Este miércoles comenzó un juicio oral y público contra ocho personas, cinco de ellas policías, acusadas de integrar dos asociaciones ilícitas relacionadas entre sí que se dedicaban a cometer atracos. Además a los uniformados, especialmente a los de más alto rango en la subcomisaría 26a de Villa Gobernador Gálvez los acusan de haber concretado diversos delitos abusando de su cargo. Los pedidos de pena de la Fiscalía oscilaron entre los 12 y 28 años, mientras que los defensores cuestionaron todo: la evidencia, la calificación, los pedidos de pena -que consideraron irracionales- e hicieron hincapié en un testigo arrepentido, parte de una de las bandas, quien firmó un procedimiento abreviado con una pena de ejecución condicional. Se estima que el debate llevará un mes y medio aproximadamente, tiempo en el que desfilarán más de 200 testigos. El juicio está a cargo de los magistrados Gonzalo López Quintana, Eleonora Verón y Facundo Becerra.
Originalmente los imputados fueron doce; algunos firmaron procedimientos abreviados: el arrepentido a un año y ocho meses condicional; David Berlari, acusado de guardar elementos malhabidos, a tres años de prisión en suspenso y Pedro Leiva a 20 años de cárcel; además de los robos se le sumó un homicidio. A juicio llegaron ocho –cinco de ellos policías– por cuatro hechos de robo, dos en sucursales bancarias. A ello la Fiscalía –a cargo de Viviana O’Connell, Aníbal Vescovo, Karina Bartocci y Sebastián Narvaja– sumó otros delitos cometidos por uniformados.
Asociación ilícita
Para la Fiscalía hay dos bandas delictivas. Por un lado la formada por los uniformados: Carlos Morgan, Maximiliano Maldonado, Fernando Acosta, alias Cachete, y Nora Lucía Rodas. Hacían uso de los conocimientos y posibilidades de tenían por la función que ocupaban, gerenciaban la actividad delictiva dentro de su zona. Entre los delitos detectados Fiscalía detalló: el cobro a delincuentes a cambio de protección, organización de hechos delictivos para los que realizaban en muchos casos inteligencia previa y encubrían posteriormente los atracos. También brindaban protección a vendedores de drogas, hacían arreglos de accidentes de tránsito para estafar aseguradoras y gerenciaban el juego clandestino y la prostitución entre otras actividades. También los familiares de presos pagaban para tratamiento vip, para ingresos irregulares de visitas, hacían desaparecer actuaciones para que Fiscalía no llegara a tener conocimiento de lo que pasaba en la jurisdicción y mantenían la impunidad de delincuentes que estaban en connivencias con ellos.
El jefe de la subcomisaría 26a era Maldonado y el organizador, que hacía las veces de secretario del jefe, era Morgan. Llevaban la contabilidad de lo que recaudaban, dice la acusación. La Fiscalía afirmó que Morgan tenía movimientos de dinero por encima de lo que ganaba legalmente, mientras que Maldonado y su pareja Rodas –con quien tiene un hijo– se estaban haciendo una casa en Santa Fe. El quinto policía es Javier Lanero, acusado en el atraco al banco Credicoop de General Lagos.
La otra banda era la que cometía los robos, explicó. Humberto Ismael Aguirre, alias Viejo, era el jefe de este grupo, mientras que Damián López, apodado Mortero, el organizador. El resto del grupo estaba conformado por Oscar Berlari, alias Chunchi, Pedro “Oreja” Leiva, David Berlari y Miguel Vallejos. Los tres últimos, condenados en abreviados, se encargaban de cometer las entraderas y los escruches. Para ello, utilizaban disfraces para enmascarar sus facciones y se vestían con ropa de policía o de trabajo, según el tipo de robo. Para Fiscalía, López era el nexo con Morgan, con quien tenía una relación personal.
Atracos
El primer hecho tuvo lugar el 13 de mayo de 2015 en General Lagos. Aprovechando que dos policías de la subcomisaría 13a se fueron antes (entre ellos Lanero). Miguel Vallejos llevó en un Chevrolet Corsa a Aguirre, López y un tal Juan (quien no pudo ser identificado) hasta la seccional y coparon la comisaría. Maniataron a la única policía que había quedado, se robaron las armas y Aguirre y López, vestidos como policías, se llevaron el móvil policial. Redujeron al custodio que esperaba la apertura del banco sentado en su auto y entraron a la sede bancaria Berlari, Leiva, Aguirre y López. Bajo amenazas con armas llegaron al tesoro, pero el mecanismo de retardo recién abría una hora más tarde. Optaron por llevarse 140 mil pesos que estaban a mano, cheques, tarjetas de crédito y los celulares de las víctimas.
Para la Fiscalía los ladrones pasaron frente a Lanero, quidn esperaba el colectivo. Dice la acusación que el atraco se produjo con apoyo de los policías, que determinaron hasta el último detalle. Los ladrones, previo al atraco, se encontraron con Morgan y Mandonado. Los uniformados habían ido a la subcomisaría 13a unos días antes y, junto con Lanero, vieron los móviles que funcionaban, trataron de desconectar el GPS y la radio, explicó.
Veinte días después se produjo una entradera en Villa Gobernador Gálvez. Una familia esperaba a invitados para cenar y a medida que llegaban los redujeron. En este hecho participaron Vallejos, que los llevó, Aguirre y otro hombre que firmó un abreviado por este robo. Se llevaron plata y celulares. Dos de los ladrones fueron vistos por la víctima días después y terminan detenidos pero, antes que de que la Policía de Investigaciones hiciera el allanamiento en sus casas estuvo revisando el lugar personal de la subcomisaría 26a. A partir de allí la Fiscalía pidió la intervención de los celulares de los policías y los familiares de los detenidos.
El 5 de agosto de ese año robaron, vestidos con ropa de trabajo, la sucursal Arijón del banco Creedicoop. Llegaron en dos motos, estaban camuflados con pelucas y gorras y tardaron tres minutos en cometer el robo. Se llevaron casi 142 mil pesos y 6.500 dólares. El último robo que les achacan ocurrió el 7 de octubre de 2015. Berlari, Aguirre y López redujeron a dos hombres que estaban sobre una chata frente al ex frigorífico Swift y se llevaron una bolsa con 69 mil pesos destinados a pagar sueldos de una constructora, explicó la Fiscalía.
Delitos policiales
A raíz de las intervenciones telefónicas la Fiscalía tomó conocimiento de otros hechos delictivos vinculados con la administración pública. Cohecho, falsificación de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario, fueron los delitos achacados a Maldonado y Morgan; a este último además lo acusaron de malversación de efectos y amenazas.
Entre estos hechos le reprocharon a Maldonado y Morgans permitir y obligar al personal a su cargo a dejar sin cuidado a los detenidos, quienes circulaban por toda la seccional; incluso salían a la puerta y usaban la cocina y celulares a cambio de una paga.
Según la acusación, Morgan amedrentó, el 6 de octubre de 2015, a un numerario cuando cumplía funciones en la comisaría. “Si yo me llego a enterar que vos parás gente que no tenés que parar o te metés en lugares que no te tenés que meter, yo meto gente a tu casa y hago boleta a tu familia”, le atribuyen haberle dicho. También lo acusaron de derivar parte de los alimentos destinados a la comida de los detenidos y el personal policial. En su casa tenía kilos de yerba, azúcar, fideos marca Qué Rico y arroz marca Sabroso, que sólo se usan a estos fines por el Estado. También tenía una escopeta no registrada cuando le allanaron la casa.
En cuanto a Maldonado, al allanar la dependencia encontraron en un sector armas de fuego, réplicas de ellas y tumberas sin la debida indicación de su procedencia.
El último hecho por el que acusaron a los dos policías ocurrió el 26 de septiembre de 2015, cuando una uniformada que trabajaba en la seccional llamó a Morgan para decirle que vecinos le habían robado las zapatillas al hermano, ella desenfundó su arma y disparó. Hubo una persona que recibió dos balazos. Morgan en la conversación le dice lo que tiene que poner en el acta, le aconseja que escriba que disparó al aire y luego, como la superaban en número, debió disparar. Le dijo que se autolesionara y la mujer se cortó con un cuchillo la panza. La Fiscalía aseguró que esta falsificación de documento se hizo con la anuencia de Maldonado.
Las penas
La Fiscalía pidió penas altas. Para los policías: 28 años para el jefe policial Maldonado y su secretario. Para Lanero, el uniformado que prestaba servicios en la subcomisaría 13a y se fue antes del atraco al banco, 18 años y para Rodas, la pareja de Maldonado, 12 años; además de 16 años para Fernando Acosta, más inhabilitaciones y multas.
Para los acusados de pertenecer a la banda de asaltantes y escruchantes: 25 años a Aguirre, el presunto jefe del grupo, y 23 años para Berlari y López.
A su turno, los defensores coincidieron en sus postulaciones. Pidieron la absolución de sus defendidos y aseguraron que la teoría fiscal está basada en conjeturas e indicios. Cuestionaron mucho el tratamiento de la figura del arrepentido, las penas solicitadas -las que tildaron de exorbitantes e irracionales-, las calificaciones legales elegidas y la falta de detalle de las acciones que presuntamente habrían cometido sus pupilos.
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