciones contra Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias de Santa Fe.
En primer lugar, el fiscal Martín Suárez Faisal leyó la acusación contra Tognoli y el resto de los imputados y la elevación a juicio realizada por el fiscal federal Walter Rodríguez. El ex jefe de la Policía –quien tiene otra causa en los Tribunales de Rosario por complicidad con el narcotráfico– se negó a declarar ante el tribunal integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.
El fiscal Suárez Faisal intentará probar que Tognoli, Baella y Mendoza amenazaron a Norma Castaño mediante un video filmado en la puerta de su casa por el ex policía Mauricio Otaduy. En la causa también es investigado el remisero Fernando Torres, detenido en un procedimiento con droga que le habría entregado Mendoza. La imputación principal contra Tognoli y Baella es haber ayudado a Mendoza a eludir investigaciones judiciales entre marzo y agosto de 2011, cuando el primero era jefe de Drogas Peligrosas, y en marzo de 2012, época en la que ya era jefe de la Policía provincial.
En la elevación a juicio de la causa, el fiscal Walter Rodríguez entendió que con ese accionar se frustró una investigación por narcotráfico, delito “del cual tenía cabal conocimiento, con evidente ánimo de lucro y dada su condición”. Pero además Tognoli, Otaduy, Mendoza y Baella están acusados de amenazar a Castaño para “obligarla a desdecirse de denuncias formuladas” contra quien entonces era jefe de la Policía provincial.
Uno de los cinco
De los cinco imputados, sólo Baella hizo uso de la palabra en la primera audiencia (el resto deberá declarar al momento de las testimoniales). El abogado de Baella, Claudio Torres del Sel, explicó que la intención de su defendido fue “aclarar algunas cuestiones apenas empezado el juicio”.
Según su abogado, el testimonio de Baella fue “muy claro”: dejó al descubierto que no tiene “los medios económicos” de alguien vinculado al narcotráfico y especificó: “La fuerza policial es su medio de vida. Es una persona que tiene un vehículo 2007 que no puede retirar porque no tiene los medios económicos, vive en una zona alejada del centro de Coronda, que está pagando con un crédito del Banco Hipotecario”.
Según el abogado, “el encubrimiento no está probado de ninguna manera” y tampoco el vínculo entre Baella y Mendoza. Como prueba, adelantó un informe de Asuntos Internos de la propia Policía. “No hay pruebas que vinculen a Baella con haber cometido encubrimiento o haber incurrido en incumplimiento de sus deberes de funcionario público”, explicó Torres del Sel.
La acusación
La investigación del fiscal Rodríguez apunta a demostrar que Tognoli y Baella protegían a presuntos narcos con el siguiente método: les armaban una causa penal para tener control de qué información ingresaba a la fuerza de seguridad sobre sus actividades. Con el tiempo, esos expedientes judiciales eran archivados. El presunto delito no se cometía sólo para obtener información: el fiscal planteó que hubo “fines de lucro”.
El tercer policía acusado, Mauricio Otaduy, está imputado por haber filmado el video en el que se ve a Norma Castaño –la mujer que denunció a Tognoli– hablando con el “Tuerto” Mendoza, luego detenido por tener una cocina de cocaína en su casa de Colastiné Norte.
Ese video fue utilizado para amenazar a la mujer y obligarla a que retire las acusaciones contra Tognoli.
Andrés Rabinovich, abogado del ex jefe policial, explicó que el delito que se le imputa a su defendido es “coacción agravada”, es decir “ser autor intelectual de esa situación”.
“Esto es lo que tendrá que probar la Fiscalía. A partir de ahí se terminan las especulaciones y comienza a salir a la luz la verdad”.
Hay casi 70 testigos convocados, pero la defensa de Tognoli sólo pidió 25. “No van a hacer falta tantos testigos para que se caiga la acusación. Cuando Norma Castaño declare e ingrese en las contradicciones habituales, la verdad saldrá a la luz y Tognoli quedará desafectado del tema”, vaticinó su abogado.
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