El Concejo aprobó en la sesión de ayer un proyecto de decreto que encomienda al Ejecutivo municipal dar cumplimiento a la ordenanza que dispone “elaborar la metodología para determinar la tarifa y/o precios máximos para los servicios de guarda de automóviles por hora en las playas de estacionamiento y de cocheras” y aplicar los topes para evitar “abusos” en los valores. “Ante la falta de cocheras, se cobran precios exorbitantes”, sostuvo el concejal Jorge Boasso, autor del proyecto que se trató ayer, y también de la ordenanza original que se votó en 1996 pero nunca se puso en práctica.
Con sólo tres artículos y uno de forma, la ordenanza 6.167 de hace 20 años ratifica, en su primer punto, el carácter de “servicio público impropio” y de “servicio de interés público” el prestado por las playas de estacionamiento ubicadas dentro del triángulo delimitado por avenida Pellegrini, Alvear y el río Paraná. La definición refiere a un servicio prestado por privados pero de acuerdo a disposiciones del Estado, que a su vez ejerce un control más efectivo y profundo que sobre otras actividades del ámbito privado.
El segundo es el que dispone que la Municipalidad debe determinar con un método de cálculo propio “tarifa y/o precios máximos” para la guarda de automóviles en el sector. Y el tercero daba al cuerpo legislativo la potestad de fijar esos valores máximos, en base al cálculo. Pero el Ejecutivo, por entonces al mando de Hermes Binner, observó este último artículo, por lo que la ordenanza entró en vigencia en 1997 con la responsabilidad de calcular los precios máximos y también de hacerlos cumplir.
Pero hasta ahora no se hizo, por lo que el edil radical elaboró el proyecto que reclama al Ejecutivo el cumplimiento de la ordenanza y sugiere “para la realización de los estudios técnicos” suscribir convenios con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR y otros institutos.
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