Policiales

Gatillo fácil

Comenzó el juicio por la desaparición, tortura y muerte de Franco Casco

Un total de 19 policías santafesinos empezaron a ser juzgados este lunes por el crimen del joven que apareció muerto en el río Paraná tres semanas después de ser detenido ilegalmente en la seccional 7ª . “Que paguen los que tienen que pagar por la tortura y la muerte de mi hijo", dijo su papá Ramón

El juicio por desaparición forzada seguida de torturas y muerte comenzó este lunes.

“Que paguen los que tienen que pagar por la tortura y la muerte de mi hijo”. Esas fueron las palabras de Ramón Casco a siete años de la desaparición forzada de Franco, en la puerta de los Tribunales Federales de Rosario durante la primera jornada del juicio oral contra 19 policías santafesinos procesados en la causa.

El debate se inició durante la mañana de este lunes en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario, en Oroño 940, en cuyas puertas hubo una masiva manifestación que acompañó la jornada con la participación de familiares de la víctima, organizaciones sociales y políticas.

Un total de 19 efectivos de la Policía de Santa Fe comenzaron a ser sometidos a juicio por los delitos de desaparición forzada seguida de tortura y muerte de Franco Casco, el joven de 20 años que arribó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares, y el 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido ilegalmente por efectivos de la comisaría 7ª, el último lugar donde lo vieron con vida hasta el hallazgo de su cadáver tres semanas después, en las aguas del río Paraná.

Según la versión policial, un vecino (quien se encuentra procesado por falso testimonio) llamó al celular del comisario de la seccional 7ª para alertarlo sobre “la actitud sospechosa” de Casco, lo que motivó su detención y posterior traslado a esa comisaría ubicada en Cafferata 342, el último lugar donde lo vieron con vida.

Durante las días siguientes, como Franco no llegó a Buenos Aires su papá Ramón y su mamá Elsa, quien falleció en agosto de 2016, lo buscaron por todo Rosario hasta averiguar que el joven había estado detenido en la comisaría, donde recibieron información confusa que indicaba distintos días y horarios de su ingreso y egreso de la seccional.

El 31 de octubre de 2014, y luego de masivas movilizaciones exigiendo su aparición con vida y 24 días después de su arresto, el cuerpo de Casco fue hallado en el río Paraná.

Con el correr de la investigación se corroboró que Franco había sido aislado en un calabozo con condiciones de encierro ilegítimas denominado “la jaulita”, que otros detenidos describieron como “pequeño, oscuro y mugroso”. Según testimonios de presos que esa noche lo vieron en la seccional y hablaron con él, escucharon sus gritos de tortura una vez que los policías lo aislaron.

Las autopsias establecieron que el joven murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.

La causa contó con numerosos obstáculos desde un comienzo, ya que funcionarios judiciales y políticos descartaron cualquier responsabilidad policial en la muerte del joven sin tomar medidas tendientes a esclarecer el caso. Hasta que la causa pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada seguida de muerte, donde llegaron a imputar a 31 agentes policiales de Santa Fe, de los cuales 19 fueron procesados.

Según la acusación, los policías enfrentan distintos cargos en relación al crimen. El jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez; y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco, están procesados por el delito de “desaparición forzada seguida de muerte y ejercicio de tortura” en perjuicio de Franco.

Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner y Esteban Silva -miembros de la misma seccional-, están acusados de “desaparición forzada seguida de muerte”.

A su vez, Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz, Ramón Juárez, Elisabeth Belkis y Franco Zorzoli se encuentran imputados como “partícipes secundarios” de la desaparición forzada seguida de muerte.

Y dos agentes de Asuntos Internos, Pablo Síscaro y Daniel Escobar, están acusados de “encubrimiento”.

El tribunal a cargo del proceso está integrado por los jueces Omar Paulucci, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, quienes durante varios meses escucharán la declaración de alrededor de 280 testigos.

Durante la primera jornada, los acusados siguieron el desarrollo de la jornada desde una sala contigua, al tiempo que afuera del recinto organizaciones sociales acompañaron el pedido de justicia de la familia Casco.

“Que paguen los que tienen que pagar por la tortura y la muerte de mi hijo”, dijo Ramón en la puerta de los Tribunales Federales donde su reclamo de justicia fue acompañado por la masiva presencia de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos.

Las audiencias continuarán los días 16 y 28 de este mes y los días 8 y 9 de febrero de 2022. Continuarán todos los jueves y viernes posteriores hasta la finalización del juicio.

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