El vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y hospitales privados de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra, cuestionó la deuda que mantiene el Iapos con los prestadores y el rediseño del modelo asistencial propuesto por la obra social provincial. Según advirtió, los prestadores arrastran deudas desde hace dos años y medio, lo que afecta la sustentabilidad económica de un sector tensionado por los efectos de esta segunda ola de la pandemia de coronavirus.
La modificación del convenio que el Iapos estableció en 1992 con los prestadores privados de salud sigue generando polémica. Las autoridades de la Asociación de Clínicas y Sanatorios denunciaron la situación y advirtieron que la nueva forma de contratación en la obra social más grande de la provincia pondría en riesgo la atención de 165 mil afiliados en todo el territorio santafesino. La preocupación corrió también por cuenta de referentes sindicales y diputados provinciales que pidieron informes al Poder Ejecutivo.
Sánchez Almeyra manifestó su preocupación por el perjuicio económico que trae para las instituciones médicas la deuda que mantiene Iapos, que estimó en 550 millones de pesos. “En este momento, cuando estamos respondiendo a la situación crítica que plantea la pandemia, con un sistema saturado pero que nunca colapsó, el Iapos tiene deudas pendientes por prestaciones efectuadas en el 2018”, una situación que “afecta la sustentabilidad económica” de las instituciones, señaló el empresario.
El rediseño del sistema de atención planteado por Iapos “conspira contra la actual posibilidad de los afiliados a elegir el profesional y el efector de salud dónde atenderse, dificulta que los afiliados cambien de prestador y, sobre todo, que los afiliados de otras localidades se atiendan en prestadores de Rosario. Los cambios de contrato no pueden afectar esos derechos”, consideró Sánchez Almeyra.
Una serie de prestadores de la obra social –entre los que se encuentran los sanatorios Británico, de la Mujer, Norte, Mapaci, Laprida y Parque– firmaron una solicitada titulada “Iapos en la segunda ola de la pandemia”, que cuestiona con dureza el nuevo convenio propuesto desde el instituto. Según advierten, “la conducción del Iapos ha resuelto sustraerse de todas las acciones sanitarias contra el Covid o someter a todo el sistema a un estado deliberativo peligroso”.
Los titulares de clínicas y sanatorios señalan además que los fondos adeudados a los prestadores son “imprescindibles” para ser destinados al pago de médicos y personal asistencial, insumos, elementos de protección personal o el rediseño de las áreas Covid y no Covid, “todos rubros afectados por los incrementos inflacionarios”.
El documento remarca que esos sanatorios sostienen el 70% de las prestaciones en internación y en atención ambulatoria de Rosario y el interior de la provincia, y cuestionan el nuevo modelo de funcionamiento propuesto por el instituto, al que juzgan como “impracticable”.
Pedido de informes
A fines de mayo, el bloque de diputadas y diputados socialistas presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo respecto del decreto que incorporó al presupuesto 2021 de la obra social Iapos un monto de casi 700 millones de pesos excedentes del año anterior.
“Esta cifra nos preocupa, porque significa que, en el actual contexto de pandemia, se dejaron de prestar servicios de salud y medicamentos que en muchos casos son esenciales para la vida de las personas”, advirtieron. La iniciativa se suma al cuestionamiento a las modificaciones que realizó la dirección de Iapos a los convenios con prestadores, principalmente en la ciudad de Rosario, y que según clínicas y sanatorios pone en riesgo la atención de miles de afiliadas y afiliados.
“A lo largo del año pasado la obra social presentó serias irregularidades en la cobertura de prestaciones médicas, las cuales se vieron reflejadas en innumerables reclamos presentados en distintas agencias del Estado ante la negativa del Iapos a cubrir diversas prácticas: estudios médicos, medicamentos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas”, dijeron
“Hablamos de la desprotección a pacientes crónicos, personas con discapacidad, adultos mayores, pacientes oncológicos; miles de casos que quedaron sin respuesta por el cierre de las oficinas descentralizadas del Iapos hacia el interior de los departamentos de la provincia y que en muchos casos debieron ser resueltos por efectores de salud y gobiernos locales”, sostuvo la diputada Rosana Bellatti, autora de la iniciativa.
El decreto 640 rubricado el 18 de mayo refleja que la obra social de la provincia tuvo un superávit de más de 686 millones de pesos en 2020, “algo extraño si se tiene en cuenta el contexto complejo de Covid 19 y los numerosos reclamos formales, incluso medidas de amparo, que han realizado afiliados y afiliadas de toda la provincia. Parece mayor el interés del gobierno de Perotti en ahorrar dinero que en salvar la vida y resguardar la salud de las personas que cuentan con Iapos”, reflexionó Bellatti.
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