Por Alejandro Bercovich / BAE Negocios
El vozarrón de Hugo Chávez resonó en todo el galpón petrolero de Puerto Ordaz, donde más de 300 comensales aguardaban famélicos que terminara de conversar a solas con Néstor Kirchner para empezar a cenar. Corría febrero de 2007. Bajo el calor pegajoso de la ribera del Orinoco, por la tarde, los mandatarios habían firmado acuerdos bilaterales que abrían jugosos negocios para Techint, Pescarmona, Sancor y varias otras grandes compañías criollas. Recién a las once y pico de la noche entraron juntos al galpón. Kirchner iba atrás, sonriendo.
—¡Paolo! ¡Paolo! ¿¡Dónde está Paolo!? —quería saber Chávez.
Cuando por fin lo encontró, lo abrazó y le susurró algo al oído. La relación fluía afectuosa, pese a que ya había pasado más de un año del primer amague del líder caribeño de renacionalizar Sidor (Siderúrgica del Orinoco), la acería que los Rocca controlaban desde la privatización de 1998. Aquella noche, Paolo se deshizo en elogios a la Venezuela bolivariana. En su mesa habló de la oportunidad que representaba el país de América con mayor cantidad de recursos naturales por habitante sin explotar. No sólo quería seguir proveyendo a su petrolera estatal sino también invertir en el Amazonas venezolano para extraer diamantes, oro y coltán. Y se frotaba las manos con un proyecto faraónico: el Gasoducto del Sur, por más de 5.000 millones de dólares, que nunca se construyó.
Al año siguiente, el kirchnerista Roberto Baratta empezó a recolectar paquetes y bolsos con dinero en el cuartel general de Techint, según los cuadernos del chofer Oscar Centeno, cuyo contenido ratificaron en tribunales el director de la firma, Héctor Zabaleta, y su lobbista en jefe, Luis Betnaza. Cansado de negociar con Rocca, que pretendía pagar el mineral de hierro a una minera estatal venezolana a la mitad de precio que el internacional pero venderle a la vez a PDVSA sus tubos sin descuento alguno, Chávez había anunciado la nacionalización de Sidor, por la que Venezuela terminó abonando poco más de 1.900 millones de dólares.
La negociación de aquella indemnización se extendió durante todo 2008 y el trato de Chávez hacia Techint fue mucho más benévolo que hacia la petrolera Exxon Mobil, que cobró la mitad de esa suma a cambio de las áreas petroleras que el bolivariano le exigió devolver en el Orinoco.
Esa exitosa negociación con Chávez es lo que torna menos verosímil la supuesta “extorsión” kirchnerista que denunció como coartada Betnaza en la charla que mantuvo con el fiscal Carlos Stornelli, igual ¿qué compraba Zabaleta con esos bolsos y paquetes que cambiaban de manos en Catalinas según Centeno? ¿El servicio de lobbying del Estado argentino para que la indemnización fuera mayor? Si era así ¿no se trataba de un cohecho clásico en vez de una extorsión? ¿Pudieron hacerse esos pagos sin que lo supiera Rocca?
Dobles varas
Si el juez le cree al gerente marplatense de Techint que lo único que ocurrió fue que lo apretaron y lo deja irse a su casa, como a Ángelo Calcaterra y al histórico gerente de Socma, Javier Sánchez Caballero ¿cómo explicará que no extiende el mismo trato a los demás imputados? ¿Cómo justifica por ejemplo la prisión preventiva de Rodolfo Poblete, la mano derecha del dueño de Emepa, Gabriel Romero, que se negó a declarar hasta que le mostraran las pruebas en su contra?
Más allá de que las notas sobre los cuadernos en La Nación no incluyeran mención a Zabaleta, a Betnaza ni a Techint durante los primeros cuatro días del escándalo ¿cómo explicará Betnaza que Cristina Kirchner haya definido a Techint como “un orgullo para todos los argentinos” en 2008, sonriente al lado de Rocca, si en simultáneo lo extorsionaba? ¿Qué hacía el mismísimo Rocca en la quinta de Olivos en noviembre de 2011, con Cristina, celebrando la compra de la mayoría accionaria de Usiminas, por la que también afrontó denuncias de coimas?
Encuadernados
Los “encuadernados”, como ya llaman en el establishment a quienes inmortalizó Centeno en sus ocho volúmenes, pueden convertirse en la llave para desentrañar prácticas que corroyeron durante décadas la credibilidad de la democracia argentina. Pero no lo harán voluntariamente. La investigación de Bonadio podría dar un gran paso adelante si el magistrado pide al Ejecutivo que le informe si alguno de los imputados que figuran en los cuadernos participó del último blanqueo de capitales. La ley es explícita: no pueden gozar de sus beneficios quienes hayan obtenido el dinero de la comisión de crímenes. Dos libros pueden ayudar a Bonadio a identificar la matriz de corrupción contratista y a completar la ruta del dinero. Uno es El Club K de la Obra Pública, publicado en 2007 por Pablo Abiad. El libro identifica a Marcelo Mindlin como el anfitrión de una reunión, en 2004, donde se habría pactado el reparto entre empresas amigas del Plan Federal de Transporte Eléctrico impulsado por Julio De Vido. El hombre de confianza del kirchnerismo allí era Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, que cayó preso hace diez días.“De ese encuentro fundacional en lo de Mindlin participaron hombres de Techint, Cartellone, Esuco, Roggio, Iecsa y la española Abengoa. Por Skanska dio el presente su gerente comercial, Javier Azcárate”, abunda el libro de Abiad. Por esa oficina de Mindlin también pasó Baratta, según los cuadernos de Centeno, en 2009. Pero el juez y el fiscal no citaron aún a nadie del grupo Pampa.
Con los Kirchner, Marcelo Mindlin se convirtió en un zar de la energía. Con Macri, Mindlin, también blanqueó dinero y bienes en una suma similar a la que habría pagado junto a sus socios de Pampa por Iecsa, la constructora de los Macri. El otro libro que puede ayudar a Bonadio a atar cabos es Restricción Eterna, de Martín Schorr, Andrés Wainer y Alejandro Gaggero. Allí se identifica a los grupos económicos que se mantuvieron en la cúpula empresarial durante el kirchnerismo, a los que se cayeron de ella y a quienes se incorporaron. Entre los que mantuvieron su significación en las ventas figuran Techint, Clarín y Aluar. Los que aumentaron su ponderación son diez grupos, donde sobresalen los vinculados a la construcción y a los servicios públicos. Los conglomerados ODS (Calcaterra), Caputo, José Cartellone e Irsa coparon el rubro construcción. Pampa Holding, Electroingeniería e Indalo lograron expandirse gracias a la política de “argentinización” del sector energético que propició el kirchnerismo. Los dueños de Electroingeniería y de Indalo están presos. Mindlin ni siquiera es investigado.
Hartos
Un grupo de abogados de Wall Street se prepara para iniciar una demanda contra Tenaris y Ternium, cuyos títulos se desplomaron con los cuadernos de Centeno. Eso explica la nueva estampida contra los activos argentinos que volvió a hundir los bonos de la deuda y catalizó otra minicorrida contra el peso. El simulacro de Lava Jato argentino puede espantar a inversores ya hartos de ver pasar la gorra a los gobiernos argentinos. Pero también puede terminar ayudando a Wall Street a alzarse con empresas argentinas a precio de ganga.
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