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Caribe al rojo

Colombia se sacude entre manifestaciones y represión, y Naciones Unidas, Europa y EE.UU. piden calma

El despliegue de fuerzas militares y policiales en las principales ciudades del país había dejado un tendal de al menos 18 civiles y un policía muertos. La raíz de la resistencia es un proyecto del gobierno para subir impuestos y pagar deuda: lo retiró, pero siguen las protestas y la militarización


En medio de una escalada que no cesa y que en pocos días dejó un tendal de al menos 18 víctimas fatales por la represión, y de un policía muerto, Colombia se continuaba sacudiendo por protestas en las principales ciudades del país que ponían en jaque al gobierno del conservador Iván Duque. La ola de manifestaciones comenzó hace más de una semana con la presentación de un proyecto de reforma impositiva que hacía caer sobre el grueso de la población un severo ajuste para hacer frente a la deuda externa de la nación caribeña. Aunque el gobierno resolvió primero modificar y por último retirar el proyecto, se convocaron para este miércoles más movilizaciones y huelga, ya en reclamo de mejoras sociales y de juicio y castigo por las violencia ejercida por los uniformados, que dejaron a casi un millar de personas heridas, según cifras confirmadas oficialmente, aunque sectores de la oposición hablan de más víctimas.

“¡Estamos haciendo las cosas bien!”, arengó el jefe del Ejército, mayor Eduardo Zapateiro, a sus tropas, a las que aseguró que respondería por ellas y por las fuerzas policiales y que tenía filmaciones de “cada día” y “cada minuto”, pese a que en las redes sociales se replicaban filmaciones de uniformados en moto que disparaban incluso contra balcones de edificios, mientras arreciaban denuncias de un cerco informativo de los grandes medios del país. “Ante los hechos de violencia en #Colombia, expreso mi rechazo e indignación por el uso desmedido de las fuerzas armadas y públicas para desarticular y reprimir la expresión legítima de los pueblos que se han manifestado contra las medidas adoptadas por su gobierno”, expresó la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien sumó su voz a un cúmulo de advertencias internacionales.

Este martes representantes de la ONU y la Unión Europea condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza contra las protestas en Colombia. “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali”, alertó desde Ginebra, Suiza, la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, quien señaló que según la información que habían recibido, en la tercera ciudad del país la Policía abrió fuego directo contra los manifestantes “matando e hiriendo a varias personas”, y lanzó un llamado a la “calma” antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para el miércoles. “Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”, marcó Hurtado. “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, completó la vocera, recordando que las armas de fuego son “el último recurso” y sólo deben ser empleadas “ante una amenaza inminente de muerte”.

Por su parte, en el mismo sentido se expresó el portavoz de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano: “La UE condena estos hechos de violencia” que afectan “el legítimo derecho a la protesta y a la reunión pacífica, así como a la libertad de expresión”, manifestó, y aseguró que el bloque está “siguiendo de cerca” la situación.

En ese marco, estudiantes, trabajadores, indígenas y otros sectores de la sociedad civil continuaban protagonizando manifestaciones y piquetes en Cali como en la capital, Bogotá; en Medellín y en la caribeña Barranquilla, entre otras de las principales poblaciones del país, que habían precipitado la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, además del retiro del proyecto de reforma tributaria. El ajuste, propuesto como ley de Solidaridad Sostenible, planeaba recaudar unos 6.300 millones de dólares, el equivalente a un 2% del producto bruto del país. Se presentó el pasado 15 de abril, y días después el presidente Duque anunció que se modificaría para buscar una mayor recaudación “sin afectar a la clase media y a los más vulnerables”, para hacer frente a servicios de una deuda de casi 157 mil millones de dólares, equivalente al 51,8 por ciento del producto bruto interno.

 

La enorme resistencia que descerrajó desde el principio fue respondida con la movilización de tropas militares que se sumaron al despliegue de contingentes policiales en las principales ciudades, tal como lo reclamó el ex presidente Álvaro Uribe, impulsor de la llegada de Duque a la Casa de Nariño.

La represión policial se sumó a los estragos por la pandemia de coronavirus, que en Colombia ya dejó más de 75 mil muertos.

En ese marco, el Comité Nacional del Paro –que agrupa a unas 40 organizaciones– convocó a una nueva jornada de protestas para este miércoles y reclamó al gobierno que desmilitarice a las ciudades, castigue a los responsables de agredir a manifestantes, retire un proyecto de ley que pretende reformar la salud y aumente el haber mínimo: “La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, sostuvo la CNP.

En contrapartida, sectores del oficialista Centro Democrático consideraron que el despliegue militar del gobierno era todavía “insuficiente para hacer frente a los disturbios” y pidieron al presidente Duque declarar al país en “conmoción interior”, figura establecida en la Constitución en caso de “una grave perturbación del orden público o institucional”.

En ese marco, las nuevas protestas coincidirán con el despliegue de otros mil efectivos militares, según anunció el gobierno, decisión que alertó hasta a la Casa Blanca: Estados Unidos llamó a las fuerzas armadas y policial es a actuar con “máxima moderación” y al presidente Duque a convocar a un “diálogo político”, para desactivar la situación.

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